Desde que se inició la profunda crisis económica que está sufriendo nuestro país, provocada por el afán especulativo de promotores inmobiliarios y entidades financieras, se cuentan por centenares de mil las familias españolas que han sido arrojadas a la “P. calle” por la imposibilidad de hacer frente al pago de su hipoteca.
En gran parte de los casos, las personas han sido víctimas de un fraude propiciado por las entidades de crédito que, después de facilitar préstamos alegremente y sin grandes exigencias, aplicaron cláusulas abusivas en los contratos. Además, inflaron el precio de los inmuebles adjudicándoles tasaciones desorbitadas, a las que sólo se podía hacer frente con plazos de más de 40 años que hipotecaban a varias generaciones.
Los desahucios siempre han existido, pero nunca han tenido tanto eco en la sociedad como en los últimos tiempos. Hemos empezado a tomar conciencia de la seriedad del problema cuando éstos afectan a tantas personas que es imposible ocultarlos. Mientras que los desalojados eran los de siempre, es decir, las personas más vulnerables (inmigrantes, obreros, marginados, etc.) nadie se echaban las manos a la cabeza, y los que se preocupaban por estos asuntos eran “los rojillos de siempre”. La alarma ha empezado a cundir cuando el problema de la precariedad laboral y los impagos se ha extendido de los “currantes” a aquellos que se consideraban “clase media”.
A partir del 2010 empezaron a surgir iniciativas de todo tipo para frenar el avance imparable de los desahucios. Los afectados empezaron a organizarse creando plataformas para defenderse de la presión ejercida por los bancos y frenar, a pie de calle, las actuaciones judiciales. En Alhama, sin ir más lejos, hemos asistido a la paralización de uno de ellos en el Barrio de Vercasas.
Durante el 2011 los partidos de izquierdas presentaron en el Congreso, hasta en dos ocasiones, proposiciones de ley reclamando un cambio en la legislación hipotecaria, en el sentido de obligar a las entidades bancarias a aceptar la dación en pago. Estas propuestas fueron rechazadas por PP y PSOE. La Federación de Municipios y Jueces para la Democracia reclamaron posteriormente que se debatiese en el Parlamento la reforma de la Ley Hipotecaria. También se promovió, por parte de diversos colectivos sociales, una iniciativa legislativa popular que promoviera el cambio de la ley en el mismo sentido indicado. Además, se realizaron manifestaciones en más de 50 ciudades españolas y, recientemente, la Marcha de Parados que ha recorrido la Región de Murcia, recalando en su día en nuestra localidad.
La desesperación de las personas al verse con la familia en la calle, sin techo y endeudados con el banco de por vida, está provocando episodios dramáticos a diario –los datos hablan de 500 desahucios al día-. En las últimas fechas, han trascendido los suicidios en diversos puntos de la geografía española, el más reciente el pasado viernes en Euskadi. Parece que debido a ello las conciencias de algunos banqueros y políticos de PP y PSOE han empezado a removerse, y no tienen ningún empacho en enarbolar la bandera de la solidaridad con los afectados “amenazando” con pactar una solución. Por supuesto, como de costumbre, sin contar con las plataformas de afectados ni con el resto de grupos políticos. Me huele a “pasteleo” entre el PPSOE y los banqueros.
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