Artículo de Damián Rubio publicado en Línea Local
El pasado viernes 26 de julio, el
Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley para la Racionalización y la
Sostenibilidad de la Administración Local. Lo que traducido a la lengua
castellana significa el desmantelamiento de la autonomía y democracia local,
con el objetivo de privatizar sistemáticamente los servicios municipales y
despedir a decenas de miles de trabajadores públicos.
Con este el eufemístico
“neo-lenguaje” del Gobierno Rajoy se
pretende dar por hecho que los ayuntamientos están despilfarrando el
dinero público y atraviesan una situación de la que es preciso rescatarlos. Se
trata de una gran falacia porque, a pesar de ser la administración más cercana
a los ciudadanos y verse obligada por los recortes a asumir competencias y
gastos que no le corresponden, los datos indican que es la menos endeudada si
la comparamos con la Autonómica o Estatal.
No se trata de una medida casual,
sino que obedece a una estrategia ideológica elaborada por el PP para
desprestigiar lo público y, con ello, justificar que venga un “alma caritativa”
del sector privado a resolver nuestros problemas. Ejemplos claros de esto los
tenemos en la privatización de servicios hospitalarios, residencias de la
tercera edad, atención a personas dependientes, servicios educativos, etc. Con
la reforma de la Administración Local se le pone la “guinda al pastel” para que
se lo coman los de siempre.
Dentro de la citada estrategia,
se contempla el descrédito de las administraciones periféricas con el claro
objetivo de centralizar al máximo el poder en el Gobierno Central. En
definitiva, se trata de retroceder en lo que se refiere a conquistas
democráticas, tales como el Estado de las Autonomías y el reconocimiento de la
capacidad de gestión de los ayuntamientos, alejando con ello la política de los
ciudadanos.
La excusa del Gobierno para
plantear la reforma es perfecta en tiempos de crisis, porque con ella, según el
ministro Montoro, nos vamos a ahorrar 8.000 millones de euros. Para ello nos
venden que se van evitar duplicidades en los servicios prestados por las
distintas administraciones, se incentivará la fusión de aquellos
ayuntamientos con menor población y se
controlarán las retribuciones de los cargos políticos municipales.
Si creemos fielmente lo que nos
dice el Ministro, puede parecer que nos está haciendo un favor. Pero si leemos
la letra pequeña nos daremos cuenta de lo que se esconde detrás de su reforma
“promunicipalista”. Y es lo siguiente: limitación de la participación
ciudadana, más privatizaciones y eliminación de servicios públicos, pérdida
estimada de 200.000 puestos de trabajo en la Administración Local o la
supresión de competencias municipales relacionadas con aspectos tan importantes
como educación , salud y servicios sociales.
Entiendo que este desmedido afán del
PP por privatizar lo público podría
justificar algunas de las generosas donaciones que el Sr. Bárcenas reflejaba en
la contabilidad B de su partido. También comprendo el miedo que tienen algunos
de que “tire de la manta”. Lo que no acabo de entender es como “nos tragamos
sapos y culebras” sin movilizarnos democráticamente por defender lo nuestro.
Tengo
claro, además, que esta película sólo favorece a algún sector del PP y a sus
“amiguetes”, y no supone reducción de gastos a los ciudadanos sino pagar los
servicios doblemente.
Damián Rubio es Coordinador Local de IU-Alhama
