domingo, 30 de noviembre de 2014

Valoración del Pleno Ordinario del 27 de noviembre de 2014




Los asuntos a debate, de este del maratoniano pleno ordinario de noviembre, se iniciaron con la propuesta de todos los Grupos Municipales para iniciar expediente de concesión del título de hijos predilectos a los empresarios D. José, D. Tomás y Dña. Juana Fuertes Fernández. Un reconocimiento que constituye la mayor distinción para las personas nacida en Alhama, otorgándoles  el derecho a acompañar a la Corporación en los actos o solemnidades.
La Cuenta General del Ejercicio 2013, constituye el mecanismo de control de la ejecución del presupuesto. Desde IU-Verdes solicitamos diversas aclaraciones sobre la liquidación, las operaciones no presupuestarias de tesorería, los errores en el patrimonio público del suelo, la anulación de obligaciones y derechos reconocidos,   los acontecimientos posteriores al cierre y los reparos de Intervención. Después de manifestar nuestro desacuerdo con el contenido y entendiendo que se debe seguir el cauce legal de rendición de cuentas, nos abstuvimos.
La renovación del Convenio con la Agencia Regional de Recaudación, sobre gestión recaudatoria ejecutiva, de aquellas deudas que quedaban fuera del ámbito municipal, resulta más costosa para este Ayuntamiento, que no tiene alternativa ante una nueva vuelta de tuerca del Gobierno Regional.
En la aprobación definitiva de los Estatutos de la Asociación de Municipios del Antiguo Marquesado de los Velez, no se haya hecho lo más mínimo por subsanar y clarificar los aspectos que señalamos en el pleno de octubre,  lo importante para era la foto.
La Concejalía de Hacienda bonificará por interés social con 150.000 € del Impuesto Municipal de Construcciones Instalaciones y Obras, una instalación totalmente robotizada para el almacenamiento frigorífico de gavetas en ElPozo Alimentación. Nuestra ordenanza contemplan como potestad del Pleno tres tipos de bonificaciones: a construcciones de carácter histórico, artístico o arqueológico que no ha lugar; por el fomento empleo fijo; y a edificaciones declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales.
En IU-Verdes hemos procurado la máxima objetividad. Nos hemos ceñido exclusivamente a la obra en cuestión,  valorando que no se trata de un edificio de utilidad municipal, que no es de utilidad pública -como podría ser la construcción de equipamientos comunitarios o que mejoren el medio ambiente-, y que una bonificación debe ser excepción a la regla muy justificada.
 Con la interpretación que hace el Gobierno Municipal, esgrimiendo razones subjetivas parece que se valoran otras cosas. Con ese criterio, cualquier actuación empresarial, comercial, o con la más mínima incidencia social o económica, en Alhama debe tener esta consideración o se cometerá un agravio comparativo y una injusticia.
 En el nombramientos de concejales para formar parte del Consejo Escolar del Colegio El Azaraque, pusimos de manifiesto que la  LOMCE, con su reforma ha modificado el papel activo de los consejos, relegándolos a uno estrictamente pasivo que se limita a que sean informados y consultados, vaciándolos de competencias de control y gestión.
Pese a considerarla insuficiente, apoyamos la propuesta de la Concejalía de la Mujer de “25 de noviembre, Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres y Niñas. Creemos que es responsabilidad de las instituciones educar en igualdad, en autodeterminación, en la creencia de que hombres y mujeres somos diferentes pero iguales en derecho y deberes.
Con la artimaña para desbaratar la moción de IU-Verdes sobre transparencia, con el único objetivo de que fuese retirada del debate en el pleno, mediante una enmienda conjunta del Partido Popular y Ciudadanos en la que se mete la tijera en todo lo que supone un compromiso para el Gobierno Municipal, se visualizo una esperpéntica situación de burla a los alhameños.
Después de cuatro años, con diversas mociones presentadas por la oposición, PP y CCD sólo ofrece declaraciones de intenciones para aplicar lo que ya está obligado por las leyes de incompatibilidades y transparencia aprobadas en solitario por Rajoy, jefe de un Gobierno que está desacreditado para afrontar medidas contra la corrupción en nuestro país.
Respecto al rechazo de nuestra moción negándose a  articular en los presupuestos municipales 2015 ayudas tributarias a familias con problemas económicos, queda en evidencia este Robin Hood a la inversa en la que se ha convertido el dueto de gobierno alhameño. PP y CCD, concluyeron su actuación plenaria demostrando su escasa visión sobre la negativa repercusión sobre Europa, España, Murcia y nuestro municipio del Tratado de Libre Comercio entre la UE y Estados Unidos, al oponerse también la moción de IU-Verdes contra el mismo.
En Ruegos y preguntas nos interesamos por la tala del Jardín de los Pinos, la piscina cubierta, los problemas con los contenedores, el riego de jardines coincidiendo con horario de entrada al colegio y las medidas que se piensan adoptar en la calle Los Pasos tras el trágico accidente.

