Artículo de Cayo Lara, coordinador general de IU - 13/09/2010 Agosto acaba preñado de nuevas razones para la huelga general del 29-S. Los 61.083 nuevos parados con que amanece el INEM en septiembre (equivalente a la población activa de dos ciudades como Toledo) y los 131.858 cotizantes menos a la Seguridad Social, dicen tres cosas. La primera es que el crecimiento del empleo de los meses de abril a mayo era coyuntural como consecuencia de las contrataciones en el sector turístico, por lo que siguen vírgenes las condiciones que crean desempleo. La segunda consideración es la demostración de lo erróneas que son las políticas de Zapatero con el ajuste duro contra los trabajadores públicos, pensionistas y el recorte de la inversión pública del Estado que agudiza la crisis y el paro. La tercera, es que la importante reducción de cotizantes a la Seguridad Social tiene que ver con el inicio de aplicación del decreto de la llamada reforma laboral que va a ser empeorado en el proceso de su transformación en ley, con el acuerdo del PSOE y todas las derechas. Los empresarios han empezado a despedir más barato.
Además, hay que añadir que de los contratos realizados en agosto, sólo el 6,6% han sido indefinidos, siendo temporales el 93,4% restante, por lo que la precariedad continúa presidiendo nuestro mercado laboral.
Agosto le ha servido al Gobierno para continuar apretando las tuercas a los trabajadores y consolidar la reducción de la inversión pública del Estado. En este sentido, a 70.000 parados entre 30 y 45 años que no tengan cargas familiares, se les ha suprimido la ayuda de subsistencia de 426 euros (aprobada en su momento en el Congreso a iniciativa de IU) y, además, ya ha anunciado el gobierno que la suprimirá en el próximo mes de febrero, faltando de nuevo al compromiso parlamentario de no suprimirla hasta que no baje el paro del 17%. Se reduce el tiempo para rechazar una oferta de formación de los trabajadores en paro de 100 a 30 días. Corbacho y la vicepresidenta económica han vuelto a insistir en la reforma de la pensiones, en su idea de ampliar el periodo mínimo de cotización para obtener la pensión de la Seguridad Social, de los 15 años actuales a 20, amén de seguir insistiendo en aumentar la edad de jubilación a hasta los 67 años. El ministro de Fomento planteó un recorte y aplazamiento de inversiones del Estado por 6.400 millones de euros, que después rebajó a 5.700 por las presiones de algunas grandes empresas y de ayuntamientos cuyos gobiernos ven peligrar su reelección en las próximas municipales. Con todo, esta reducción de inversión pública solo generará más crisis y más paro.
Mientras tanto, no se ha adoptado ni una sola medida por el Gobierno para que los responsables de la crisis asuman su responsabilidad. Es intolerable que en plena crisis haya crecido el número de ricos y consiguientemente el número de pobres. Es un insulto que la contribución fiscal de los empresarios por los beneficios que obtienen, después de las muchas bonificaciones fiscales, esté situada en un 10%, cuando los tipos impositivos medios del Impuesto de Sociedades están entre el 25 y el 30%. No es creíble que los empresarios declaren que perciben al año salarios en unos 6.000 euros menos que los trabajadores asalariados. Es una vergüenza que se consienta el fraude fiscal en España, el más alto de la UE. Uno de cada cuatro euros no paga impuestos en España mientras el Gobierno redujo en los presupuestos de 2010 un 6,1% la asignación a la Agencia Tributaria.
Hay que ir a la Huelga General porque sobran razones. Nunca en la historia de la transición española hubo un ataque tan fuerte a las conquistas sociales y a los derechos laborales de los trabajadores por parte del poder financiero, del capital. Y nunca hubo un gobierno más servil, una democracia más esclava del poder económico y una derecha política más impresentable, demagógica, oportunista y corrupta.
Es el momento de utilizar todas las energías para estar codo a codo con los sindicatos, agredidos hoy severamente por el poder empresarial que pretende acabar con la negociación colectiva, presionados por el propio Durao Barroso cuando aconsejaba aguantar en silencio el castigo de los recortes a los trabajadores, insinuando sibilinamente sistemas dictatoriales en los países mediterráneos, o las declaraciones del señor Montoro, del PP, poniendo en cuestión el derecho de huelga recogido en la Constitución Española.
Es necesario ayudar a los sindicatos a parar España el 29-S. Debemos dar razones para que la clase trabajadora se ponga en pie y convenza a otros sectores de la sociedad española que la agresión nos afecta a amplias capas de la sociedad. Una huelga popular que ayude a desterrar el miedo con el que muchos trabajadores afrontan las relaciones laborales, que nos haga sentir fuertes a quienes dependemos de nuestra fuerza de trabajo manual o intelectual para sobrevivir, que frene la escalada de recortes sociales y laborales aplicada por un gobierno entregado a los responsables de la crisis, que pretenden una salida de la misma incrementando sus tasas de beneficios en detrimento del bienestar y los derechos laborales que tanto sacrificio y sufrimiento costó conquistar a la clase trabajadora a lo largo de la historia.
Esta es la Huelga General más justa y necesaria de las convocadas en nuestro país, porque el Gobierno, apoyado, tácita o explícitamente por la derecha política y económica, en lugar de atajar las razones profundas del déficit público, combatiendo el fraude fiscal y modificando la fiscalidad para que pague más quien más gana y más tiene como dice el artículo 31 de la Constitución Española, castiga a los trabajadores y pensionistas con el tijeretazo, recorta derechos laborales, subvenciona y abarata el despido con la reforma laboral, incorpora a los comisionistas de las agencias de colocación a gestionar empleo publico, abre la puerta a romper la negociación colectiva, sigue la línea ascendente de impulsar la privatización de servicios públicos esenciales, ha iniciado la bancarización del 50% del ahorro que controlan las Cajas de Ahorro, amenaza con endurecer el acceso al sistema público de pensiones y facilitar el incremento de los planes privados para el negocio de la banca, y anuncia la implantación del copago sanitario para ir acostumbrándonos a la privatización de la sanidad pública que ya avanza en comunidades como la de Madrid.
Hay que parar España el día 29 de septiembre para decirle al Gobierno “ya basta”; para decirle que el poder financiero y los mercados no pueden poner de rodillas a los Estados y vaciar de contenido las ya amputadas y débiles democracias. Hay que parar la ola de neoliberalismo que sólo pretende rehacer el capitalismo ampliando el trozo de la tarta de la riqueza para el capital y adelgazando la parte de los trabajadores y trabajadoras y de las capas populares de la población.
El día 29 de septiembre paremos España para dar una salida social por la izquierda a la crisis. Es posible y es necesario.
A la calle, compañeros y compañeras, camaradas, a la calle que ya es hora.