El pasado sábado, día 28 de agosto, un grupo de españoles, pertenecientes a una asociación de amigos del Pueblo Saharaui, intentaban manifestarse de forma pacífica en El Aaiún en solidaridad con este pueblo y denunciar la dramática situación en la que viven, tanto los que se han negado a abandonar su tierra como aquellos que se vieron obligados a refugiarse en Argelia. El intento se frustró como consecuencia de la brutal intervención de la policía marroquí, que dispersó a los manifestantes empleando una violencia desproporcionada. Las imágenes de las personas agredidas, que han llegado a nosotros a través de los medios de comunicación, hablan por sí solas y demuestran lo lejos que se encuentra el reino de Marruecos del respeto a los derechos humanos.
El Sáhara Occidental fue territorio español desde finales del siglo XIX hasta el año 1976. En 1975 el gobierno español tenía previsto realizar un referéndum para que el pueblo saharaui decidiese su futuro. El mismo no se pudo realizar por la intervención de Marruecos y Mauritania, que invadieron este territorio con la denominada “Marcha Verde”. Nuestro país abandonó su antigua colonia a cambio de acuerdos comerciales, iniciándose una guerra entre Marruecos, Mauritania y el Frente Polisario, que duró hasta el acuerdo de “alto el fuego” auspiciado por la ONU el año 1991. Con el mismo se prometía la celebración de un referéndum de autodeterminación que aún sigue pendiente. Mientras Marruecos continúa con la ocupación y colonización del territorio, el pueblo saharaui se ha visto obligado a abandonar su tierra o a vivir la continua represión de los ocupantes marroquíes. Los que se han quedado en el Sahara constituyen el último escollo de resistencia a la ocupación, y los que están refugiados en los campamentos de Tinduf (Argelia) viven en condiciones infrahumanas, dependiendo exclusivamente de la solidaridad internacional. El objetivo final de Marruecos es anexionarse definitivamente el Sahara Occidental, de una forma u otra. Mientras tanto, el Gobierno Español y los organismos internacionales miran para otro lado, ya que los intereses comerciales con Marruecos pesan mucho más que el sufrimiento de los ciudadanos de un pequeño país invadido.
Me parece paradójica la situación que se vive en España con respecto a este asunto. Por una parte, los distintos gobiernos democráticos de nuestro país no han querido implicarse a fondo en la resolución de este drama humano, del que de alguna forma son responsables como antiguo país colonizador, mientras que los ciudadanos de a pie muestran una enorme solidaridad con los saharauis, expresada con la existencia de innumerables asociaciones de amigos de este pueblo en todo el territorio nacional.
Desde 1997, en Alhama, diferentes familias, a través de la Asociación de Amigos del pueblo Saharaui, vienen acogiendo a niños dentro del programa “Vacaciones en Paz”. Con el mismo, los niños que nos visitan, procedentes de los campamentos de refugiados, reciben la atención sanitaria especializada que necesitan y el afecto de las familias de acogida, además de permanecer durante este periodo alejados de las condiciones extremas en las que viven habitualmente.
No tengo palabras para describir las penurias con las que viven los refugiados, las cuales pude comprobar, hace varios años, durante una visita que realicé a sus campamentos. Me parece inadmisible que esta situación siga sin resolver por la prevalencia de los intereses económicos sobre los derechos humanos.
El Sáhara Occidental fue territorio español desde finales del siglo XIX hasta el año 1976. En 1975 el gobierno español tenía previsto realizar un referéndum para que el pueblo saharaui decidiese su futuro. El mismo no se pudo realizar por la intervención de Marruecos y Mauritania, que invadieron este territorio con la denominada “Marcha Verde”. Nuestro país abandonó su antigua colonia a cambio de acuerdos comerciales, iniciándose una guerra entre Marruecos, Mauritania y el Frente Polisario, que duró hasta el acuerdo de “alto el fuego” auspiciado por la ONU el año 1991. Con el mismo se prometía la celebración de un referéndum de autodeterminación que aún sigue pendiente. Mientras Marruecos continúa con la ocupación y colonización del territorio, el pueblo saharaui se ha visto obligado a abandonar su tierra o a vivir la continua represión de los ocupantes marroquíes. Los que se han quedado en el Sahara constituyen el último escollo de resistencia a la ocupación, y los que están refugiados en los campamentos de Tinduf (Argelia) viven en condiciones infrahumanas, dependiendo exclusivamente de la solidaridad internacional. El objetivo final de Marruecos es anexionarse definitivamente el Sahara Occidental, de una forma u otra. Mientras tanto, el Gobierno Español y los organismos internacionales miran para otro lado, ya que los intereses comerciales con Marruecos pesan mucho más que el sufrimiento de los ciudadanos de un pequeño país invadido.
Me parece paradójica la situación que se vive en España con respecto a este asunto. Por una parte, los distintos gobiernos democráticos de nuestro país no han querido implicarse a fondo en la resolución de este drama humano, del que de alguna forma son responsables como antiguo país colonizador, mientras que los ciudadanos de a pie muestran una enorme solidaridad con los saharauis, expresada con la existencia de innumerables asociaciones de amigos de este pueblo en todo el territorio nacional.
Desde 1997, en Alhama, diferentes familias, a través de la Asociación de Amigos del pueblo Saharaui, vienen acogiendo a niños dentro del programa “Vacaciones en Paz”. Con el mismo, los niños que nos visitan, procedentes de los campamentos de refugiados, reciben la atención sanitaria especializada que necesitan y el afecto de las familias de acogida, además de permanecer durante este periodo alejados de las condiciones extremas en las que viven habitualmente.
No tengo palabras para describir las penurias con las que viven los refugiados, las cuales pude comprobar, hace varios años, durante una visita que realicé a sus campamentos. Me parece inadmisible que esta situación siga sin resolver por la prevalencia de los intereses económicos sobre los derechos humanos.
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