martes, 1 de julio de 2014

Valoración del pleno ordinario del 26 de junio de 2014


El Pleno aprueba las tres mociones presentadas por IU-Verdes
En el pleno ordinario de junio se fijaron como  fiestas locales del próximo año el 2 de febrero y el 7 de octubre, y el Gobierno Municipal acordó sacar a concurso la concesión durante 20 años, por un  canon anual de 2.815,20 €, una parcela de 14 mil m2  y valorada en 938.000 €, en el Parque Industrial, vinculada a la construcción y explotación de una planta de biogás agroindustrial.
Desde IU-Verdes, planeamos que los pliegos para la concesión limitan excesivamente la concurrencia de licitadores en el concurso público, además manifestamos que diversas cuestiones relacionadas con el proyecto ligado a una sociedad inversora en energía y de carácter medioambiental nos plantean muchas dudas, por lo que votamos en contra.
En IU-Verdes pensamos que es responsabilidad de cualquier país democrático, no solo  utilizar todos los recursos posibles para que la democracia sea efectiva en el propio país, sino que debe velar y contribuir a que esa democracia sea posible allí donde no existe. De eso se trata cuando hablamos de Justicia Universal, de esa responsabilidad. Universal significa de todos, aunque el término parezca que se refiere a una entidad superior que no va con nosotros, significa de todos y cada uno.
Por ello IU-Verdes de Alhama presento una moción que, pese a la abstención del PP, se aprobó por mayoría absoluta dirigirse al Gobierno de la Nación y al Ministerio de Justicia instando a la derogación de la ley que regula la supresión de la llamada Justicia Universal que impediría a la justicia española investigar y perseguir crímenes de cualquier tipo fuera de nuestras fronteras.
También se aprobó, en este caso por unanimidad, la moción de IU-Verdes instando al Gobierno Central a la retirada del anteproyecto de ley del Ministerio de Justicia que prevé la privatización del Registro Civil e impulsará la desaparición de los juzgados de paz.
La moción sobre  el conocido como “céntimo sanitario” obtuvo el respaldo unánime de todos los Grupos. Un impuesto que ha recaído sobre el consumidor y que se aplicaba a los hidrocarburos,  como gasolinas o gasóleo, utilizados como carburante. Pero que, el pasado 27 de febrero, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que el céntimo sanitario recaudado en España “vulnera” o "es contrario" al derecho comunitario. Por ello, se acordó solicitar la devolución de los importes pagados por el Ayuntamiento y que desde la Concejalía de Consumo se informe y asesore a los Alhameños y a las empresas, sobre el procedimiento a seguir para reclamar la devolución del céntimo sanitario, abonado indebidamente, mediante la vía administrativa.
En el apartado de ruegos y preguntas,  nos interesamos por la aplicación en nuestra localidad de la nueva Ley de Telecomunicaciones que permitirá a las compañías telefónicas instalar antenas de telefonía móvil en cualquier azotea sin que ni la comunidad de vecinos ni el ayuntamiento pueda hacer nada al respecto.
Sobre el proyecto de Premursa encabezado por Samper, que incluye un parque de la Paramount, preguntamos al Alcalde, ¿Qué tipo de proyecto es este que ha pasado de necesitar una financiación de 1.000 millones de euros a conformarse sólo con 200 millones? ¿Donde están los inversores? ¿La posible financiación con Fondos Europeos? o ¿Qué hay de verdad en todo lo que nos han contado?
También preguntamos por el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno por el que se desmantela el BiciAlhama y se sacará a subasta pública las bases de estacionamiento de este servicio.

