EL
GRUPO MUNICIPAL DE IU-VERDES EN EL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA, PRESENTA, PARA EL
PLENO ORDINARIO DEL MES DE JUNIO, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN LA SIGUIENTE
MOCION:
Moción: Plan contra la pobreza energética
La
pobreza energética se puede definir como aquella situación que sufre un hogar
incapaz de pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para la
satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar
una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su
vivienda.
La
pobreza energética depende fundamentalmente de tres componentes: los ingresos
familiares, los costes de la energía y la calidad de la vivienda en cuanto a su
eficiencia.
Según
la Encuesta de Presupuestos Familiares —EPF— y la Encuesta de Condiciones de
Vida —ECV—, entorno al 10% de la población española la sufre (4 millones de
personas), y se trata de un fenómeno in crescendo, mientras el desempleo y la
crisis económica merman el poder adquisitivo de la ciudadanía, los servicios
básicos como la electricidad, el gas o el agua, cuyos precios se han encarecido
sin tregua, están acaparando cada vez mayor proporción en el presupuesto
familiar.
La
ECV de 2011 destaca que el 6% de la población no puede mantener su vivienda a
una temperatura adecuada, porcentaje que se sitúa en el 8% el caso de mujeres
que habitan solas. Se trata todavía de un fenómeno invisible tanto por su
carácter doméstico como por su interrelación con otras manifestaciones de la
pobreza y exclusión social. Y pese a la dificultad de cuantificar este fenómeno
ya existen estudios reflejan como la pobreza energética se incrementa en
nuestro país.
El
último informe del Observatorio de Vulnerabilidad de Cruz Roja señala
que cerca del 58% de las personas atendidas por Cruz Roja durante el 2013 tenía
problemas para mantener su casa a una temperatura óptima, un 16% más que en el
2011. Otro dato es que una de cada tres personas atendidas por Cruz Roja
no puede pagar los suministros básicos, como el agua, la luz o el gas.
La
pobreza energética tiene un impacto profundo en la vida de las personas y puede
influenciar en su esperanza de vida y en el agravamiento de enfermedades
crónicas. Se estima que la pobreza energética puede ser responsable de
más de 2.300 muertes prematuras anuales frente a las 1.480
provocadas por accidentes de tráfico. Las consecuencias de la pobreza
energética son múltiples: la falta de calefacción afecta a la higiene, la salud
(dilema «heat or eat», afecciones respiratorias, etc.) y, a menudo, genera
sobre mortalidad y sobreendeudamiento, así como aislamiento social y
geográfico.
La
UE también comparte este diagnóstico y ya en las Directivas 2009/72/CE y
2009/73/CE del mercado interior de electricidad y gas, respectivamente,
plantean exigencias que obligan a los Estados Miembros a adoptar medidas para
abordar el fenómeno de la pobreza energética.
El
Dictamen del CESE —Comité Económico y Social Europeo— de 2011 sobre «La Pobreza
Energética en el contexto de la liberalización de la crisis económica» señala
que la pobreza energética es una nueva prioridad social que necesita apoyo a
todos los niveles y propone que la pobreza energética se tenga en cuenta a la
hora de elaborar cualquier política energética.
Y
en un posterior dictamen de 2013 «Por una acción europea coordinada para
prevenir y combatir la pobreza energética», el mismo CESE —Comité Económico y
Social Europeo—, manifiesta que la energía es un bien común esencial,
debido a su papel indispensable en todas las actividades cotidianas, que
permite a cada ciudadano tener una vida digna, mientras que carecer de él
provoca dramas. Añade que la pobreza energética mata física y socialmente.
El
Estado español es el país de la UE27 con los precios de la electricidad más
caros, después de Malta y Chipre (FACUA 2012). Según datos de Cruz Roja de
2012, en dos años el gas se ha incrementado el 22%, la luz el 34%, el agua el
8,5% y la bombona de butano el 23%. Según Eurostat, desde 2001 a 2012, la
factura de electricidad en España cuesta de media un 105,1% más. Entre 2007 y
2012, un 49% más. Si se cuenta desde 2006 hasta los últimos incrementos, en el
caso del pequeño consumidor la subida es del 88%, lo que, unido a la crisis
económica, agrava la dificultad de afrontar la factura energética de las
personas más vulnerables, haciendo crecer con fuerza la pobreza energética y
los cortes de suministro.
El
Estado español carece de una política específica dirigida a prevenir el
fenómeno de la pobreza energética que sufren cada vez más familias y hogares
para garantizar unos consumos mínimos vitales a todas las familias en función
del número de miembros y de periodos estacionales. El Estado debería mejorar el
actual bono social, para tener en cuenta también las condiciones de la vivienda
y el nivel de ingresos familiares y no solo la potencia contratada o la
situación familiar/laboral. También habría que valorar la posibilidad de
establecer un bono social para el gas butano, como ya hacen otros países.
El
Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen directivas
en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de
comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección
de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores
eléctrico y gasista, hace referencia en su redactado a la pobreza energética,
anuncia el establecimiento de medidas de protección para el consumidor
vulnerable y revierte transitoriamente al bono social eléctrico regulado en el
Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas
medidas en el sector energético y se aprueba el bono social.
La
reforma del mercado energético emprendida por el Gobierno hasta ahora tampoco
establece solución alguna al fenómeno de pobreza energética y el déficit
tarifario amenaza con incrementar todavía más la factura. Los precios suben
debido a la falta de una auténtica reforma eléctrica, y la consecuencia de ello
está recayendo sobre los consumidores y las renovables, sin un diagnóstico
previo.
La
teórica liberalización del sector eléctrico no ha servido para abaratar el
precio del suministro. La cuestión no resuelta del déficit tarifario se está
convirtiendo en la causa principal del incremento de las tasas de pobreza
energética en tanto que se resuelve mediante un incremento de los precios
fijados al consumidor, mientras el Gobierno mira para otro lado.
Existen
experiencias a nivel europeo donde además de ayudas puntuales a colectivos
vulnerables para el pago de facturas o dirigidas al ahorro y eficiencia
energética, aseguran el suministro en momentos críticos, se trata de impedir la
desconexión durante los meses de más frío o a consumidores vulnerables, es
decir aquellas personas que por razones de edad, salud, discapacidad o
inseguridad financiera grave no están en condiciones de garantizar su bienestar
personal y el del resto de miembros de su familia.
Por
todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Verdes de Alhama de Murcia,
presenta al pleno para su debate y aprobación los siguientes
ACUERDOS:
EXIGIR al Gobierno de España la aprobación de una Ley de medidas para prevenir la pobreza energética que regule el sistema de suministros básicos del hogar e incluya mecanismos que prime el ahorro y penalice el consumo ineficiente, garantizando que las tarifas no sean objeto de mercado, estableciendo precios sociales y elementos de fiscalidad energética favorables para las familias con bajos ingresos económicos.
El Ayuntamiento de Alhama de Murcia elaborará un plan contra la pobreza energética, con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía a los suministros básicos del hogar que permita identificar, prevenir y corregir las situaciones detectadas.
Instar al Gobierno de España a modificar la Ley 3//1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido estableciendo un IVA reducido para el precio de gas y la electricidad a nivel doméstico.
Alhama de Murcia a 18 de
agosto de 2016
Fdo: Grupo Municipal de
IU-Verdes
