EL GRUPO
MUNICIPAL DE IU-VERDES EN EL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA, PRESENTA, PARA SU DEBATE Y
APROBACIÓN LA SIGUIENTE MOCIÓN:
MOCIÓN PARA ABORDAR LA CRISIS DEL COVID CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO
8 de marzo de 2021
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 8 de marzo, Día Internacional de
la Mujer Trabajadora, también llamado Día Internacional de la Mujer, reivindica
y visibiliza la lucha de las mujeres por sus derechos, participación y
reconocimiento, en pie de igualdad con los hombres, en la sociedad y en su
desarrollo íntegro como persona.
Este año, la pandemia del COVID-19
ha puesto de relevancia la precariedad estructural de nuestro sistema tras años
de políticas neoliberales. Estamos ante una situación de crisis social y
económica y no podemos permitir una respuesta sin perspectiva de género que
acentúe las desigualdades que viven las mujeres. Debemos abordar esta crisis no
como la de 2008 con austeridad y recortes, sino enfocarnos en la reconstrucción
de lo público y en una lucha contra la precariedad, la falta de derechos y las
desigualdades que vivimos las mujeres en nuestra diversidad.
Durante este periodo, las mujeres
han sido las protagonistas, tanto en el ámbito sanitario siendo ellas la
inmensa mayoría de personas trabajadoras, como en el ámbito de los cuidados,
asumiendo una mayor carga de trabajo en el hogar. Las mujeres realizamos una
parte muy importante de los trabajos esenciales y dichos trabajos son
fundamentalmente precarios.
Según los datos de la Encuesta de
Población Activa (EPA), las mujeres suponen el 85% del personal que trabaja en
las residencias de mayores y personas dependientes donde se han dado las peores
cifras de fallecimientos. También son mayoritarias en otros servicios
esenciales como son el comercio y la alimentación, la limpieza y representan la
práctica totalidad de las empleadas del hogar de los cuidados. Todos ellos
trabajos feminizados y precarizados.
A esto se suma el desigual reparto
de las tareas de cuidados. El 70% de estas tareas son realizadas por las
mujeres, a las que muchas han sumado el teletrabajo, el cuidado y sostén de las
personas de la casa, una sobrecarga de trabajo que no se ha visto respondida
con mecanismos de corresponsabilidad desde todos los ámbitos: administraciones,
empresas y hogares. Especialmente afectadas están las familias monoparentales,
de las que ocho de cada diez tienen a una mujer al frente.
Ambos elementos concurren juntos
para establecer un suelo pegajoso que dificulta a las mujeres el desarrollo de
su proyecto vital y las bases de la brecha salarial por la que las mujeres
trabajamos sin remunerar 51 días al año con respecto a los hombres. A largo
plazo, esta brecha salarial afecta a sus pensiones. Además, sufren mayor riesgo
de pobreza y exclusión social que los hombres, instalándose especialmente en
los hogares monomarentales.
Por último, se estima que la crisis
económica provocada por la pandemia también afecte más a las mujeres ya que no
debemos olvidar que tenemos mayor tasa de desempleo y que esto se acentúa entre
las personas jóvenes.
Frente a esta situación, se han
elaborado pactos por la recuperación económica en todos los niveles de la
administración para incidir y compensar los efectos de la pandemia. Pero no se
ha incluido la perspectiva de género que sería lo que evitaría un retroceso en
los derechos adquiridos ya que en las crisis anteriores se ha producido un
incremento de las desigualdades y un refuerzo de las discriminaciones.
La mayoría de mujeres se encuentran
en las posiciones más precarias y vulnerables, en el aspecto laboral y en el
social, y si no realizamos políticas que pongan la protección de las personas
en el centro, sufrirán peores consecuencias. Un claro ejemplo es el IMV que se
ha debido reformular para posibilitar el acceso de las familias monomarentales.
La desigualdad que denuncia el
feminismo es estructural y global, asentado y sostenido por el sistema
capitalista y patriarcal cuyo objetivo es obtener beneficios y privilegios para
unos pocos a costa de las personas más vulnerables y oprimidas, que terminan
siendo las mujeres en toda su diversidad (migrantes, racializadas, trans, con
diversidad funcional, jóvenes y mayores).
Por eso es inevitable hablar de
redistribución de la riqueza mediante un sistema fiscal justo que permita la
cobertura de las necesidades sociales y en este sentido reivindicar la
iniciativa para que se liberen las patentes de las vacunas y de este modo
evitar hacer de la pandemia un negocio y agilizar la inmunidad de toda la
población. Necesitamos un cambio de
lógica que coloque los cuidados en el centro, las necesidades de las personas
como prioridades y desplace la obtención de beneficio como único motor de la
sociedad.
