En septiembre tenemos que salvar la segunda gran cuesta del año, como consecuencia de los gastos extraordinarios ocasionados durante las vacaciones estivales y los que corresponden a la vuelta al cole. Para cualquier familia tipo, formada en nuestro país por el matrimonio y dos hijos, supone un sacrificio añadido el tener que afrontar las necesidades que acarrea la escolarización obligatoria de sus vástagos.
Según la prensa regional, cada familia murciana tendrá que gastar 712 euros de media por niño. Estos datos se han confeccionado tomando como referencia unos 200 colegios públicos, concertados y privados de nuestra Comunidad. Si nos centramos exclusivamente en la enseñanza pública, que es el caso de Alhama, cada familia tendrá que gastar 480 euros por hijo. Si tenemos en cuenta que la mayoría de los trabajadores son “milleuristas”, imaginen ustedes cómo queda el presupuesto familiar, después de afrontar el inicio del curso escolar, si sólo trabaja uno de los cónyuges.
En los últimos años, tanto el Estado como las Autonomías, intentan articular diferentes fórmulas para ayudar a las familias. Algunas Comunidades han optado por el sistema de préstamo, que consiste en librar recursos económicos para que los centros escolares compren los libros de texto y los ofrezcan de forma gratuita al alumnado, con la condición de que, al final de curso, los devuelvan en buen estado para ser utilizados al año siguiente por otros alumnos. Otras han recurrido al bono-libro, concediendo una ayuda de 100 € por alumno en Primaria y 150 en Secundaria, mediante un cheque que reciben los padres para la adquisición de los libros, cuya compra tienen que justificar posteriormente mediante factura. Este es el sistema que se ha adoptado en la Región de Murcia, a partir del curso pasado, y al que pueden optar los alumnos de 1º a 4º de Primaria y los de 1º, 2º y 3º de Secundaria. Los restantes alumnos pueden solicitar una beca al Ministerio de Educación, y les será concedida en función de sus ingresos familiares.
La Constitución Española, en su capítulo segundo referido a derechos y libertades, reconoce la enseñanza básica como obligatoria y gratuita. Si tenemos en cuenta que los alumnos residentes en nuestro país deben estar obligatoriamente escolarizados hasta los 16 años, aún queda un largo camino por recorrer para que se nos garantice este derecho. Sin embargo, los padres están obligados a cumplir la Ley manteniendo a sus hijos en un centro escolar hasta la edad referida anteriormente. Me parece evidente que la Administración no cumple con la parte que le corresponde de este artículo 27 de la Constitución, y se limita a parchear con ayudas a todas luces insuficientes, llámense bono-libro, beca o préstamo.
Creo que el sistema que más se aproxima al cumplimiento del derecho a la gratuidad de la enseñanza obligatoria es el de préstamo de libros de texto, porque, al menos, garantiza el uso de los mismos sin que suponga desembolso alguno para las familias. No obstante, hay que tener en cuenta que hay otros gastos que no se cubren, como son los referidos a comedor, material escolar complementario, equipaciones deportivas, actividades extraescolares, etc. Por tanto, aún está por cumplirse el precepto constitucional de la enseñanza gratuita.
Según la prensa regional, cada familia murciana tendrá que gastar 712 euros de media por niño. Estos datos se han confeccionado tomando como referencia unos 200 colegios públicos, concertados y privados de nuestra Comunidad. Si nos centramos exclusivamente en la enseñanza pública, que es el caso de Alhama, cada familia tendrá que gastar 480 euros por hijo. Si tenemos en cuenta que la mayoría de los trabajadores son “milleuristas”, imaginen ustedes cómo queda el presupuesto familiar, después de afrontar el inicio del curso escolar, si sólo trabaja uno de los cónyuges.
En los últimos años, tanto el Estado como las Autonomías, intentan articular diferentes fórmulas para ayudar a las familias. Algunas Comunidades han optado por el sistema de préstamo, que consiste en librar recursos económicos para que los centros escolares compren los libros de texto y los ofrezcan de forma gratuita al alumnado, con la condición de que, al final de curso, los devuelvan en buen estado para ser utilizados al año siguiente por otros alumnos. Otras han recurrido al bono-libro, concediendo una ayuda de 100 € por alumno en Primaria y 150 en Secundaria, mediante un cheque que reciben los padres para la adquisición de los libros, cuya compra tienen que justificar posteriormente mediante factura. Este es el sistema que se ha adoptado en la Región de Murcia, a partir del curso pasado, y al que pueden optar los alumnos de 1º a 4º de Primaria y los de 1º, 2º y 3º de Secundaria. Los restantes alumnos pueden solicitar una beca al Ministerio de Educación, y les será concedida en función de sus ingresos familiares.
La Constitución Española, en su capítulo segundo referido a derechos y libertades, reconoce la enseñanza básica como obligatoria y gratuita. Si tenemos en cuenta que los alumnos residentes en nuestro país deben estar obligatoriamente escolarizados hasta los 16 años, aún queda un largo camino por recorrer para que se nos garantice este derecho. Sin embargo, los padres están obligados a cumplir la Ley manteniendo a sus hijos en un centro escolar hasta la edad referida anteriormente. Me parece evidente que la Administración no cumple con la parte que le corresponde de este artículo 27 de la Constitución, y se limita a parchear con ayudas a todas luces insuficientes, llámense bono-libro, beca o préstamo.
Creo que el sistema que más se aproxima al cumplimiento del derecho a la gratuidad de la enseñanza obligatoria es el de préstamo de libros de texto, porque, al menos, garantiza el uso de los mismos sin que suponga desembolso alguno para las familias. No obstante, hay que tener en cuenta que hay otros gastos que no se cubren, como son los referidos a comedor, material escolar complementario, equipaciones deportivas, actividades extraescolares, etc. Por tanto, aún está por cumplirse el precepto constitucional de la enseñanza gratuita.
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