Con el inicio del curso escolar, cada año los padres, inexorablemente, tienen que afrontar una auténtica cuesta de septiembre mucho más dura que la de enero. Cada año es mayor el gasto que tienen que realizar en la compra de los libros de texto de sus hijos. En el presente curso el incremento de los precios de este material supone un 6,2% en relación a los del año pasado.
Según los datos publicados en la prensa nacional, cada familia murciana tendrá que gastar un promedio de 500 € por hijo en la compra de libros y material para la enseñanza obligatoria en centros públicos. Si tenemos en cuenta que la familia media española suele tener dos hijos, el escollo que tendrán que salvar los padres en septiembre es comparable a la subida de un 8.000 en el Himalaya. Considerando que no todos tenemos la habilidad de Edurne Pasabán para la escalada y que buena parte de los españoles somos mileuristas, los sacrificados padres merecerían cada año el Premio Príncipe de Asturias por seguir adelante, a pesar de estar siempre “al filo de lo imposible”.
La Administración, consciente de que no cumple con el mandato constitucional que garantiza la gratuidad de la enseñanza pública obligatoria, y a sabiendas del enorme filón electoral que suponen los padres, cada año intenta aliviar la sangría económica que supone la vuelta al cole con distintos tipos de parches: bono libro, becas, ayudas sociales, préstamo de libros, etc. De todas estas opciones, no me cansaré de repetir que el préstamo de libros es el sistema que más se aproxima a la gratuidad. Esta fórmula, adoptada por varias comunidades autónomas del territorio nacional, entre las que no se encuentra la Región de Murcia, consiste en la cesión de los libros de texto por parte de la administración educativa para que los alumnos los utilicen durante el curso y los devuelvan al finalizar el mismo, siendo los centros educativos los encargados de la custodia y distribución de los mismos al inicio de cada ejercicio escolar. De esta forma, los padres no tienen que desembolsar ni un céntimo en libros y, a la vez, se educa al alumno en valores tan importantes como la solidaridad, la responsabilidad y el cuidado de las cosas comunes. Aún quedarían pendientes de cobertura el material escolar y las actividades extraescolares.
En Alhama, el PPSOE, después del más que previsible abandono del Conde de Polaris, se ha visto obligado a entrar por el aro de los dictados de la Administración Regional. El Gobierno Valcárcel, en los últimos años, viene utilizando el bono libro como gancho mediático para aliviar, de forma simbólica, el gasto de los murcianos con hijos en edad escolar dentro del sistema público y concertado de enseñanza. Este año se les ha “encendido la bombilla” y, en lugar de repartir cheques, distribuirán a través de los centros educativos –Dios sabe cuándo- unas modernas tarjetas de crédito con un saldo de 100 € para los alumnos de Primaria, con la excepción de los de sexto que tendrán que buscarse la vida por otro lado, y de 150 € para todos los alumnos de Secundaria. Con este nuevo sistema, los padres podrán consumir su crédito en las librerías homologadas para este servicio. La gestión de todo el “tinglao” no lo realiza directamente la Consejería de Educación, sino, al más puro estilo “Pepero”, una empresa privada y adjudicataria de este servicio.
A la hora de escribir este artículo, y a escasos días del inicio del curso, los padres aún no han recibido la famosa “tarjetita”, y los libreros se “tiran de los pelos” pensando en el papeleo que se les exige y en el maremágnum que se le viene encima.
Según los datos publicados en la prensa nacional, cada familia murciana tendrá que gastar un promedio de 500 € por hijo en la compra de libros y material para la enseñanza obligatoria en centros públicos. Si tenemos en cuenta que la familia media española suele tener dos hijos, el escollo que tendrán que salvar los padres en septiembre es comparable a la subida de un 8.000 en el Himalaya. Considerando que no todos tenemos la habilidad de Edurne Pasabán para la escalada y que buena parte de los españoles somos mileuristas, los sacrificados padres merecerían cada año el Premio Príncipe de Asturias por seguir adelante, a pesar de estar siempre “al filo de lo imposible”.
La Administración, consciente de que no cumple con el mandato constitucional que garantiza la gratuidad de la enseñanza pública obligatoria, y a sabiendas del enorme filón electoral que suponen los padres, cada año intenta aliviar la sangría económica que supone la vuelta al cole con distintos tipos de parches: bono libro, becas, ayudas sociales, préstamo de libros, etc. De todas estas opciones, no me cansaré de repetir que el préstamo de libros es el sistema que más se aproxima a la gratuidad. Esta fórmula, adoptada por varias comunidades autónomas del territorio nacional, entre las que no se encuentra la Región de Murcia, consiste en la cesión de los libros de texto por parte de la administración educativa para que los alumnos los utilicen durante el curso y los devuelvan al finalizar el mismo, siendo los centros educativos los encargados de la custodia y distribución de los mismos al inicio de cada ejercicio escolar. De esta forma, los padres no tienen que desembolsar ni un céntimo en libros y, a la vez, se educa al alumno en valores tan importantes como la solidaridad, la responsabilidad y el cuidado de las cosas comunes. Aún quedarían pendientes de cobertura el material escolar y las actividades extraescolares.
En Alhama, el PPSOE, después del más que previsible abandono del Conde de Polaris, se ha visto obligado a entrar por el aro de los dictados de la Administración Regional. El Gobierno Valcárcel, en los últimos años, viene utilizando el bono libro como gancho mediático para aliviar, de forma simbólica, el gasto de los murcianos con hijos en edad escolar dentro del sistema público y concertado de enseñanza. Este año se les ha “encendido la bombilla” y, en lugar de repartir cheques, distribuirán a través de los centros educativos –Dios sabe cuándo- unas modernas tarjetas de crédito con un saldo de 100 € para los alumnos de Primaria, con la excepción de los de sexto que tendrán que buscarse la vida por otro lado, y de 150 € para todos los alumnos de Secundaria. Con este nuevo sistema, los padres podrán consumir su crédito en las librerías homologadas para este servicio. La gestión de todo el “tinglao” no lo realiza directamente la Consejería de Educación, sino, al más puro estilo “Pepero”, una empresa privada y adjudicataria de este servicio.
A la hora de escribir este artículo, y a escasos días del inicio del curso, los padres aún no han recibido la famosa “tarjetita”, y los libreros se “tiran de los pelos” pensando en el papeleo que se les exige y en el maremágnum que se le viene encima.
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