El pasado martes, día 30, las Cortes aprobaron, con el voto mayoritario del PPSOE, la reforma de la Constitución Española en su artículo 135, referido a la capacidad de endeudamiento del Estado. Con la nueva redacción del mismo, todas las Administraciones Públicas verán limitada su posibilidad de contraer déficit, que deberá estar sujeto a las condiciones que establezca la Unión Europea.
Se trata de una reforma impuesta por los famosos “mercados”: Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y otras organizaciones internacionales. En una palabra, es una imposición del capital a los gobiernos, supuestamente democráticos, para demostrarles quien manda realmente.
Esta modificación se hace de espaldas a la ciudadanía, en época estival, de forma precipitada, con un Parlamento en funciones y un Gobierno con sus horas contadas -ya están anunciadas unas elecciones generales para el próximo día 20 de noviembre-. De esta manera, los dos partidos mayoritarios afianzan su bipartidismo, desprecian cualquier alternativa y rompen el consenso con el que se aprobó nuestra Carta Magna en 1978.
Esta actitud prepotente del PPSOE hace un flaco favor a la democracia, y nos indigna aún más de lo que ya estamos. Con ella, demuestran lo poco que les importa la participación ciudadana y que únicamente se acuerdan de nosotros cuando les interesa. Nos montan el circo cada cuatro años para consolidar su alternancia en el poder. Ni se les pasa por la cabeza modificar la Ley Electoral.
En el fondo de esta cuestión se esconde el interés del capital privado por ampliar su campo de negocio. Si se consigue que las Administraciones Públicas no puedan endeudarse para garantizar servicios básicos y fundamentales como educación, sanidad, vivienda, atención social, infraestructuras básicas, etc., será la iniciativa privada la que se encargue de ello. De esta forma se impondrá su ley de oferta y demanda, o lo que es lo mismo “tanto tienes tanto vales”. Lamentablemente, cada vez queda más claro que nuestros gobiernos no están al servicio de los ciudadanos sino al del poder económico. Hemos puesto a los lobos a cuidar el rebaño.
Lo que más me indigna es que nos quieran vender esta reforma constitucional como un favor a los españoles, cuando en realidad lo que hacen es apretarnos más las tuercas. Tendremos más impuestos y menos servicios, para que no se enfaden los “mercados”. Creo que hay otras soluciones para recortar el gasto público que no afectarían a los servicios básicos anteriormente referidos. Me refiero a infraestructuras y obras públicas faraónicas como algunas líneas de AVE, aeropuertos fantasmas, autopistas radiales innecesarias, televisiones autonómicas partidistas, etc. También sobran concejalías, diputaciones, consejerías, direcciones generales o algún ministerio, cuya utilidad es más que dudosa.
En Alhama no somos ajenos a estas cuestiones. En el último pleno ya pudimos asistir a la aprobación, por el actual gobierno municipal PP-CCD, de un Plan económico que nos augura “mas por menos”, es decir, más impuestos y tasas por menos servicios e inversiones. Menos mal que en la campaña electoral de hace dos meses nos prometían rebajar la presión fiscal y que nos lloverían las ayudas desde la Comunidad Autónoma.
Se trata de una reforma impuesta por los famosos “mercados”: Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y otras organizaciones internacionales. En una palabra, es una imposición del capital a los gobiernos, supuestamente democráticos, para demostrarles quien manda realmente.
Esta modificación se hace de espaldas a la ciudadanía, en época estival, de forma precipitada, con un Parlamento en funciones y un Gobierno con sus horas contadas -ya están anunciadas unas elecciones generales para el próximo día 20 de noviembre-. De esta manera, los dos partidos mayoritarios afianzan su bipartidismo, desprecian cualquier alternativa y rompen el consenso con el que se aprobó nuestra Carta Magna en 1978.
Esta actitud prepotente del PPSOE hace un flaco favor a la democracia, y nos indigna aún más de lo que ya estamos. Con ella, demuestran lo poco que les importa la participación ciudadana y que únicamente se acuerdan de nosotros cuando les interesa. Nos montan el circo cada cuatro años para consolidar su alternancia en el poder. Ni se les pasa por la cabeza modificar la Ley Electoral.
En el fondo de esta cuestión se esconde el interés del capital privado por ampliar su campo de negocio. Si se consigue que las Administraciones Públicas no puedan endeudarse para garantizar servicios básicos y fundamentales como educación, sanidad, vivienda, atención social, infraestructuras básicas, etc., será la iniciativa privada la que se encargue de ello. De esta forma se impondrá su ley de oferta y demanda, o lo que es lo mismo “tanto tienes tanto vales”. Lamentablemente, cada vez queda más claro que nuestros gobiernos no están al servicio de los ciudadanos sino al del poder económico. Hemos puesto a los lobos a cuidar el rebaño.
Lo que más me indigna es que nos quieran vender esta reforma constitucional como un favor a los españoles, cuando en realidad lo que hacen es apretarnos más las tuercas. Tendremos más impuestos y menos servicios, para que no se enfaden los “mercados”. Creo que hay otras soluciones para recortar el gasto público que no afectarían a los servicios básicos anteriormente referidos. Me refiero a infraestructuras y obras públicas faraónicas como algunas líneas de AVE, aeropuertos fantasmas, autopistas radiales innecesarias, televisiones autonómicas partidistas, etc. También sobran concejalías, diputaciones, consejerías, direcciones generales o algún ministerio, cuya utilidad es más que dudosa.
En Alhama no somos ajenos a estas cuestiones. En el último pleno ya pudimos asistir a la aprobación, por el actual gobierno municipal PP-CCD, de un Plan económico que nos augura “mas por menos”, es decir, más impuestos y tasas por menos servicios e inversiones. Menos mal que en la campaña electoral de hace dos meses nos prometían rebajar la presión fiscal y que nos lloverían las ayudas desde la Comunidad Autónoma.
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