viernes, 27 de junio de 2014

TODO ATADO Y BIEN ATADO


foto del nuevo rey en el salón de plenos del Ayuntamiento de Alhama

artículo de Damián Rubio para Línea Local

Cuando escribo este artículo, faltan sólo dos días para la proclamación de Felipe VI como nuevo Rey de España. El acto, según lo previsto, habrá tenido lugar el jueves 19 de junio en las Cortes Generales. La toma de posesión se produce después de la abdicación de Juan Carlos I y de la ratificación del Parlamento, a través de una ley orgánica aprobada por el 85 % de los diputados y ratificada por el 90 % de los senadores.
Mi primera conclusión es que los resultados indicados no representan fielmente el sentir de los españoles en relación a la continuidad o no de la Monarquía. Queda claro que  buena parte de los parlamentarios no representan a quienes le han votado, puesto que muchos de ellos han sido “rehenes” de la disciplina de voto impuesta por su partido.
Creo que si a la sociedad española se le permitiera elegir libremente, en referéndum, la forma de Gobierno entre monarquía o república, los resultados serían muy distintos. No se trata de cambiar sólo la forma de elegir la Jefatura del Estado, sino de optar por un sistema de gobierno más participativo y democrático. No es cuestión de cambiar únicamente terminologías o personas, sino la manera de gobernar.
La proclamación de Felipe VI coloca al Juan Carlos I en una situación no contemplada hasta el día de hoy: deja de ser rey y no ostenta ningún cargo representativo. En teoría, es un ciudadano privilegiado que vivirá en un palacio a costa del erario público, como miembro de la nueva Familia Real y al que, además, se pretende dotar de un aforamiento especial ante los tribunales de justicia. Sus funciones son una incógnita, ya que dependerán de lo que determine el nuevo Rey, sin que esto este contemplado en ningún ordenamiento legal.
La nueva situación nos descubre que un rey tiene privilegios durante su reinado y también después del mismo, aunque haya abdicado por voluntad propia. Ya sabíamos que el cargo de rey es hereditario, lo que desconocíamos es que después de dejar la Corona se tuviesen que elaborar normas exprofeso para “mantener a salvo” al monarca saliente.
Lo anteriormente expuesto no hacer más que reafirmar mi opinión, expresada en esta misma columna hace un par de semanas: “el Monarca pretende salvar los muebles antes de que el descrédito de la Corona sea mayor, que las Cortes tengan una composición poco propicia para las maniobras sucesorias y  se complique la cesión de la jefatura del estado a su heredero”.
Todo este asunto de la abdicación de Juan Carlos I y proclamación de Felipe VI no es flor de un día, se ha cocinado a fuego lento en los salones de Palacio. Hasta que el Rey no ha tenido la absoluta seguridad de que tendría el apoyo incondicional del bipartidismo (PPSOE) y de los poderes económicos de este país, “no ha movido ni un tirante”. Los ciudadanos no contamos para nada.
Desde distintas instancias del PP, se ha hecho un llamamiento a los madrileños a llenar la ciudad de banderas nacionales para testimoniar en nombre de toda España el pleno respaldo a los nuevos Reyes, como prueba de patriotismo. Creo que la respuesta a esta llamada va a depender mucho del resultado de “la Roja” frente a Chile, en el partido mundialista de la noche anterior.

Damián Rubio es Coordinador Local de IU-Alhama

jueves, 19 de junio de 2014

Moción: Sobre el reintegro de los importes pagados a consecuencia del céntimo Sanitario.


EL GRUPO MUNICIPAL DE IU-VERDES EN EL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA, PRESENTA, PARA EL PLENO ORDINARIO DEL MES DE JUNIO, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Moción: Sobre el reintegro de los importes pagados a consecuencia del céntimo Sanitario.

El Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH), o más comúnmente conocido como "céntimo sanitario" entró en vigor el 1 de enero de 2002, después de establecerse por Ley estatal en 2001 y su objetivo era el de "solucionar los problemas de liquidez de la sanidad pública". Tenía una parte estatal obligatoria y la posibilidad de añadir otro tramo voluntario autonómico, que aplicó la Comunidad de Murcia. Se trata de un impuesto que ha recaído sobre el consumidor y que se aplicaba a los hidrocarburos, como gasolinas, gasóleo, fuelóleo y queroseno (no utilizado como combustible de calefacción), los hidrocarburos líquidos que se utilicen como combustible de calefacción y los que, con excepción del gas natural, metano, gas licuado del petróleo y demás productos gaseosos equivalentes, se destinen a ser utilizados como carburante, como aditivos para carburante o para aumentar el volumen final de un carburante.
Desde el 1 de enero de 2013 y con el objetivo de corregir las deficiencias investigadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), este impuesto quedó corregido e integrado en el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) y comenzó a liquidarse como parte de los Presupuestos Generales del Estado.
Sin embargo, el pasado 27 de febrero, este Tribunal dictaminó que el céntimo sanitario recaudado en España “vulnera” o "es contrario" al derecho comunitario, afirmando que se aplica sobre los carburantes y que no respeta la directiva sobre los impuestos especiales, que obliga a que el objetivo del impuesto no sea exclusivamente presupuestario. Murcia se encuentra, junto a otras ocho comunidades, entre las autonomías que aplican el valor máximo de este gravamen, de 4,8 céntimos.
Tanto, vecinos particulares como empresas de nuestro municipio, así como el propio Ayuntamiento, han pagado durante los años que ha estado implantado, lo que ahora debería ser restituido por la Comunidad de Murcia y/o Administración General del Estado. Según la Ley Tributaria, se establece que el derecho a pedir el reembolso de un impuesto cobrado indebidamente prescribe a los cuatro años, por lo que, en principio, sólo podrán hacerlo de lo efectivamente ingresado entre marzo de 2010 y diciembre de 2012.
Desde el colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) se recuerda que exigir la devolución de lo pagado injustamente, obliga a cada uno de los contribuyentes a presentar todas las facturas que haya recopilado a la Agencia Tributaria de la comunidad en la que pagó el impuesto y solicitar la devolución de ingresos indebidos, tipificada en la normativa fiscal.
No podemos precisar lo que nuestro Ayuntamiento podría recuperar, pero podría suponer un elevado tanto económico, que volverían a las arcas municipales y por ende a las vecinas y vecinos de Alhama. No reclamar este impuesto cobrado injustamente, sería regalar el dinero de los contribuyentes Alhameños.
Por otra parte, cabe la posibilidad de reclamar al Estado y a la Comunidad la devolución de todo el período en vigor a partir de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento Común, que regula la responsabilidad patrimonial de las  Administraciones públicas y la obligación de éstas de reparar el daño causado por mal funcionamiento, siempre y cuando se haga dentro del primer año a contar desde la sentencia del Tribunal de Justicia.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de  IZQUIERDA UNIDA- VERDES  presenta al Pleno la siguiente
MOCION:
1.- Que los servicios técnicos municipales (Hacienda) realicen los informes pertinentes para determinar la cantidad  total recuperable del cobro indebido del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. Así mismo que los servicios jurídicos realicen los informes necesarios sobre el procedimiento adecuado para reclamar la devolución de los importes pagados por el Ayuntamiento de Alhama de dicho impuesto (IVMDH).
2.- Solicitar la devolución de los importes pagados por el Ayuntamiento de Alhama en concepto de Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos a las administraciones correspondientes.

3.- Destinar los recursos económicos recuperados íntegramente a política social, empleo y restitución de los 11.000.000 € malgastados en gasto corriente.
4.- Que desde la Concejalía de Consumo se informe y asesore a los Alhameños y a las empresas, sobre el procedimiento a seguir para reclamar la devolución del céntimo sanitario, abonado indebidamente, mediante la vía administrativa.


Alhama de Murcia a 13 de Agosto de 2013


Grupo Municipal de IU-Verdes

Moción: Sobre LA LEY DE JUSTICIA UNIVERSAL.


EL GRUPO MUNICIPAL DE IU-VERDES EN EL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA, PRESENTA, PARA EL PLENO ORDINARIO DEL MES DE JUNIO, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Moción: Sobre LA LEY DE JUSTICIA UNIVERSAL.