Registro Intereses Concejales IU-Verdes Alhama


https://app.box.com/files/0/f/2754019729/Registro_Intereses_Concejales_IU-Verdes

Registro de intereses de los Concejales de IU-Verdes Alhama.

Nota. Por causas ajenas a nuestra voluntad no hemos podido publicar los documentos que faltan. Se publicarán cuando dispongamos de ellos.


Acta Pleno Ordinario de Octubre de 2014

EN MARCHA POR LA DIGNIDAD


Artículo de Damián Rubio publicado en Infolínea

El próximo martes 25 llegará a Alhama la denominada “Marcha por la Dignidad”, encuadrada dentro de un calendario de movilizaciones con este nombre, que se desarrollan en toda la geografía nacional entre los día 22 y 29 de noviembre. En esta última fecha, como conclusión de las citadas marchas,  tendrán lugar en las principales ciudades españolas manifestaciones reivindicando una mayor justicia social.
Por nuestra Región discurrirán dos marchas simultáneas: una, con salida desde Yecla el sábado 22; y otra, que tendrá como punto de partida la ciudad de Lorca, el domingo 23. Ambas confluirán en la manifestación que tendrá lugar en Murcia el sábado 29 de noviembre.
Los trabajadores vuelven a salir a la calle para protestar por la situación de crisis que están viviendo, en la que ellos son los principales perjudicados. Están hartos de sufrir en sus carnes todo el peso de una crisis económica que no han provocado, que se traduce en desempleo – casi 5 millones de parados-; pérdida de vivienda de miles de familias;  exilio de los más jóvenes, que se ven obligados a buscar su primer empleo en el extranjero;  recortes en sanidad, educación, servicios sociales y dependencia, etc. Todo ello con la justificación del pago de una deuda originada por la avaricia de las entidades financieras y los especuladores.
Mientras que los trabajadores vivimos con la “soga al cuello”, los dueños del capital aprovechan la crisis para aumentar su patrimonio y sus beneficios. Siguen recortando derechos laborales, provocando la corrupción de los políticos que se dejan y llevándose el dinero de “vacaciones” a paraísos fiscales. La guinda del pastel nos la quieren poner con la firma de un tratado de libre comercio, entre la Unión Europea y Estados Unidos, para favorecer a las grandes multinacionales.
Con estas Marchas de la Dignidad se pretende hacer visible el drama que viven millones de personas en nuestro país, y que el poder pretende silenciar minimizándolo e ignorándolo.
Me causa verdadera indignación la interpretación que Rajoy hace de esta crisis a su regreso de la Cumbre del G-20, declarando que ha recibido felicitaciones de todos los países participantes, que no tienen ningún escrúpulo al considerar España un ejemplo de superación. A la vez, el propio Presidente del Gobierno, se muestra comprensivo con los que protestamos diciendo que...   “hay gente que tiene que cascar al Gobierno porque forma parte del mundo en el que vivimos”.
No me sorprende que los dueños del capital le den “palmaditas en la espalda” a Rajoy por seguir sus dictados y garantizarles el pago de la deuda, mediante recortes en derechos sociales a todos los trabajadores españoles. Lo que no entendería de ninguna manera es que los afectados nos quedáramos  en casa tan conformes, y “aguantando el chaparrón” en silencio para que su nefasta gestión no le suponga ningún coste político.
Desde aquí, una vez más, quiero invitar a los trabajadores a sumarse a las marchas por la dignidad y a participar en la manifestación que tendrá lugar en Murcia el próximo sábado 29 de noviembre para reivindicar un empleo digno, una renta básica, servicios públicos de calidad, derecho a una vivienda digna y el impago de la deuda.

Damián Rubio es Coordinador de IU-Verdes Alhama

martes, 25 de noviembre de 2014

Por una sociedad libre de violencia de género


Moción: Sobre medidas de ayudas tributarias a familias con problemas económicos.


