EL GRUPO
MUNICIPAL DE IU-VERDES EN EL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA, PRESENTA, PARA SU DEBATE Y
APROBACIÓN
MOCIÓN SOBRE
CONTROL DE PRECIOS DE ALQUILERES ABUSIVOS, GARANTÍAS PARA PERSONAS
ARRENDATARIAS Y PEQUEÑOS PROPIETARIOS/AS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La especulación en el precio de los alquileres es una
realidad que sufren actualmente cientos de ciudades en Europa y también en
España. Según datos del Banco de España, los alquileres han aumentado un 50% en
los últimos diez años a nivel nacional, una subida significativa sobre todo en
grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia y en varios enclaves del
turismo como las Islas Baleares o las Islas Canarias. En paralelo, los salarios
no han seguido la misma senda y la precariedad es la tónica general en el
mercado laboral español. La OCDE señala que el 24,7% de los hogares tenía un
gasto en vivienda de alquiler superior al 40% de sus ingresos netos en 2014,
frente al 13,1% registrado en el promedio de la OCDE, por lo que esta
proporción habrá aumentado con la escalada de precios actual.
Según datos de
Eurostat, en España alrededor de cuatro de cada diez personas que viven en
alquiler destinan más del 40% de los ingresos familiares al pago del alquiler,
uno de los índices más altos de toda la Unión Europea (UE), solamente superado
por Grecia y Lituania. Dedicar más del
40% de la renta familiar al pago de la vivienda es considerado por la UE como
un cargo excesivo para la economía de un hogar.
El incremento de los alquileres no se corresponde con una
mejora en la capacidad adquisitiva de la población. Según el estudio “El Estado
de la Pobreza. España 2019 IX Informe anual sobre el riesgo de pobreza y
exclusión” realizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social EAPN España, un total de 12.188.288 personas, que suponen el
26,1 % de la población española está en Riesgo de Pobreza y/o Exclusión Social.
España se ha convertido en el segundo país de la Unión Europea, tras Chipre,
donde más ha crecido la desigualdad de renta, 20 veces más que el promedio
europeo. Al descenso de los salarios debemos sumar los casos de cientos de
familias obligadas a buscar otro piso con precios inasumibles y con el riesgo
de ser expulsadas de sus casas porque no pueden pagar el alquiler. Pero no solo
son expulsadas de sus viviendas, sino también de sus barrios, que pierden a sus
vecinas y se transforman así en aparadores para el turismo o en zonas
residenciales solo para personas con alto poder adquisitivo.
Según el estudio 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales' que ha publicado la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los últimos datos estadísticos disponibles corresponden a 2019. El número de lanzamientos practicados durante el 2019 ha sido de 36.467, de los cuales, un 67,5% del total ha sido consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 14.193 (el 26,3 por ciento) se derivaron de ejecuciones hipotecarias. Los 3.346 restantes obedecieron a otras causas.
Los lanzamientos por
impago del alquiler experimentaron una disminución interanual del 2,2 por
ciento, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias bajaron un 25,1
por ciento con respecto a 2018. Los lanzamientos afectan a distintos tipos de
inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no sólo a vivienda
habitual. Cataluña (con 12.446, el 23 por ciento del total nacional) fue la
Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos, seguida por
Andalucía (con 8.806) y la Comunidad Valenciana, con 7.390.
Tras la crisis
económica del 2008, la historia se repite, y las familias en España se vuelven
a enfrentar a problemas económicos, esta vez derivados de una pandemia mundial
provocada por el virus de la Covid-19. Una vez más, las familias de nuestro
país tienen que hacer un mayor esfuerzo económico para disfrutar de una
vivienda. La política de no intervención pública sobre el mercado de la
vivienda ha generado una tendencia alcista de los precios y una crisis de
accesibilidad a este bien que ha provocado la expulsión de los sectores de la
población con menos recursos.