 La Abogacía española ha emitido un duro comunicado contra la decisión del Congreso de aprobar una proposición de ley que limita la extensión de la jurisdicción de España fuera de sus fronteras, la conocida como justicia universal.

Diferentes organizaciones también se han  sumado a la critica de la reforma que limita a los tribunales españoles para investigar y enjuiciar crímenes de derecho internacional como genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra  la humanidad, desaparición forzada y tortura, crímenes que independientemente donde se cometan tenían la posibilidad de ser perseguidos y castigados.

Con la aprobación de esta tramitación, España reduce su compromiso internacional y su lucha contra los crímenes sancionados por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, dejando sin efecto casos ya abiertos en la Audiencia Nacional.

La primera reforma de esta legislación llevada a cabo en 2009 con el acuerdo de PSOE, entonces en el Gobierno y el PP, ya supuso un recorte  al principio de universalidad de la jurisdicción en diversas materias.

Es curioso que mientras se alienta por un lado la creación de una economía cada vez más globalizada,  se pretenda limitar la Justicia, y la posibilidad de perseguir crímenes y genocidios circunscribiendo el  ámbito de actuación de la misma al estricto lugar  donde se producen los hechos, sin sopesar ni querer comprender que en la mayoría de los casos las víctimas son incapaces de hacer valer sus derechos mas elementales en sus propios países opresores.

El mercadeo con la Justicia del Gobierno de España aceptando chantajes económicos para no investigar genocidios como el sucedido en el Tibet, o Guatemala o los crímenes de guerra en Gaza, desaparecidos y encarcelados del pueblo saharaui, o de ciudadanos españoles como el caso Couso etc, demuestra que clase de sociedad estamos creando, que clase de sociedad dejaremos a

nuestros hijos e hijas. Una sociedad donde parece normal que los derechos humanos claudiquen ante el poder económico, y sirvan para negociar como si de mercancía se tratara.
  
               POR ESTAS RAZONES, SOLICITAMOS A LA CORPORACIÓN

              MUNICIPAL QUE ADOPTE EL SIGUIENTE ACUERDO:

 1.-Dirigirse al Gobierno de la Nación y al Ministerio de Justicia instando a la derogación de la ley que regula la supresión de la llamada JUSTICIA UNIVERSAL que impediría a la justicia española investigar y perseguir crímenes de cualquier tipo fuera de nuestras fronteras.


En Alhama de Murcia a 13 de Junio de 2014

 GRUPO MUNICIPAL DE IU-VERDES

MOCION CONTRA LA PRIVATIZACION DEL REGISTRO CIVIL.



El Grupo Municipal de  IU- Verdes en el Ayuntamiento de Alhama  de Murcia, presenta para su debate y aprobación la siguiente MOCION CONTRA LA PRIVATIZACION DEL REGISTRO CIVIL.                                     

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Registro Civil se creó en el año 1870 como consecuencia de la revolución de 1868 que trajo la I República con su laicismo, separando la Iglesia del Estado, hasta entonces era sólo la Iglesia quien inscribía los nacimientos.
El Gobierno español, y en concreto su ministro de Justicia, está tramitando un anteproyecto de ley para privatizar el Registro Civil, y traspasar esta competencia a los registradores de la propiedad. Hay que recordar que los registradores han visto disminuir sus ingresos con el fin de la burbuja inmobiliaria, y que el propio Mariano Rajoy es registrador de la propiedad en excedencia.
Las administraciones públicas, central y autonómicas han invertido en los últimos años cientos de millones de euros para informatizar el Registro Civil, dinero que será regalado o dilapidado con esta privatización. 
Esta privatización supondrá para la ciudadanía graves perjuicios:
- Tendrán que pagar por servicios que hasta la fecha eran gratuitos: inscripciones de bodas, nacimientos, defunciones,…etc. Se crea un nuevo copago o repago.
- Tendrán que desplazarse para obtener un servicio que hasta ahora se prestaba en su municipio. En la mayoría de municipios no existe Registro de la Propiedad, y habrá que desplazarse a aquel municipio que lo tenga para poder realizar trámites imprescindibles para la vida de cualquiera. Además esta privatización supondrá la desaparición de la inmensa mayoría de los juzgados de paz, al privárseles de su principal función, con la consiguiente pérdida de empleo público y de servicios de cercanía. 
Por lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, adopta los siguientes acuerdos: 
1. El Ayuntamiento de Alhama de Murcia manifiesta la necesidad de que el Registro Civil se mantenga tal y como está en la actualidad prestando un servicio gratuito y público a la ciudadanía. 