EL GRUPO MUNICIPAL DE IU-VERDES EN EL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA, PRESENTA, PARA EL PLENO ORDINARIO DEL MES DE NOVIEMBRE, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
La dramática situación social en la que se encuentra el país en general y Alhama en particular, está provocando que muchas familias estén viviendo en una muy difícil situación económica.
Todo ello está derivando en ejecuciones hipotecarias que no paran de aumentar, a consecuencia de las mismas muchas personas pierden su vivienda y posteriormente para mayor escarnio de un sistema cruel y despiadado se les pide que paguen el impuesto de plusvalía por una transmisión no voluntaria al banco que le ha ejecutado.
Además muchas familias han perdido su trabajo y tienen que subsistir en unas condiciones de precariedad absoluta, teniendo que ver como  se les exige el pago de un IBI exactamente igual que cuando su situación económica era mejor.
El panorama como se ve no puede ser más difícil y desolador, es pues, momento de que las administraciones, en este caso el ayuntamiento acudan al auxilio de sus vecinos, que de alguna manera sean sensibles al momento que nos toca vivir y dentro del ámbito de sus competencias aminoren o alivien el sufrimiento de un pueblo que lo está pasando mal, muy mal.
Es por ello que lo que se pretende es aliviar el esfuerzo económico que estos ciudadanos tienen que hacer con el pago de los impuestos municipales, en especial, IBI, plusvalía y la tasa de basura.
Este espíritu de ayuda a los ciudadanos en situaciones difíciles desde el punto de vista económico y humano se ha plasmado recientemente en muchos municipios que han establecido  bonificaciones en IBI y  la exención del pago de plusvalía en casos de ejecuciones hipotecarias, fuera de los casos de dación en pago.
Por todo ello, el grupo Municipal de IU-Verdes, presenta para su aprobación los siguientes ACUERDOS:
1º.- Implementar un sistema que lleve a la compensación integra del impuesto de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana en casos de ejecuciones hipotecarias, fuera de los casos de dación en pago. Siempre que los afectados estén en riesgo de exclusión social o situación de extrema necesidad o pobreza.
2º Establecer un sistema para la concesión de ayudas individuales para el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que contemplen ciertas reducciones a personas en grave situación económica.
Estas medidas buscarán la subvención del 100% del Impuesto de Bienes Inmuebles a las unidades familiares que cuenten con un total de ingresos menor o igual al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Así mismo se subvencionará con un 50% del IBI a las unidades familiares que cuenten con un total de ingresos que se sitúe entre una y dos veces el marcado por el IPREM.
Dichas unidades familiares deberán estar empadronados en el domicilio del municipio de Alhama señalado en la citada solicitud de ayuda, que se ha de corresponder con la vivienda objeto del tributo y no disponer de otras viviendas en propiedad. Además en las medidas se establecerá un valor máximo del valor catastral para ser beneficiario de estas ayudas. Así mismo, se habrá de contar con informe favorable de los servicios sociales municipales.
3º.- Aplicar una subvención del 100% del Impuesto de Bienes Inmuebles a las unidades familiares que otorguen la vivienda como dación en pago hipotecario que no cuenten con otras viviendas de su propiedad y el  total de ingresos sea menor  a dos veces el marcado por el IPREM. En todos los casos el procedimiento será el compensación de deudas
 4º.- Establecer en los Presupuestos Municipales de 2015, una partida presupuestaria para cubrir financieramente estas subvenciones.
 
5º.- Extender los beneficios antes indicados a la tasa de basura.
 
Alhama de Murcia a 14 de Noviembre de 2014
Grupo Municipal de IU-Verdes

Moción: Sobre declarar al Municipio de Alhama opuesto a la aplicación del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP),


