El pasado 9 de septiembre se inició el curso escolar 2011-2012. Como cada año, los padres y madres tiene que hacer un tremendo esfuerzo económico para sufragar los gastos que el mismo acarrea en relación a libros de texto, uniformes, material complementario, comedor, transporte, etc. Se estima que, sólo en libros de texto, los progenitores tendrán que abonar entre 200 y 300 euros por hijo. Por tanto, se puede hablar de una verdadera “cuesta de septiembre”.
El Gobierno Regional ya inició el pasado curso una dura política de recortes en la educación pública que afectó, principalmente, a la remuneración económica del profesorado. Para el presente ejercicio escolar se seguirá “aplicando la tijera”. En esta ocasión, se reducen drásticamente las ayudas a las familias para la adquisición de libros de texto, suprimiendo el bono libro por la concesión de becas a las rentas más bajas. De los 16 millones de euros presupuestados para este menester en 2010, se pasará a 6 millones en el presente curso. ¡Menudo derechazo!
A nivel nacional, se avecina un “otoño caliente”. Ya ha habido varias comunidades autónomas que han hecho públicos sus recortes en educación, concretamente: Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha, Navarra y Cataluña. En las citadas comunidades se ha reducido considerablemente el presupuesto educativo y se han aumentando las horas lectivas del profesorado. Esto se traduce en pérdida de interinos, aumento del número de alumnos por profesor, supresión de algunas actividades extraescolares y programas alternativos como la atención a la diversidad o el fomento de las nuevas tecnologías.
Los recortes afectan sólo a la escuela pública, que atiende al 70% del alumnado en nuestro país. Se trata del mayor recorte educativo de la historia de nuestra democracia: un total de 2.000 millones de euros menos que el año pasado. ¡Qué lejos estamos de la gratuidad de la enseñanza pública que preconiza nuestra Carta Magna!
Entiendo que estamos viviendo una crisis económica de carácter internacional, provocada por los grandes inversores y especuladores, que ahora se llaman “mercados”. Los gobiernos europeos se están viendo obligados a seguir los dictámenes del capital, que les obliga a aplicar duras medidas de ajuste para mantener un sistema del que únicamente se benefician los poderosos. Deberían ser estos últimos los que pagaran las consecuencias y no los trabajadores, como siempre sucede.
Creo que para reducir gasto público no es necesario- es más, tendrían que ser intocables- recortar en servicios básicos como sanidad, educación o prestaciones sociales. Existen otras vías que el Gobierno conoce, pero no quiere abordar.
Considero que la educación no es un gasto, sino una inversión. Cuanto más formados estén los ciudadanos, más posibilidades tendrán de participar y producir en la sociedad en la que están inmersos. Además, tendrán más posibilidades de desarrollarse humana y profesionalmente, a la vez que adquieren capacidad crítica y criterio propio. Posiblemente esto es lo que no interesa a los gobiernos neoliberales.
El Gobierno Regional ya inició el pasado curso una dura política de recortes en la educación pública que afectó, principalmente, a la remuneración económica del profesorado. Para el presente ejercicio escolar se seguirá “aplicando la tijera”. En esta ocasión, se reducen drásticamente las ayudas a las familias para la adquisición de libros de texto, suprimiendo el bono libro por la concesión de becas a las rentas más bajas. De los 16 millones de euros presupuestados para este menester en 2010, se pasará a 6 millones en el presente curso. ¡Menudo derechazo!
A nivel nacional, se avecina un “otoño caliente”. Ya ha habido varias comunidades autónomas que han hecho públicos sus recortes en educación, concretamente: Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha, Navarra y Cataluña. En las citadas comunidades se ha reducido considerablemente el presupuesto educativo y se han aumentando las horas lectivas del profesorado. Esto se traduce en pérdida de interinos, aumento del número de alumnos por profesor, supresión de algunas actividades extraescolares y programas alternativos como la atención a la diversidad o el fomento de las nuevas tecnologías.
Los recortes afectan sólo a la escuela pública, que atiende al 70% del alumnado en nuestro país. Se trata del mayor recorte educativo de la historia de nuestra democracia: un total de 2.000 millones de euros menos que el año pasado. ¡Qué lejos estamos de la gratuidad de la enseñanza pública que preconiza nuestra Carta Magna!
Entiendo que estamos viviendo una crisis económica de carácter internacional, provocada por los grandes inversores y especuladores, que ahora se llaman “mercados”. Los gobiernos europeos se están viendo obligados a seguir los dictámenes del capital, que les obliga a aplicar duras medidas de ajuste para mantener un sistema del que únicamente se benefician los poderosos. Deberían ser estos últimos los que pagaran las consecuencias y no los trabajadores, como siempre sucede.
Creo que para reducir gasto público no es necesario- es más, tendrían que ser intocables- recortar en servicios básicos como sanidad, educación o prestaciones sociales. Existen otras vías que el Gobierno conoce, pero no quiere abordar.
Considero que la educación no es un gasto, sino una inversión. Cuanto más formados estén los ciudadanos, más posibilidades tendrán de participar y producir en la sociedad en la que están inmersos. Además, tendrán más posibilidades de desarrollarse humana y profesionalmente, a la vez que adquieren capacidad crítica y criterio propio. Posiblemente esto es lo que no interesa a los gobiernos neoliberales.
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