2. El Ayuntamiento de Alhama de Murcia apoya y valora la necesidad de que los juzgados de paz continúen prestando sus servicios de forma directa, sin ver disminuidos sus recursos y competencias, e insta a la sociedad y al Gobierno Regional a la defensa del Registro Civil como servicio público y gratuito, que asegure la agilidad y facilitación de los trámites que debe realizar la ciudadanía, asumiendo las competencias de carácter ejecutivo que corresponden a las CCAA en esta materia de conformidad con lo previsto en la Ley 20/2011, de Registro Civil.

3. El Ayuntamiento de Alhama de Murcia insta al Gobierno Central a la retirada del anteproyecto de ley del Ministerio de Justicia que prevé la privatización del Registro Civil e impulsará la desaparición de los juzgados de paz 

4.- Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno Central, a los diferentes Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, al Gobierno Regional y a los/as trabajadores/as del Registro Civil del Municipio. 

Alhama de Murcia, 15 de junio de 2014.

Grupo Municipal IU-Verdes



miércoles, 18 de junio de 2014

Concentración por un referendum monarquía-república



La Marea Tricolor de Murcia, formada por distintos partidos, organizaciones y colectivos de sensibilidad republicana, convoca una concentración el día 19 a las 20:00 h en la Glorieta de España (Plaza del Ayuntamiento) para pedir un referéndum sobre monarquía o república y la apertura de un nuevo proceso constituyente.

La Marea Tricolor convoca una concentración el día 19 a las 20:00 en la Plaza del Ayuntamiento en respuesta a la proclamación de Felipe VI. Se concentrará, por dignidad democrática, para pedir que no se vuelva a robar a la ciudadanía el derecho a decidir sobre el modelo de Estado que desea. Esta posibilidad ya se nos hurtó en 1978 mediante un referéndum en el que el pueblo español tuvo que decidir entre la Constitución monárquica o la nada. Sobre esa nada sobrevolaba la barbarie del franquismo y no quedó otra opción que votar sí a la monarquía. Por lo tanto, dado que la opción de los ciudadanos por la monarquía se produjo en condiciones de excepcionalidad, no reconocemos su legitimidad democrática.

Por ello, la Marea Tricolor se concentrará el día 19 para volver a reclamar el derecho de la ciudadanía a decidir sobre el modelo de Estado que desea. Se reivindica con ello, no sólo un referéndum, sino la posibilidad de la apertura de un nuevo proceso constituyente que rompa con la Constitución de 1978.

La Marea Tricolor defiende que el régimen instaurado por la Constitución de 1978 está atravesando la mayor crisis de legitimidad de su historia y que, por tanto, es el momento adecuado para la apertura de un nuevo proceso constituyente. La abdicación de Juan Carlos I ha sido el catalizador de las protestas contra la monarquía. Sin embargo, la crisis de legitimidad de las instituciones viene de atrás y es mucho más profunda. Los sucesivos gobiernos del bipartidismo han convertido la Constitución de 1978 en papel mojado. La modificación del artículo 135 de la Constitución pactada por PSOE y PP han convertido todos los derechos sociales en una pura nada. Cuando 2 millones de personas van a Madrid a pedir “¡Pan, trabajo y techo!”, es porque nuestro modelo institucional está en crisis y se ha vuelto incapaz de garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Por ello, cuando desde la Marea Tricolor pedimos república, estamos pidiendo más democracia y más justicia social. No sólo se trata de acabar con los privilegios feudales de la sucesión hereditaria de la Jefatura del Estado, sino de progresar hacia un nuevo modelo de Estado que garantice el ejercicio efectivo de la ciudadanía y la participación de los ciudadanos en las decisiones políticas. Si el régimen monárquico de la Constitución de 1978 está al servicio de los intereses de la banca y la gran empresa, pedir república significa pedir un nuevo modelo institucional que esté al servicio de la ciudadanía y garantice sus derechos básicos.