EL GRUPO MUNICIPAL DE IU-VERDES EN EL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA, PRESENTA, PARA EL PLENO ORDINARIO DEL MES DE NOVIEMBRE, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
En 2013, la Comisión Europea recibió el mandato de los estados miembros de la Unión Europea (UE) de negociar con los Estados Unidos (EEUU) el Tratado Transatlántico del Comercio y de la Inversión (ATCI, más conocido como TTIP por sus siglas en inglés), también conocido como Acuerdo Trasatlántico de Libre Comercio (TAFTA) presuntamente con el fin de incrementar el comercio entre la UE y EEUU, reduciendo las barreras no arancelarias, con objeto de conseguir crear empleo, crecimiento económico y mejora de la competitividad.
Desde entonces, UE y EEUU están negociando, de espaldas a la ciudadanía y a sus representantes políticos (parlamentos nacionales y europeo) un amplio acuerdo de liberalización de comercio e inversiones, que representa un serio peligro para la democracia y la debida protección  de los derechos laborales, medioambientales y de salud, anteponiendo el interés comercial de los inversores y empresas transnacionales (ETN) al interés general. La información es muy limitada y la práctica de implicar solamente a un número muy pequeño de agentes para seguir las negociaciones es fuertemente criticada por los municipios y las ciudades, ya que el resultado de dichas negociaciones tendrá implicaciones importantes para ellas.
Los gobiernos regionales dentro de la UE tienen el derecho a ser informados sobre la legislación que va a ser acordada a nivel europeo y que les afecta, para que así puedan expresar sus opiniones. Ese derecho no se ha facilitado hasta ahora a las distintas regiones europeas respecto a las negociaciones que se vienen produciendo con relación al TTIP.
EEUU y la UE intentan incluir en el TTIP medidas para la protección de los inversores. En el caso de presentarse conflictos por parte de dicho colectivo con el estado, una Comisión de Arbitraje será quien se encargue de resolverlos, la denominada “Investor-to-State Dispute Settlement” (ISDS). Este órgano tendría competencias para establecer compensaciones económicas de los estados a los inversores siempre que estos demuestren que aquellos aplican ciertas medidas (tales como el aumento en estándares de la protección del medio ambiente) o que reduzcan los beneficios futuros de una compañía. El Estado en este caso puede recurrir  judicialmente la decisión y le pueden dar la razón, pero le va a suponer unos costes procesales muy elevados. Además, las decisiones de los órganos de arbitraje son firmes y no pueden ser apeladas.
Aunque las reglas de organismos similares al ISDS son bastante comunes en los acuerdos de libre comercio entre los EEUU o la UE con los países emergentes con objeto de garantizar cierta previsibilidad de las decisiones legales, éstas no son necesarias en países con sistemas legales y judiciales altamente desarrollados, tales como la Unión Europea y los Estados Unidos.
Así mismo, a la ciudadanía le interesa que los servicios públicos sean eficientes para asegurar una buena calidad de vida. El tratado de Lisboa concede a los Estados Miembros de la UE la competencia para definir y organizar los servicios del interés general. Por lo tanto la terminología del acuerdo tiene que ser la misma de los tratados de la UE, especialmente el Tratado de Lisboa, ya que éste desempeña un papel esencial respecto a los “servicios del interés general”. Por ello resulta inadecuado el término “utilidades públicas”, utilizado en la terminología del acuerdo.
Los servicios públicos continúan evolucionando con los cambios políticos, tecnológicos y sociales. En contraste con ello, los acuerdos comerciales implican a menudo el riesgo de restringir las políticas públicas con “cláusulas freno”, especialmente en el campo de los servicios públicos.
En lo que se refiere a la contratación pública, el objetivo que se pretende con el TTIP es mantener el Acuerdo de Contratación Pública (GPA) de la Organización Mundial del Comercio (WTO) hasta crear un nuevo acuerdo mejorado. El GPA está siendo utilizado por la Comisión de la UE como justificación para reducir las garantías en la ley de la contratación pública.
Cualquier clase de acuerdo, incluyendo la contratación pública debe conducir a aumentar las garantías y no a reducirlas. Ese acuerdo no debe a su vez poner en peligro los aspectos progresivos de la ley de contratación pública de la UE, especialmente los que facilitan el desarrollo regional y local. Estos aspectos son importantes ya que permiten que se realicen las contrataciones públicas teniendo no solo en cuenta el precio sino también otros aspectos como los medioambientales y los sociales.
El TTIP, al perseguir la liberalización total de los servicios públicos y la apertura de  prestación de los mismos a las ETN, así como  a las compras y licitaciones  de bienes y servicios de las Administraciones Públicas, pone en peligro todos los servicios públicos y las compras públicas, en todos los niveles de poder, y compromete la habilidad de los representantes elegidos para administrar libremente sus comunidades locales y promocionar la industria, empleo  e iniciativas locales.
