Recientemente, ha aparecido en
los medios de comunicación el acuerdo alcanzado entre Gobierno y el Grupo
Parlamentario de Unidos Podemos sobre los Presupuestos Generales del Estado
para 2019. El mismo ha sido posible al concretarse una serie de medidas que
favorecen a la clase trabajadora y revierten la dura política de recortes
aplicada por los gobiernos de Rajoy.
Entre las medidas de mayor calado
destacan la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 €, lo que
supone un 22 % respecto al actual; la revalorización de las pensiones en
función del Índice de Precios al Consumo (IPC), además de la mejora del 3% en
las de menor importe y no contributivas; la subida de un 40 %, respecto al
actual presupuesto, en las cuantías para atender a personas dependientes; y la disminución
de los privilegios fiscales a las grandes empresas y a las rentas más altas.
Sin duda, este acuerdo supone un
gran paso de cara a la aprobación de los presupuestos del próximo año, pero no
resulta suficiente para sumar la mayoría necesaria en el Congreso. Para que sea
una realidad, tendrán que respaldarlo todas las fuerzas políticas que en su
momento apoyaron el desalojo de la derecha corrupta del gobierno nacional,
mediante una moción de censura. Habría que mantener ese mismo espíritu para
aprobar unos presupuestos que favorezcan a la mayoría social.
La derecha económica y política
de este país no ha tardado en reaccionar. Desde el minuto uno, posterior a la
moción de censura, ha centrado su actuación en los ataques personales a
miembros del Ejecutivo con el objetivo de desestabilizar y forzar unas
elecciones anticipadas, en las que auguran buenos resultados. De todos es
sabido que la derecha se considera la única legitimada para regir los “destinos
patrios”. Cuando democráticamente se les desaloja, nos atemorizan expresando
que el país está en manos de okupas, radicales y populistas, que tienen como
principal finalidad romper la unidad de España.
Para conseguir su objetivo, que
no es otro que volver a gobernar a costa de lo que sea, la derecha no duda en
apropiarse de los símbolos comunes de todos los españoles: Constitución,
bandera, himno, fuerzas de seguridad,
etc. En su mentalidad no cabe que un ciudadano se pueda sentir español sin
necesidad de exhibir, de forma radical, su fidelidad a símbolos o
instituciones. En los últimos tiempos estamos asistiendo a una “lucha
encarnizada y vergonzosa” por ver quién la tiene “más grande”, en lo que se
refiere a españolidad.
Yo me pregunto quién es más
español, el que utiliza y enarbola la bandera para apoyar y defender a
corruptos y defraudadores, rescatadores de bancos y autopistas, impulsores de
desahucios y recortes en servicios básicos, supresores de libertades y derechos
democráticos; o el que en su día a día cumple con sus obligaciones tributarias,
laborales y sociales, sin hacer ostentación de banderas ni patriotismos,
luchando por conseguir una sociedad más justa. Como decía Bob Dylan: “la
respuesta está en el viento”. Ese viento del pueblo al que se refería Miguel
Hernández, que unifica a todos los españoles, es el que nos tiene que empujar
para conseguir mayor equidad y justicia social.
Damián Rubio es Coordinador Local de IU-Verdes Alhama
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