Este 8M el movimiento feminista
trabaja para ocupar el espacio público de otra manera, visibilizar los efectos
de la pandemia sobre la vida de las mujeres.
El neoliberalismo ha impulsado un
modelo de cuidados mercantilizado y de bajo coste que hace recaer en las mujeres gran parte de lo que
debería ser atendido a través de los servicios públicos y la corresponsabilidad
de los hombres. Ello exige fortalecer las políticas públicas y leyes en materia
de dependencia y servicios sociales que han sido privatizadas, mercantilizadas
e individualizadas, generando una gran precariedad en el centro de la
reproducción de la vida. Un claro ejemplo de ello han sido las residencias de
mayores que necesitan una reestructuración profunda para garantizar una
atención de calidad y mejorar las condiciones laborales de las personas,
mayoritariamente mujeres, que trabajan en ellas.
Pero también recursos públicos de
conciliación que se adapten a las necesidades de las familias y el seguimiento
del Plan Me Cuida para que no suponga profundizar la asunción del cuidado solo
por las mujeres.
Las mujeres migrantes son relegadas
y forzadas a los trabajos más precarizados y a la vez de los más esenciales,
como el trabajo doméstico y de cuidados o la recogida de la fruta. Todo ello
sufriendo negación de derechos, abusos laborales y sufriendo situaciones de
violencia machista que tienen que dejar invisibilizadas y atajadas de raíz. Por
ello exigimos unas políticas de extranjería que respeten los derechos humanos y
unas políticas públicas estatales que creen alternativas para las trabajadoras
migrantes en situación administrativa irregular, que luchen contra su exclusión
y abuso en el mercado laboral y que las proteja de la trata y la prostitución
para salir de la pobreza.
Las mujeres en situación de
explotación sexual no se han visto protegidas en este contexto ni se han
garantizado medidas efectivas para el cierre de esta actividad a pesar del
riesgo para la salud. Se ha preferido mantener mirar para otro lado. Todo ello
hace imprescindible la puesta en marcha de políticas públicas y protocolos
globales contra la trata, que implementen el Protocolo de Palermo para que las
mujeres víctimas de trata y en situación de prostitución tengan alternativas
formativas y laborales, alternativa habitacional y mecanismos de asilo y
protección reales.
En un momento donde se están
incrementando los índices de pobreza y exclusión no podemos olvidarnos del
negocio de los vientres/úteros de alquiler, que recordemos, afecta sobre todo a
mujeres pobres que son quienes se ven abocadas a esta forma de explotación
capitalista y patriarcal que sigue creando nichos de mercado a costa de la
mercantilización de los cuerpos de las mujeres.
La pandemia nos ha vuelto a relegar
a las mujeres al hogar, desplazándonos del espacio público. No podemos permitir
retroceder en la relevancia de que la perspectiva de género impregne la
reconstrucción social y que el teletrabajo no suponga hacernos desaparecer del
espacio público y la toma de decisiones. Seguimos siendo invisibles en la
historia por lo que seguiremos potenciando todas las actuaciones que recuperen
nuestra memoria histórica y sirvan de referentes a las mujeres actuales y
futuras.
También este año se ha impulsado la
ley de libertad sexual imprescindible para garantizar el consentimiento y hacer
entender que solo si es si. Y es que queda mucho camino que recorrer en este
sentido y es imprescindible que se acompañe de una educación afectivo-sexual
desde la igualdad y la diversidad sexual, identidad y/o expresión de género y
que eduque a los hombres en una masculinidad no violenta.
La práctica de la interrupción
voluntaria del embarazo no está garantizada para todas las mujeres y exigimos
que se realicen de forma gratuita y dentro del Sistema de Salud público y
denunciamos la represión hacia quienes encabezan la lucha por los derechos
sexuales y reproductivos.
Por éstas y muchas más razones es
necesario que este Ayuntamiento de Alhama de Murcia se comprometa con potenciar
e implantar la perspectiva de género en las actuaciones que desarrolla y evitar
que esta crisis aumente las desigualdades y las discriminaciones para lo que es
necesario cambiar los modelos patriarcales y capitalistas por modelos de
igualdad, justicia, paridad, libertad, diversidad y democracia.
Hoy, el feminismo sigue siendo
imprescindible para revertir la desigualdad, luchar contra la intolerancia y el
odio y transformar la sociedad.