De este modo, las leyes del comercio priman sobre cualquier otra consideración social, e ignoran cualquier legislación continental, nacional, regional o local. Las comunidades locales se encuentran ellas mismas dominadas por ajustes estructurales restrictivos debidos a los acuerdos y las políticas de libre comercio y de protección del inversor. Esta lógica desmantela los servicios públicos y suprime la libertad de los poderes locales para suministrar los servicios públicos y satisfacer las necesidades sociales de sus poblaciones, atendiendo a políticas y planes de desarrollo industrial y de fomento de la industria y empleo locales.
Las ciudades y los municipios europeos reconocen la importancia del comercio de mercancías y de servicios para el bienestar de la ciudadanía. Sin embargo, la competitividad y el desarrollo económico no deberían ser los únicos criterios para determinar los acuerdos comerciales tales como el TTIP. Así mismo, los aspectos ecológicos y sociales tienen que ser considerados en cualquier negociación comercial bilateral. También es importante que se realice un análisis comparativo sobre los costes que se generarían en estos ámbitos con la aplicación del tratado respecto a las supuestas ventajas que reportaría el mismo. Este análisis no sólo debe implicar sus efectos económicos potenciales, sino también los impactos que el TTIP podría tener en ámbitos como el social, el económico, el sanitario, el cultural y el medioambiental, tanto en la UE como en los EEUU.
Las Administraciones Locales:
§  al estar cerca de las necesidades de sus pueblos, tienen el deber de injerencia respecto a lo que trama el TTIP, y un deber de respuesta, si no quieren verse acusadas de no ayudar a la población y al planeta en peligro
§  siendo los canales adecuados para promover los servicios públicos y la industria y empleo locales, se esfuerzan para su promoción como respuesta al interés común
§  están obligadas a resolver los retos sociales, económicos y medioambientales y, consiguientemente, a defender la universalidad de los servicios públicos y la protección de la ciudadanía
Las colectividades locales desean ampliar el debate público y democrático sobre lo que está verdaderamente en juego tras este Acuerdo y la suerte que correrán los servicios y compras  públicos:
§  el comercio y la inversión solamente pueden contribuir al bien común y conducir a intercambios económica y socialmente beneficiosos si respeta las necesidades humanas en todo lugar, y no se basa únicamente en el beneficio de los especuladores financieros y de las empresas multinacionales
§  la eliminación programada y progresiva de los servicios públicos es al mismo tiempo la eliminación programada y progresiva de la solidaridad y la democracia
§  la apertura máxima de los servicios  y las compras públicas a la competencia produce efectos contraproducentes en cuanto a su accesibilidad, su calidad y su coste
§  los derechos sociales son derechos inalienables, por lo que no pueden depender exclusivamente de la lógica del mercado
§  sólo la existencia diversificada de servicios públicos socialmente útiles, permite asegurar una calidad de vida digna para todos y en todas partes, en estrecho nexo con el ejercicio real de la democracia
 §  el control público debe preservarse para garantizar el acceso a los bienes comunes y a la creación de nuevos servicios públicos, así como para favorecer la industria y empleo locales
Por todo ello proponemos la siguiente
 MOCIÓN
1.           Declarar a Alhama de Murcia como Municipio  insumiso y opuesto al TTIP, defendiendo los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social.
2.           Solicitar del Ministerio de Administraciones Públicas del Gobierno de la Nación su apoyo a todas las iniciativas dirigidas a mantener el carácter público de los llamados servicios socialmente útiles.
3.           Solicitar del Ministerio de Economía la suspensión de las negociaciones del TTIP y otros acuerdos comerciales similares, con la finalidad de conseguir:
     que mecanismos como el ISDS no sean incluidos en éste ni ningún otro tratado
     defender la actual política reguladora de la UE y de sus Estados de manera que no se pierdan competencias en materias de legislación social, protección al consumidor y medio ambiente
     que el tratado no se limite a objetivos meramente económicos y se le dé la misma importancia y sean de tratados de igual forma en el acuerdo los objetivos sociales y los ambientales
     que se termine la actual falta de transparencia de las negociaciones, se haga pública toda la información y se abra un debate público en la UE y sus respectivos parlamentos nacionales
     que los servicios públicos y la propiedad intelectual sean excluidos del acuerdo
 Alhama de Murcia a 14 de Noviembre de 2014
Grupo Municipal de IU-Verdes

