La crisis que estamos viviendo ha agudizado las diferencias entre las distintas clases sociales. Muchas familias, que nunca habían pensado que atravesarían dificultades económicas, se han visto abocadas a vivir situaciones de extrema necesidad.
En nuestro país, la pobreza y la exclusión social avanzan a pasos agigantados. Las cifras nos indican que ya son más de 12 millones de personas las que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. Se hace imprescindible ayudar desde todas las instituciones públicas a quienes están viviendo esta dramática situación.
En los últimos tiempos, instituciones que ya venían funcionando desde mediados de los 90 han cobrado protagonismo y actualidad por lo demandadas que están sus prestaciones. Me refiero a los más de 50 bancos de alimentos que existen en nuestro país, distribuidos entre las principales ciudades. Estas organizaciones sin ánimo de lucro se encargan de recuperar los excedentes de alimentos generados por la sociedad de consumo, para repartirlos entre los más necesitados a través de los centros asistenciales e instituciones benéficas.
En el último pleno celebrado en nuestro Ayuntamiento se aprobó, por unanimidad de todos los concejales, una propuesta de IU-Verdes en la que se instaba a las distintas administraciones a emprender actuaciones encaminadas a favorecer la implantación y el buen funcionamiento de los bancos de alimentos. En Alhama concretamente, se insta a negociar con los supermercados para llegar a acuerdos que permitan el aprovechamiento de los alimentos aptos para el consumo y próximos a caducar, evitando su destrucción sin que nadie se aproveche. De igual manera, se solicita la realización de acuerdos de colaboración con los agricultores para que donen los productos excedentes o no recolectados.
La existencia de bancos de alimentos es una prueba evidente del mal reparto de la riqueza propiciado por la sociedad de consumo en los países desarrollados. Si hablamos de un umbral de la pobreza, sea cual sea la medida que se tome como referencia, es porque existen pobres y ricos. Mientras esto sea así, no habremos conseguido una sociedad justa y equitativa.
Por otra parte, considero que la existencia de entidades que procuran paliar las injusticias sociales demuestra el fracaso del Estado, como garante de los derechos humanos. Tengo la sensación de que estas organizaciones, cuya labor es encomiable, “sacan las castañas del fuego” al sistema, actuando como válvula de escape que evita el estallido social. Con las cifras que tenemos de parados, desahuciados, economía sumergida, trabajo precario, corrupción, etc., es un auténtico milagro que los ciudadanos salgamos a la calle sólo con pancartas, demostrando que “tenemos más cabeza” que quienes nos gobiernan.
Que somos más pacíficos y tenemos más sentido de la responsabilidad que quienes nos gobiernan, no es una afirmación gratuita. Sólo hay que ver, día sí y día también, las provocaciones de quienes ostentan tareas de gobierno o representación política, reflejadas en las violentas imágenes de los medios de comunicación cuando se trata de echar a la gente de su casa o reprimir las manifestaciones ciudadanas, y que contrastan con la alfombra roja que se extiende al paso de los corruptos o ladrones de guante blanco. La “guinda” la ha puesto esta semana, nuevamente, la Delegada del Gobierno de Madrid intentando relacionar a la representante de los desahuciados con el terrorismo.
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