MOCIÓN PARA LA
DEFENSA DE UNA URGENTE REFORMA DE LA FINANCIACIÓN LOCAL
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde hace más de 35 años los ayuntamientos del Estado español han venido reclamando una solución justa en materia de financiación, que se ha ido demorando de un modo inexplicable en el tiempo. Desde el inicio de la democracia en nuestro país todas las fuerzas políticas han incluido entre sus ejes programáticos y compromisos electorales mejorar la financiación municipal.
Ni los gobiernos del
PP ni los del PSOE resolvieron jamás el problema de la financiación local.
Especialmente en el último mandato de gobiernos del PP, cuando una serie de
medidas austericidas de los sucesivos ejecutivos de Mariano Rajoy cronificaron
la situación al aumentar la asfixia económica de los ayuntamientos y
comunidades autónomas y el adelgazamiento de lo público.
La llegada del actual
Gobierno de Coalición, junto con los acuerdos del Programa de Gobierno
análogos, constituyen una oportunidad histórica para abordar plenamente las
reformas que reclaman las entidades locales. En el acuerdo se cita textualmente
que el Gobierno de coalición ‘ampliará
las competencias y capacidades de los gobiernos locales, garantizando el
respecto de la autonomía local y fortaleciendo el papel de los municipios como
unidad territorial básica. En esta misma línea, derogaremos la Ley 27/2013 de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local del PP, aprobando
una nueva normativa que conceda a los municipios la capacidad de percibir unos
tributos propios mínimos (sin perjuicio de otros que puedan ser reconocidos por
la legislación estatal y autonómica) y de disponer de los recursos derivados de
la participación en los ingresos del Estado’. Esta cuestión debe ser
prioritaria, por tanto, para el Gobierno de coalición.
Y, especialmente, por
el trascendental papel que han jugado los ayuntamientos en la contención
socioeconómica de los efectos causados por la crisis sanitaria del COVID, con
un esfuerzo inversor importante, asumiendo competencias impropias y realizando
esfuerzos encomiables para ampliar el escudo social para proteger a las
familias, bonificar en tasas a la hostelería y al comercio local, o garantizar
servicios sociales básicos.
Ya antes de la
pandemia los gobiernos locales eran los entes políticos que prestaban y prestan
servicios públicos esenciales desde la proximidad, amparados en el principio
constitucional de autonomía. Como tales, requieren de un sistema de
financiación estable que garantice la cobertura de las necesidades básicas de
los ciudadanos en el marco de sus competencias al menos al mismo nivel que el
resto de los gobiernos territoriales.
El sistema de
financiación local debe combinar la presencia de un espacio fiscal propio que
incluya impuestos (propios y compartidos), tasas, precios públicos y, en su
caso, contribuciones especiales, que permita a los gobiernos locales ejercer su
autonomía y corresponsabilidad fiscal, con un conjunto de transferencias
incondicionales (procedentes tanto de la Administración Central como de las
Administraciones Autonómicas) que cubran la brecha existente entre las
necesidades de gasto estimadas con base a las competencias asumidas y a la
capacidad fiscal propia que emana de las bases tributarias disponibles.
La Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) siempre ha planteado como prioridad
resolver el marco competencial y de financiación de los ayuntamientos. Ejemplo
de ello son la declaración y resoluciones, tanto las aprobadas en el XII
Pleno de la FEMP ‘Compromiso con la financiación local’ -donde se hace un llamamiento público
para impulsar de manera definitiva un compromiso de reforma de las haciendas
locales, mediante el apoyo a iniciativas como mejorar la financiación y la
gestión económica de los ayuntamientos, suprimir las limitaciones existentes al
destino del superávit local y las rigideces de la regla de gasto y sanear la
situación de municipios en riesgo financiero-, como los acuerdos más
recientes de mayores transferencias de fondos de reconstrucción COVID desde el
Estado a los ayuntamientos. El pasado 9 de septiembre la FEMP reclamó incluso
a la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, avanzar en el nuevo
modelo de financiación local, especialmente en el contexto de políticas de
reconstrucción económica y participación en los impuestos de las
administraciones públicas.
Estos compromisos
están sobre la mesa desde la redacción del informe de la Comisión de
Expertos para la revisión del Modelo de Financiación Local con el que se
dió cumplimiento al acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de febrero de
2017 por el que se constituyó la citada comisión. Ésta estuvo formada por cinco
expertos independientes designados por el Gobierno del PP, al frente en ese
momento del ejecutivo, y otros cinco designados por la FEMP. Es necesario, por
tanto, garantizar un debate conjunto sobre financiación autonómica y local que
permita abordar la necesaria financiación local de un modo global y con un
modelo concertado entre Gobierno central, gobiernos autonómicos y
ayuntamientos.
ACUERDOS
1. Instar al Gobierno del Estado a iniciar de manera urgente la derogación de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local del PP, aprobando una nueva normativa que conceda más autonomía financiera a las entidades locales.
9. Instar al Gobierno del Estado a reforzar la participación de las entidades locales en los ingresos del Estado, garantizando que las transferencias del Estado a los ayuntamientos cumplen unos compromisos sobre su evolución y revisión permanente, evitando las importantes desviaciones (la volatilidad de los resultados definitivos), que han dado lugar a devoluciones relevantes por parte de los municipios y han deteriorado fuertemente sus capacidades presupuestarias en momentos de crisis aguda.
10. Instar al Gobierno del Estado a que mantenga el sistema de coparticipación en las grandes figuras tributarias (IRPF, IVA e Impuestos Especiales), al menos para las ciudades, así como a estudiar la posibilidad de ceder a esos gobiernos locales alguna forma de competencia normativa. Del mismo modo, permitir que los ayuntamientos puedan incrementar sus recursos estableciendo recargos sobre la cuota estatal del IRPF.
Grupo Municipal de IU-Verdes
