Artículo de Damián Rubio publicado en Infolínea
En diciembre de 2007 se aprobó la
conocida como Ley de Memoria Histórica, con la que se pretendía reconocer los
derechos de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. Sin embargo, el
texto de la misma no dejó satisfechas a las asociaciones que agrupan a las
citadas víctimas, ya que no obliga al
Estado a impulsar medidas que garanticen su derecho a conocer la verdad, a que
se haga justicia y se reparen los daños sufridos.
La Guerra Civil trajo como
consecuencia numerosísimas víctimas entre los contendientes. La victoria del
los sublevados contra el legítimo gobierno republicano propició la implantación
de la dictadura franquista, que durante 40 años se dedicó a homenajear y ensalzar a sus
víctimas, mientras perseguía, represaliaba
y ejecutaba a los contrarios al régimen establecido.
Los vencedores inundaron toda la
geografía nacional con monolitos, placas, denominación de espacios públicos o
monumentos para rendir memoria a sus “héroes y mártires”. Además de conceder
todo tipo de compensaciones morales y económicas a sus familiares. Por otra
parte, los defensores de la legalidad republicana sufrieron las consecuencias
de la derrota: exilio, encarcelamiento, trabajos forzados, torturas y
ejecuciones. Muchos de estos últimos yacen, aún sin identificar, en cunetas o
fosas comunes.
Me parece inexplicable que en
España se sigan manteniendo símbolos que enaltecen a golpistas, que fueron
apoyados por genocidas como Hitler y Mussolini. En Alemania e Italia, hace ya
bastantes años que desaparecieron los motivos alegóricos al nazismo y al
fascismo. La diferencia está en que estos últimos perdieron la Segunda Guerra
Mundial.
Creo que España, después de 37
años de democracia, es un país suficientemente maduro como para abordar, de una
vez por todas, la retirada de la simbología de un régimen fascista y reparar a
las víctimas del mismo. Ya no sirve la excusa de que con el proceso de
reparación se podrían “reabrir heridas”.
Resulta imprescindible retomar el
cumplimiento y desarrollo de la Ley de Memoria Histórica que en la actualidad
está prácticamente derogada, porque desde la victoria del PP en 2011 no se ha
invertido ni un solo céntimo en el desarrollo de la misma, y cualquier
iniciativa de recuperación ha sido boicoteada por el Gobierno Rajoy.
La propia Organización de
Naciones Unidas ha elaborado un informe, en el que concluye que el gobierno
español ha hecho muy poco por reparar las graves violaciones de los derechos
humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. En el
mismo, se señalan aspectos como la existencia de símbolos franquistas, que el
Valle de los Caídos se utilice aún como un lugar de exaltación del franquismo, deficiencias
educativas a la hora de abordar la Guerra Civil, falta de información, acceso
restringido a la documentación, desinterés del Estado por las exhumaciones y
una Ley de Amnistía que entorpece la labor judicial.
Ha llegado el momento de que el
Estado asuma su responsabilidad en el cumplimiento de la Ley de Memoria
Histórica aprobada en nuestro Parlamento, destinando para ello los recursos
necesarios que afronten todos los asuntos a los que se refiere el informe de la
ONU.
Damián Rubio es Coordinador Local de IU-Verdes Alhama