Moción: Sobre medidas de transparencia en la gestión municipal


 
EL GRUPO MUNICIPAL DE IU-VERDES EN EL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA, PRESENTA, PARA EL PLENO ORDINARIO DEL MES DE NOVIEMBRE, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN LA SIGUIENTE MOCIÓN:

El Ayuntamiento de Alhama, como cualquier otra entidad local, tiene el deber de proporcionar a los ciudadanos la información pública necesaria para que estos conozcan cómo se ejerce la representación otorgada en las urnas, cumpliendo así con el principio de de transparencia en la gestión que debe ser inherente a todo organismo público.
Porque Política es y debe ser la acción por la mejora de la sociedad y las personas, bajo el control y la transparencia en el buen uso del dinero público. En esta difícil situación está en juego la propia esencia del sistema democrático. Ha llegado la hora de pasar de las palabras a los hechos, implementando medidas eficientes. Es indispensable que las personas que nos dedicamos a la Política seamos quienes, en primer lugar, nos comprometamos y demos ejemplo de rechazo y persecución de esta realidad, actuando con transparencia, fortaleciéndole control público, consiguiendo para ello las leyes y las normas necesarias.
La dignificación de la vida política, todo lo relativo a la transparencia, control y responsabilidad en la vida pública, no pueden ser cuestiones ajenas a la vida de la gestión municipal, sino que, por el contrario, debe extremarse el control de la misma y las acciones positivas para lograr este fin.
La corrupción política es una inmoralidad, a veces también una ilegalidad, que está instalada en el sistema económico y político de nuestro país. Actualmente vemos como, a diario, aparecen casos tanto en ayuntamientos como en comunidades autónomas.. Para añadir objetividad basta un ejemplo: Transparencia Internacional España con su ónice de Transparencia de las Comunidades Autónomas nos sitúa a la Región de Murcia en el último lugar de las diecisiete comunidades analizadas.
La corrupción está relacionada con el mal uso del poder político con el fin de conseguir un beneficio o ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada.
Por desgracia muchas veces la corrupción política no está considerada como lo que es, una lacra social, si no que, es considerada ya incluso como algo normal, quizás por haberse dado con demasiada frecuencia, sobre todo en los años de la cultura  política del pelotazo.
Ante un creciente aumento de los casos de corrupción política, en muchos casos ligados a contratos de la administración local, es necesaria una respuesta rápida de los partidos políticos ante las acciones corruptas, que se adopten los mecanismos de investigación y las reformas oportunas.
 La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aprobó por unanimidad un código de buen gobierno local para combatir la corrupción en la Administración Local. Es una declaración de intenciones, en la que, entre otras medidas, figura la recomendación de que alcaldes y concejales rechacen los regalos, mayor control en contratos públicos y subvenciones, y la obligación de informar y mantener reuniones con la oposición.
Posteriormente, el 9 de diciembre de 2013, se aprobó la Ley 19/2013 de Transparencia, que obliga, entre otras administraciones, a los Ayuntamientos a facilitar de manera clara y entendible la información relativa a su funcionamiento, indicando en su Art. 5.4 que la información será publicada en las correspondientes sedes electrónicas y páginas web.
Entre las informaciones a facilitar a  los ciudadanos se encuentran las de información institucional, organizativa y de planificación (Art. 6 de la Ley), información de relevancia jurídica (Art. 7) y la información económica, presupuestaria y estadística (Art. 8).
La Ley establece que como mínimo deberá publicarse, entre otra, la información de todos los contratos licitados, un listado trimestral de los contratos menores, la relación de convenios suscritos, las subvenciones concedidas, los presupuestos, las cuentas anuales y retribuciones de altos cargos.
Si bien se da un plazo de dos años a los Ayuntamientos para adaptarse a la Ley, resulta comprensible e imprescindible que sea necesario comenzar a aplicar las medidas para llegar a cumplir con la Ley antes de sobrepasar el plazo estipulado.
Las diferentes fuerzas políticas ya han expresado que está ley tiene que ser complementada con más actuaciones y más medidas.  En el caso de IU ha presentado en el parlamento 54 medidas contra la corrupción.
Mientras todas estas medidas se ponen en marcha y teniendo en cuenta que en el ámbito municipal, la corrupción tiene una gran incidencia y capacidad de contaminación es necesario garantizar y reforzar el control público y situar la transparencia en la primera línea de la agenda política.
Por todo lo anteriormente expuesto, proponemos la adopción de los siguientes acuerdos:
1º.- El Pleno de la Corporación acuerda implantar medidas de transparencia que permitan a los ciudadanos conocer la gestión del Ayuntamiento de manera clara y entendible
 
2º.- Continuar las iniciativas de potenciación y desarrollo de todos los canales municipales sobre la transparencia, la participación y la información sobre la gestión de los contratos públicos del Ayuntamiento de Alhama, dado que todo se hace con el dinero público del conjunto de la ciudadanía.
 