La crisis del
coronavirus está ya agravando esta situación. Con la paralización de gran parte
de la actividad económica por culpa de la epidemia de la Covid-19, muchas de
las personas que están pagando una hipoteca o viviendo de alquiler están
teniendo grandes dificultades para seguir haciéndolo. Si antes las familias
sufrían la asfixia de los precios del alquiler y del endeudamiento que ya
arrastraban de la crisis anterior, ahora el panorama resulta alarmante: la
salida del confinamiento abre un escenario lleno de incertidumbre ante la
posible subida de la tasa de desempleo y la caída del crecimiento económico. En
este escenario, se multiplican las dificultades para el acceso a una vivienda,
el endeudamiento familiar o directamente la pérdida de la vivienda,
especialmente para las familias más vulnerables.
La crisis del
coronavirus y su impacto sobre el mercado inmobiliario debe servir para
reivindicar la necesidad de garantizar el derecho a una vivienda digna y
adecuada recogido en el artículo 47 de la Constitución Española y también para
revertir las políticas de mercantilización, dibujando un horizonte normativo en
el que la vivienda cumpla su función social y no sea mera mercancía o un activo
objeto de especulación. Es, ahora, cuando se nos presenta la oportunidad de
articular un verdadero sistema público de vivienda.
A falta de cifras oficiales más actualizadas, según el
Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2011 había 3,5 millones de
viviendas vacías. Sin embargo, hoy en día el parque público de vivienda en
alquiler no alcanza el 1,5 % del total del parque de viviendas según datos del
INE y Housing Europe; muy por debajo de los porcentajes de Holanda (32 %),
Austria (23 %) o Francia (17 %). España cuenta con uno de los porcentajes de
vivienda social más bajos de la Unión Europea, un 1,1% sólo superado por Grecia
y lejos de otros como Holanda (32%), Austria (23%), Reino Unido (18%) o Francia
(17%). Además, España acumula el 30% de las viviendas vacías de Europa (más de
3,4 millones de viviendas).
Considerando que España tiene un parque total de viviendas
de 25 millones, si queremos un parque público de vivienda equiparable a los
países de nuestro entorno, es decir, como mínimo, de un 10 %, necesitamos 2,5
millones de viviendas que lo conformen. La vivienda es un bien de primera
necesidad y su función social debe ser preservada por las instituciones
públicas por encima de cualquier otra consideración.
Como consecuencia, los ayuntamientos no pueden dar respuesta
a la emergencia diaria de los desahucios, las ocupaciones de viviendas vacías o
la infravivienda, ni tampoco ofrecer una solución a aquellas personas que
necesitan acceder a una vivienda a precios inferiores a los del mercado.
Mientras tanto, la SAREB acumula viviendas vacías de entidades financieras
rescatadas con dinero público que, en su gran mayoría, vende o traspasa su
gestión a fondos de inversión, inmobiliarias u otros gestores de vivienda.
Según los últimos datos facilitados por la propia SAREB, hasta marzo de 2020,
tan solo 2.400 viviendas de su cartera han sido cedidas a administraciones
autonómicas y ayuntamientos. Una cifra irrisoria si se tiene en cuenta que en
junio de 2014, declaraba tener en aun cartera más de 45.000 viviendas
residenciales. Pisos, que, por lo tanto, siguen engrosando el parque de
viviendas vacías.
A pesar de las medidas de urgencia tomadas hasta ahora por
el Gobierno de España en relación a las rentas de alquiler, dirigidas a
amortiguar el impacto de la crisis sanitaria sobre los arrendatarios en
situación de mayor vulnerabilidad socioeconómica, se precisan reformas
estructurales en materia de regulación del acceso a la vivienda, encaminadas a
considerarla como un bien de primera necesidad antes que, como una inversión,
en línea con el mandato contenido en el artículo 47 de la Constitución
Española. Al igual que en la crisis de
2008, nos encontramos ante un mercado especulativo, con fuerte presencia de
capitales de inversión internacionales, que hace previsible el hundimiento de
los precios y que puede generar nuevas oportunidades para la intervención de
fondos buitres oportunistas que sobrevuelan el mercado español.