Por todo
lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de IU-Verdes propone al Pleno del
Ayuntamiento de Alhama de Murcia que adopte los siguientes
ACUERDOS
- Apoyar las acciones que se desarrollen en la reivindicación del 8M
facilitando con todos los medios
materiales, personales y de difusión el cumplimiento de las medidas
higiénico sanitarias de los actos que convoquen las asociaciones de
mujeres el 8 de marzo.
- Enarbolar la bandera
feminista en el Ayuntamiento como símbolo de apoyo a la lucha de las
mujeres
- Impulsar el debate social de los cuidados, dentro de las propias competencias, que posibilite el cambio de
modelo actual que genera desigualdad y precariedad.
- Evaluar los recursos
destinados a corresponsabilidad para adecuarlos a las necesidades de
las familias y mejorar su cobertura, así como generar recursos públicos en
este sentido. Teniendo especial sensibilidad con las familias
monoparentales y numerosas.
- Evaluar la situación de las personas mayores y de los recursos que disponen para
desarrollar una vida digna mejorando los programas y servicios públicos
para garantizarlo.
- Articular en la práctica y dentro de las propias competencias,
políticas globales y transversales con dotación económica suficiente, de gestión pública, con estadísticas
y evaluaciones, que cambien la realidad material de las mujeres, en aras
de una igualdad real.
- Reforzar el compromiso institucional por la igualdad de género y en contra de las violencias machistas.
- Reforzar los recursos económicos y humanos destinados al desarrollo
de políticas de igualdad activas, integrales y participativas, poniendo especial atención a mujeres migrantes
y en situación de especial vulnerabilidad, de forma que todo el personal
público acceda a formación continua que le permita prevenir, detectar y
atender las diferentes necesidades para corregir desigualdades
estructurales dentro de sus competencias profesionales; que revise los
procedimientos para asegurar el buen trato y evitar situaciones de
violencia institucional.
- Implantar un Plan
por la igualdad y contra la violencia machista, en coordinación con
otras administraciones públicas, consensuado con el movimiento feminista y
de mujeres, que tenga como objetivo el desarrollo de las medidas
contempladas presupuestariamente y que sea evaluable anualmente.
- Realizar un informe
de impacto de género sobre las medidas adoptadas o consensuadas en el
pacto de reconstrucción para introducir los factores correctores
necesarios que eviten ahondar en desigualdades por género.
- Realizar una Declaración de Municipio libre de trata. Dicha declaración no puede quedarse en una
declaración formal, debe tener nuevamente una dimensión real y
cuantificable que se concrete en propuestas adecuadamente presupuestadas.
- Realizar un plan para el cierre de locales donde se consume
prostitución con independencia de la licencia de actividad bajo la que
operen. Dicho plan debe contemplar la emergencia
sanitaria, la protección de las mujeres y la articulación de medidas de
protección, alternativas habitacionales, asistencia sanitaria y planes de
inclusión laboral con una metodología de evaluación y seguimiento.
- Desarrollar políticas encaminadas a la abolición de la
prostitución, como forma extrema de
violencia contra las mujeres. Ejecutando políticas activas para erradicar
todas las formas que tenga relación con la explotación sexual; con
especial atención a las ordenanzas de publicidad y todas aquellas que de
forma directa o indirecta permitan o faciliten el desarrollo de
actividades encaminadas a dicha explotación.
- Rechazar cualquier ordenanza municipal que esté inspirada en
posturas prohibicionistas, y que por
consiguiente penalicen a las mujeres en situación de prostitución.
- Eliminar la publicidad discriminatoria o denigrante de las mujeres, bien desde los soportes, publicaciones o
transportes públicos (marquesinas, autobuses taxis, guías, o información turística,…) bien no
contratando con medios privados que la mantengan o potencien.
- Implantar actividades escolares complementarias con planteamientos
que potencien valores no sexistas contrarios a cualquier tipo de discriminación.
- Que las medidas/propuestas sean asumidas desde la dotación
suficiente para ser llevadas a cabo.
- Que estas medidas tengan seguimiento y mínima relación de objetivos
calendarizados para que se pueda comprobar
la suficiencia presupuestaria, la correcta implementación y el reparto de
dotaciones.
- Dar cuenta al pleno del Ayuntamiento de Alhama de
Murcia de la implantación,
seguimiento y estadísticas de las medidas acordadas el año anterior con
motivo de aprobación de este texto, como evidencia de compromiso real con
la moción que se aprueba.
Alhama de Murcia a 10 de febrero de 2021
Grupo Municipal de IU-Verdes