3º.- El Ayuntamiento de Alhama de Murcia deberá hacer públicas y reflejará en su página web las declaraciones de bienes e intereses de todos sus cargos públicos, así como:
 a) Publicar las retribuciones del alcalde y los concejales.
b) Publicar las retribuciones del personal de confianza del alcalde y equipo de gobierno.
c) Publicar, mensualmente, de forma completa la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento y sus retribuciones salariales.
d) Publicar todos los Decretos de Alcaldía que sean de claro interés general.
e) Publicar las ayudas y/o subvenciones concedidas a ONGs o Asociaciones.
f) Publicar todos los documentos referentes a las cuentas anuales del Ayuntamiento. (Presupuesto, liquidaciones, cuenta General, etc…)
g) Contemplar un espacio reservado, en la página web, para los diferentes Grupos municipales.
 4º.- El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alhama de Murcia deberá de:
 a) Informar sobre la composición, forma de designación y convocatorias de las Mesas de contratación.
b) Publicar las actas de las Mesas de Contratación.
c) Publicar todos los contratos licitados y adjudicados, así como el método seguido.
d) Publicar la lista y la cuantía de las operaciones con los proveedores más importantes del Ayuntamiento.
e) Publicar la lista y la cuantía de operaciones con los adjudicatarios y contratistas más importantes del Ayuntamiento.
f) Publicar las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno.
g) Listado de todos los convenios suscritos y vigentes.
h) Listado trimestral de todos los contratos menores.
 5º.- Establecer un sistema de incompatibilidades de los responsables de contratación, compras y los asesores.
6º.- Establecer un sistema de incompatibilidades de todos los altos cargos del gobierno municipal y de los responsables de contratación o de miembros de asesoría técnica.
7º. El Ayuntamiento de Alhama de Murcia no externalizará servicios salvo aquellos casos en que se justifique debidamente la imposibilidad de prestarlos por propios medios.
 - En cualquier caso, las externalizaciones y los contratos se harán, mediante un proceso abierto.  Igualmente, se disminuirá el umbral para la contracción directa y se darán al Pleno de la Corporación competencias en esta materia así como en la aprobación de facturas y gastos.
 8º- Que las empresas que estén implicadas en casos de corrupción no puedan contratar con la Administración mientras dure la Sentencia correspondiente.
 9º.- Que las empresas no puedan dar dinero a los Partidos ni de forma privada ni pública.
 10º.- Instar al equipo de gobierno a incorporar al Reglamento Orgánico Municipal y normas internas del Ayuntamiento de Alhama un Código de Buen Gobierno Local para combatir la corrupción en la Administración local, tal como propone la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
 - En este código de buen gobierno estará incluida la prohibición de percibir obsequios o invitaciones personales a los cargos públicos o funcionarios municipales y se creará un Registro Público de Obsequios e Invitaciones Institucionales.
 11º.- Mostrar nuestro desprecio y condena hacia todas aquellas personas, entidades, partidos o empresas privadas, que aprovechándose de sus cargos públicos, poder político o económico, o de su cercanía a quienes lo ostentan, información privilegiada, o cualquier otra razón, han llevado o lo están haciendo, prácticas corruptas de aprovechamiento de su situación para lucrarse con el dinero público de los ciudadanos que se encuentran desprotegidos ante ellos.
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Alhama de Murcia a 14 de Noviembre de 2014
Grupo Municipal de IU-Verdes

El Pleno debatirá tres mociones de IU-Verdes en Alhama


El Grupo Municipal de Izquierda Unida-Verdes en el Ayuntamiento de Alhama, ha presentado tres mociones que se debatirán en el pleno ordinario de noviembre en las que solicita medidas de transparencia, que se habiliten en los presupuestos municipales 2015 ayudas a familias con problemas económicos y la declaración del municipio de Alhama opuesto al Tratado Trasatlantico de Libre Comercio.
La moción sobre medidas de transparencia es una reiteración de la presentada en los mismos términos en el  pleno de agosto de 2013, y que fue rechazada por el Gobierno PP-CCD. En la misma, se propone la implantación de medidas que permitan conocer la gestión del Ayuntamiento de manera clara y entendible, potenciar y desarrollar la transparencia y participación en la información  y control del dinero público que se utiliza en contratos, retribuciones, subvenciones o pagos a proveedores. Así como la implantación de un código de buen gobierno local para combatir la corrupción.
Con la moción sobre medidas de ayudas tributarias a familias con problemas económicos se pone de manifiesto la dramática situación social en la que se encuentra el país en general y Alhama en particular, está provocando que muchas familias estén viviendo en una muy difícil situación económica. Con la moción se pretende es aliviar el esfuerzo económico que estos ciudadanos tienen que hacer con el pago de los impuestos municipales, en especial, IBI, plusvalía y la tasa de basura.
En la tercera de las mociones proponemos que el Municipio de Alhama se declare opuesto a la aplicación del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP). Se trata de un acuerdo que la Unión Europea UE y EEUU están negociando, de espaldas a la ciudadanía y a sus representantes políticos, del que se está ofreciendo una información muy limitada, pero cuyo resultado implica importantes repercusiones a todos los niveles. Tanto económicos, sociales. Laborales como medioambientales.
Por ello proponemos desde IU-Verdes que el pleno declare su oposición a este Acuerdo,  solicitando al  Ministerio de Economía la suspensión de las negociaciones del TTIP y otros acuerdos comerciales similares, con la finalidad de defender la actual política reguladora de la UE y de sus Estados de manera que no se pierdan competencias en materias de legislación social, protección al consumidor y medio ambiente, frente a un Tratado que limita a objetivos meramente económicos.
También pedimos que  se termine con la actual falta de transparencia de las negociaciones, se haga pública toda la información y se abra un debate público en la UE y sus respectivos parlamentos nacionales y que  los servicios públicos y la propiedad intelectual sean excluidos del acuerdo.

