Valoración del Pleno Ordinario del 28 de septiembre de 2021

 

Valoración del Pleno Ordinario del 28 de septiembre de 2021

El pleno volvió a aprobar por unanimidad la cesión de los terrenos que ocupan los antiguos locales de Servicios Sociales. Y decimos se volvió, porque ya en febrero de 2015, se aprobó la cesión a la Consejería de Sanidad de la CARM, sin que hasta ahora, por una u otra causa, se haya hecho nada respecto a un nuevo edificio destinado a urgencias, que además posibilitara la ampliación del Centro de salud.

Se modifican las Ordenanzas fiscales de precios públicos, recogiendo la reclamación del colectivo de discapacitados para que se incluyesen bonificaciones en ese sentido para las piscinas municipales, así como, bonificaciones para menores de familias en desempleo o con bajos ingresos, regularizando este tipo de ayudas que se venían prestando desde Servicios Sociales.

El Gobierno PSOE aprobó la propuesta de su Concejal de Hacienda, de un Plan Estratégico de Subvenciones 2021-2023, algo que se recogía en la legislación, en nuestras bases de ejecución de los presupuestos y que venía reclamando desde la intervención municipal, sin que hasta ahora se hubiese dado cumplimiento. Un Plan que se hace a la inversa, en lugar de planificar el destino de las ayudas y subvenciones a diversos colectivos, lo que hace es recoger lo que ya está contemplado en los presupuestos. Presupuestos 2021 que nuestro Grupo no apoyó, por lo que aun estando de acuerdo en que elabore este Plan no podemos estar de acuerdo con su contenido.

Desde nuestro punto de vista la política de vivienda debe pasar fomentar la vivienda pública, sacar al mercado del alquiler las viviendas bacías y controlar los precios abusivos. La propuesta de “aval joven” de la CARM por la cual se financia el aval por el 20 % del valor de compra de una vivienda nueva, cubriendo la parte que no alcanza el préstamo hipotecario, nos parece que sólo va dirigida a un sector de alto poder adquisitivo y no a las clases populares que representamos desde IU-Verdes, que no pueden permitirse ese nivel de endeudamiento.

Desde IU-Verdes apoyamos la iniciativa legislativa popular sobre protección de Ley para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca. Propuesta impulsada por diversos colectivos que parte precisamente de la constatación de la actual insuficiencia el sistema jurídico que debería velar por la preservación de los valores ambientales del Mar Menor, ya que pese a contar este con importantes figuras de protección incluso a nivel europeo, lo cierto es que se han mostrado totalmente insuficientes a la hora de salvaguardar los recursos, paisajes y ecosistemas que alberga el Mar Menor.

La situación del Mar Menor se ha convertido sin lugar a dudas en el principal reto ambiental al que se enfrenta la Región de Murcia en los últimos 30 años. Durante estos años hemos ido apreciando el deterioro silencioso pero inexorable que comenzó allá por los años 60 con la urbanización de la Manga y que se recrudeció en los 80 con la llegada del Trasvase Tajo Segura y la consiguiente expansión del regadío intensivo por toda la comarca, un cambio que supuso la práctica desaparición de la agricultura tradicional del campo de Cartagena

También apoyamos la iniciativa política encaminada a la aprobación de la figura de Parque Regional del Mar Menor. La solución al Mar Menor vendrá de la actuaciones integrales en origen, reduciendo el uso de abonos nitrogenados en toda la cuenca, limitando la superficie de regadío, apostando por el cultivo ecológico y creando un cinturón verde en los 2 kms más cercanos al Mar Menor que ayude también a controlar las escorrentías que tantos problemas generan en las localidades cercanas al Mar Menor cuando llegan la lluvias intensas.

En el apartado de ruegos y preguntas nos interesamos por la publicación de un edicto en la que se anuncia el proceso de exposición pública de la solicitud formulada por una importante mercantil del sector agrícola que ha adquirido terrenos en Plan Parcial Condado de Alhama II, y que ahora pretende que se vuelvan a calificar como rústicos, lo que le supondría una reducción en el pago de la contribución.