Artículo de Damián Rubio Publicado en Infolínea.
El Partido Popular, en solitario,
aprobó la Ley de Transparencia de la
Región de Murcia en diciembre de 2014. Una Ley que nació en un contexto complicado
para alcanzar el consenso, ya que estábamos en fechas próximas a las Elecciones
Municipales y Autonómicas y con diferentes cargos públicos del PP involucrados
en procesos judiciales relacionados con la corrupción. Entre ellos, Pedro
Antonio Sánchez, su candidato a presidir el Gobierno Regional.
Los principales argumentos de
PSOE e IU, en la Asamblea Regional, para no apoyar el texto final de la Ley estaban
relacionados con las medidas a adoptar con los imputados en procesos
judiciales, los procedimientos de contratación, el acceso a los expedientes
urbanísticos y la tramitación de licencias ambientales. También solicitaban que abarcase a las
entidades que perciben subvenciones públicas mediante conciertos.
El pasado, lunes 28 de septiembre,
se conmemoraba el Día Internacional de
la Transparencia y el Derecho a Saber. Coincidiendo con el mismo, el Consejo de Transparencia de la Región de
Murcia celebraba su primera reunión de trabajo en la Asamblea Regional, y el
Presidente de este Consejo, José Molina, visitaba nuestro Consistorio esa misma
tarde, circunstancia que aprovechó para asistir a una asamblea extraordinaria
de la Junta Local de Participación Ciudadana de Alhama.
Antes del inicio de la Asamblea
tuvo lugar un acto protocolario de adhesión al Manifiesto por la Transparencia,
así como una disertación de José Molina sobre la transparencia, en la que
insistió en la necesidad de trabajar para acabar con la opacidad desde la
Administración e impulsar la participación ciudadana.
El mencionado Manifiesto señala
que “es esencial que los ciudadanos puedan acceder a los datos públicos de sus
Administraciones para participar de manera real y efectiva en los asuntos que
les afectan”. También, que la Declaración de Derechos Humanos y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos ha consagrado el derecho de toda
persona a recibir información. Un derecho que implica dos obligaciones claves
para los gobiernos: publicar y repartir la información de lo que están haciendo
los diferentes organismos públicos y recibir las solicitudes de información de
los ciudadanos, a las que están
obligados a responder.
Ya expresé en el artículo de la
semana pasada que se están dando algunos pasos en este Ayuntamiento, con la
aprobación por unanimidad del Pleno de propuestas como: el Código de Buen
Gobierno Local, el cumplimiento de los 80 Indicadores de Transparencia
Internacional o la adhesión a la red de entidades locales para la transparencia
y participación ciudadana.
Sin embargo, y como expusieron
algunos de los escasos asistentes a la Asamblea de la Junta Local de
Participación Ciudadana, hay mucho por hacer y que mejorar. También expresaron
su queja por el escaso margen entre la
convocatoria y la celebración de la Asamblea,
así como el poco acertado horario de la misma.
Por cierto, en la web municipal, con la foto y
nota de prensa correspondientes, sólo se hace referencia a que "el
ayuntamiento de Alhama es el primero de la Región en adherirse al manifiesto
del Día Internacional de la Transparencia y el Derecho a Saber", pero no
se menciona la Asamblea anteriormente referida. Esto no incentiva la asistencia
a la próxima.
Damián Rubio es Coordinador Local de IU-Verdes Alhama.
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