lunes, 24 de noviembre de 2014

Convocatoria Pleno Ordinario Noviembre 2014


Marcha de la Dignidad desde Lorca



EL EXILIO DE LOS JÓVENES


Artículo de Damián Rubio publicado en Infolínea

Como consecuencia de la crisis económica que venimos sufriendo desde hace varios años, los jóvenes españoles se ven en la obligación de emigrar a otros países en busca de trabajo porque el tejido productivo español no es capaz de generar empleo para ellos.
No se trata de una emigración a la antigua usanza, en la que los obligados a salir eran los trabajadores con menor cualificación profesional, para ir a Francia a hacer la vendimia, trabajar en las fábricas alemanas o en los hoteles suizos. Ahora hablamos de una huída de los jóvenes con titulación superior, que no encuentran ningún tipo de trabajo en nuestro país y tienen que buscarlo en cualquier parte del mundo.
Algunos medios de comunicación indican que desde el inicio de la crisis, con los gobiernos de PP y PSOE, se han visto obligados a emigrar para buscar empleo unos 500.000 jóvenes españoles. Sólo en los dos últimos años la cifra ha alcanzado los 140.000. Los responsables políticos, con su costumbre de no llamar a las cosas por su nombre, restan importancia a esta situación diciendo que no se trata de emigración sino de “movilidad exterior”.
Lo lamentable es que estos jóvenes, en la mayor parte de las ocasiones, no van a desarrollar el trabajo para el cual están cualificados y para el que han invertido gran parte de su juventud, sino que aceptan lo que les sale y, como consecuencia de ello, viven situaciones difíciles y en condiciones muy precarias.
Los motivos que les obligan a hacer las maletas  son el paro y la precariedad laboral. España, con más de 840.000 jóvenes en paro y una tasa que asciende hasta el 53,8 %, se ha convertido en líder de Europa en este aspecto. Esto quiere decir que uno de cada dos jóvenes no encuentra trabajo. Los “privilegiados” que lo encuentran, en su mayoría, tienen que aceptar contratos en prácticas o a tiempo parcial. Sólo una minoría del 7,7 % consigue un contrato indefinido.
Con las condiciones expuestas, difícilmente pueden aspirar a su emancipación, puesto que no tienen estabilidad laboral ni recursos económicos para ello. Como consecuencia, no debe extrañarnos que los que se quedan aquí permanezcan en el seno familiar mucho más allá de los 30 años.
Ya somos conscientes en nuestro país de que la generación mejor preparada de nuestra historia, y en la que más hemos invertido, tiene que buscar empleo fuera de nuestras fronteras. Lo más triste es que muchos de estos jóvenes, si consiguen trabajar en aquello para lo que están preparados, difícilmente regresarán. Esto significaría una “fuga de cerebros” que no deberíamos permitirnos. 
Creo que es el momento de que nuestros gobiernos apuesten definitivamente por la creación de empleo, impulsando la investigación y el desarrollo industrial, apoyando a Pymes y autónomos, favoreciendo el desarrollo rural con ayudas a jóvenes agricultores y ganaderos, o aplicando políticas que fomenten el turismo.
Me parece que el dinero público debe invertirse en desarrollo productivo y no en rescatar entidades financieras privadas, endeudadas por su afán especulador.

Damián Rubio es Coordinador Local de IU-Verdes Alhama