Ciudades europeas con problemáticas parecidas como
Amsterdam, París o Berlín, ya han puesto en marcha medidas legislativas que
limitan los precios y las subidas abusivas de los alquileres. Los desahucios
por impago de alquiler, la saturación de los servicios sociales municipales y
la precarización de los arrendamientos genera exclusión y sobreendeudamiento de
las arrendatarias, o lo que es lo mismo, más impagos de alquiler. En cambio,
más estabilidad y adaptación de los alquileres a los salarios de las personas
equivale a más seguridad de pago y, por lo tanto, de cobro por parte de los
propietarios.
El Comité DESC de las
Naciones Unidas, en sus observaciones finales sobre el Sexto Informe periódico
de España, aprobadas en la sesión celebrada el 29 de marzo de 2018, explicita
que «En particular, preocupa al Comité el número insuficiente de vivienda
social; la creciente falta de asequibilidad de la vivienda, particularmente
dentro del mercado privado debido a los precios excesivos; y la falta de
protección adecuada de la seguridad de la tenencia. Asimismo, le preocupa el
número significativo de hogares que no cuenta con vivienda en condiciones
adecuadas y el alto número de personas sin hogar». En consecuencia, recomienda
al Estado que «Adopte las medidas necesarias para reglamentar el mercado
privado de la vivienda para facilitar la accesibilidad, disponibilidad y
asequibilidad de una vivienda adecuada para las personas de bajos ingresos;» y
«Revise su legislación sobre arrendamientos y lleve a cabo las modificaciones
necesarias a fin de garantizar una protección adecuada de la seguridad de la
tenencia y establecer mecanismos judiciales efectivos que garanticen la
protección del derecho a una vivienda adecuada.»
La legislación y
políticas públicas en materia de alquiler han tenido grandes avances. En
concreto, la última modificación legal efectuada mediante el Real Decreto Ley
7/2019, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, constituye una
respuesta a las demandas de cientos de colectivos sociales y asociaciones de vecinos
que estaban siendo sofocados por la reforma legislativa del Gobierno del
Partido Popular, la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y
fomento del mercado del alquiler de viviendas, que suponía la precarización
absoluta de las personas inquilinas.
Bajo el nuevo Real
Decreto Ley 7/2019 se consiguió mejorar la certidumbre y seguridad jurídica de
los arrendatarios mediante la ampliación de la prórroga obligatoria de los
contratos de arrendamiento de 3 a cinco 5 años en caso de que el arrendador sea
una persona física y a 7 años en caso de que sea una persona jurídica. Además,
se amplió la prórroga tácita de uno a tres años y se prolongó el plazo de
preaviso para romper el contrato de arrendamiento, debiendo informar al
inquilino con 4 meses de antelación y con 2 meses al arrendador. Adicionalmente
se estableció que el incremento producido por la actualización anual de la
renta no podrá exceder la variación porcentual experimentada por el Índice de
Precios al Consumo, por lo que la actualización anual del precio del alquiler
quedó ligada al IPC, que opera como límite máximo del aumento.
Es necesario comprender que, la posibilidad de regulación de
los precios de alquiler asegura una rentabilidad económica proporcionada del
alquiler a largo plazo para los propietarios, equilibrando así el derecho a la
libertad de empresa y el derecho a la propiedad privada en relación al derecho
de acceso a una vivienda digna y el cumplimiento de la función social de la
propiedad. El existente desequilibrio en la negociación de la renta entre la
parte arrendadora y la parte arrendataria, en escenarios de escasez de oferta y
tensión de los precios, comporta que el precio se determine de forma unilateral
por la parte arrendadora, siendo la mayoría de las veces una carga
desproporcionada en relación con los ingresos familiares. Todo ello justifica
que sea posible la intervención de los poderes públicos en la regulación de un
elemento esencial en la relación contractual, como es el precio. En estos
momentos, acabar con los precios abusivos es urgente, especialmente en una
situación de crisis sanitaria, social y económica, donde los ingresos de las
clases populares se pueden reducir de manera significativa. Y es necesario
adoptar mecanismos que garanticen el cumplimiento efectivo del derecho a una
vivienda digna y adecuada en nuestro país.
ACUERDOS
El Ayuntamiento de Alhama de Murcia insta al Gobierno de España a:
Grupo Municipal de IU-Verdes