IU pide la dimisión de la Secretaria de Estado de Educación



El Área de Educación de IU pide la dimisión de Montserrat Gomendio, actual Secretaria de Estado de Educación, ante su irresponsabilidad manifiesta al frente de un Ministerio de Educación que debería defender y mejorar lo público, en vez de convertirlo en negocio para la banca.
Las declaraciones de Montserrat Gomendio planteando que la universidad debe “evolucionar” de un sistema de becas hacia otro de préstamos, nos encamina a la creación de una nueva burbuja hipotecaria a costa de los estudiantes universitarios. Detrás de esta propuesta lo que hay es una forma de avanzar hacia la privatización y defender unos determinados intereses que ya no son los públicos. Se está así creando una generación que serán “esclavos y esclavas de sus deudas” hasta su jubilación. Cuando estalle esa burbuja, quienes perderán no serán los banqueros que prestaron, sino los estudiantes que pidieron.
EEUU ya ha generado esa burbuja con los créditos universitarios de estudiantes que se entramparon para pagar la matrícula y que en medio de la crisis ni trabajan ni pueden devolver los préstamos que les tiene endeudados con intereses exorbitantes. En la actualidad, el 71 % de los estudiantes que obtienen un título de posgrado cargan con una deuda media de 29.400 dólares al acabar sus estudios. Cuando empiezan su carrera profesional deben empezar también a devolver esos créditos. Así que muchos universitarios y universitarias se ven obligados a aceptar cualquier empleo para poder devolver sus préstamos. En España, con el actual índice de paro, sería una auténtica hipoteca de por vida, que condicionaría a la pobreza y la miseria a las tituladas universitarias más aún de lo que están actualmente.
Con ese precedente, sustituir en España las ya exiguas e insuficientes becas por préstamos no sólo es una barbaridad, sino que es una forma de entrampar e hipotecar de por vida a quienes quieran acceder a estudios superiores. Por el contrario, Izquierda Unida exige que las becas se aumenten, se generalicen las becas salarios y desaparezca el aumento de los requisitos académicos para obtenerlas (debe ser suficiente un rendimiento "normal", expresado en el aprobado), pues su finalidad no es competir, sino facilitar el derecho a estudiar.
La deuda se quiere convertir así en un elemento central de la condición estudiantil en la actualidad, basada en la conjunción de la troika recortes-tasas-deuda. Una deuda que disciplina a los estudiantes de forma preventiva. No sólo les disuade de especializarse en algo que reduzca su posible “empleabilidad” futura, sino que les introduce en el “habitus capitalista” de considerar la enseñanza superior, no como un derecho universal, sino como una inversión rentable de cara a su propio futuro.
Izquierda Unida defiende una Universidad gratuita financiada con una recaudación de impuestos progresivos y la recuperación de la bolsa de fraude. Los servicios públicos, como la educación superior, sólo son accesibles en igualdad de condiciones si son universales y gratuitos. La inversión pública en el sistema universitario español se sitúa a la cola de los países de la UE-15. El Estado español sólo dedica el 1,1% del PIB a la educación universitaria, mientras que países como Estados Unidos alcanzan el 3% de su PIB y la media de la UE-15 sobrepasa el 2%. En vez de esto, los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP han ido aplicando políticas de financiación de la universidad por vía del incremento de las tasas a los estudiantes que han podido acceder a este derecho público.