miércoles, 25 de noviembre de 2020

Moción con motivo del 25N: Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres


Este 2020 está marcado por la pandemia del Covid-19 y la crisis social y económica. Esta situación, vuelve a evidenciar las desigualdades de género que sostienen a un sistema que no protege, ni ofrece vidas dignas y seguras a las mujeres. La situación de confinamiento, las limitaciones a la movilidad y las consecuencias de las medidas tomadas para hacer frente al coronavirus, han intensificado violencias machistas.

Muchas mujeres se han encontrado encerradas con sus maltratadores en una especial situación de vulnerabilidad e incertidumbre. Durante las primeras seis semanas de cuarentena se han realizado más de 4.000 detenciones por violencia machista, además vemos un aumento de más del 50% del uso telefónico del 016 y de más de un 100% de su uso online. Según los datos del Ministerio de Igualdad, las llamadas al número 016 se han incrementado en el mes de abril un 60% con respecto a abril de 2019, y las consultas online se han incrementado ese mismo mes casi un 600% comparado con abril del año anterior.

Asimismo, la pandemia del COVID-19 ha resaltado las diferentes brechas de género que siguen existiendo en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Durante este periodo, las mujeres han sido las protagonistas, tanto en el ámbito sanitario —siendo ellas la inmensa mayoría de personas trabajadoras— como en el ámbito de los cuidados, viviendo situaciones de precariedad y riesgo para la salud para las empleadas del hogar y atención domiciliaria.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), las mujeres son mayoritarias en los puestos de primera línea de combate de la epidemia. Ellas representan el 51% del personal médico, el 84% de enfermería, el 72% en farmacia, el 82% en psicología y un 85% del personal que trabaja en las residencias de mayores y personas dependientes donde se han dado las peores cifras de fallecimientos. También son mayoritarias en otros servicios esenciales como son el comercio y la alimentación, la limpieza de hospitales y representan la práctica totalidad de las empleadas del hogar de los cuidados.

A esto se suma la mayor carga de las mujeres en las tareas de cuidados. El 70% de estas tareas son realizadas por las mujeres y en este contexto de coronavirus han sufrido una mayor sobrecarga tanto por las condiciones laborales del teletrabajo, como por el cuidado del hogar, menores y personas dependientes. Esta sobrecarga de trabajo no se ha visto respondida con mecanismos de corresponsabilidad desde todos los ámbitos: administraciones, empresas y hogares. Especialmente afectadas están las familias monoparentales, de las que ocho de cada diez tienen a una mujer al frente.

Por otro lado, se estima que la nueva crisis económica va a afectar más a las mujeres más vulnerables que, en muchos casos, dependen económicamente de sus parejas. Frente a esta situación, se han elaborado pactos por la recuperación económica en todos los niveles de la administración para incidir y compensar los efectos de la pandemia. Pero diversos expertos, expertas y organismos nacionales e internacionales (Ministerio de Igualdad, ONU, PNUD, etc.) están alertando de que en épocas de crisis el enfoque de género es uno de los puntos que las administraciones tachan de su agenda, mientras que precisamente es en estas crisis cuando debemos reforzar nuestra mirada hacia las mujeres y las niñas, para poder paliar el daño real causado a todos los niveles de sus vidas.

Y es ente sentido donde es imprescindible aplicar la perspectiva de género como herramienta de análisis que nos permite introducir cambios reales y concretos hacia la construcción de una sociedad igualitaria. Algo que debería estar presente en cualquier plan de reconstrucción para evitar un retroceso en los derechos adquiridos.

Las crisis anteriores han incrementado las desigualdades y discriminaciones. La mayoría de mujeres se encuentran en las posiciones más precarias y vulnerables tanto en el aspecto laboral como en el social. Esta crisis no la vamos a pagar nosotras, necesitamos políticas que pongan la protección de las personas en el centro, especialmente las más vulnerables y las que van a sufrir las peores consecuencias.

Por todo ello, es urgente la puesta en marcha y profundización de las actuaciones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para desplegar ya medidas y políticas igualitarias en esta situación de crisis multidimensional. Y a su vez, para ello es fundamental un replanteamiento de nuestros servicios públicos que estando heridos de muerte, no pueden atendernos ni garantizar nuestros derechos y proteger nuestras vidas. Necesitamos una apuesta clara por la ampliación de recursos y reestructuración de lo público y lo común.

Pero a esta situación de crisis, se suman otras que describen una realidad preocupante, como es la situación de las y los menores ante las violencias machistas. Según los datos del Informe de Menores y Violencia de Género el 24% de la juventud en nuestro país entre 14 y 18 años ha sido testigo de episodios de violencia machista hacia su madre y, de ellos, el 77% confiesa que ha sido maltratado/a directamente por el mismo agresor, de los cuales el 70% era su padre.

Estamos viviendo un colapso de unos servicios jurídicos, sociales y sanitarios precarizados y recortados ya antes de la crisis del Coronavirus, que no pueden pagar las víctimas de violencias machistas. Debemos resolver de forma urgente el acceso, la ampliación de tiempo, derechos y medidas de protección a las mujeres que consiguen la acreditación de víctima de Violencia de Género. La vigencia de dos años para todas las actuaciones (sin estimar tiempos diferentes para diferentes actuaciones) no es suficiente para que una mujer rehaga su vida y pueda acceder a los diferentes recursos que plantea la ley, en cuanto a cuestiones laborales, de formación (como las oposiciones) y otras medidas de apoyo sociolaboral.

Y por último, consideramos urgente el reconocimiento de todas las violencias machistas que afectan de forma incisiva en la vida de las mujeres y fomentan la cultura de la violación y la violencia.

Por todo ello, consideramos necesario:

Que se modifique la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género ampliando la propia definición de violencia de género, cumpliendo con lo ratificado dentro el Convenio de Estambul en 2014. Es decir, que se incluyan las violencias contra las mujeres fuera del ámbito de la pareja o expareja, que se incorpore la violencia sexual, laboral, institucional y también que se incorporen los vientres de alquiler y la prostitución como violencia de género.

Que se desarrolle una Ley Integral para luchar contra la Trata de Seres Humanos, que además de prevenir y perseguir esta lacra y a las redes de delincuentes que se lucran con esta «esclavitud moderna», contenga un plan de integración para las miles de víctimas, la mayor parte mujeres y niñas, aún sin cuantificar en el Estado español, que es uno de los principales destinos europeos de las migrantes captadas por las redes para ejercer la prostitución.

Que en la comisión sectorial de igualdad se amplíe el tiempo de acreditación de víctima de violencia de género para posibilitar su inclusión en procesos de incorporación sociolaboral.

Realizar un informe de impacto de género de las propuestas recogidas en los planes de reconstrucción para incluir los factores de corrección necesarios para evitar aumentar los desequilibrios de género existentes.

Impulsar planes de igualdad con suficientes recursos humanos y materiales. Así como mejorar los datos para la sensibilización social y la planificación y evaluación de las políticas de igualdad.

Evaluar la puesta en marcha del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en las entidades locales y autonómicas para garantizar que se está utilizando de manera adecuada y los objetivos que se están trabajando

Implementar la educación afectivo-sexual y contra la discriminación y violencia de género desde la óptica feminista y desde la diversidad en todas las fases educativas.

Reforzar las actuaciones con menores en contexto de violencia de género y las actuaciones de los puntos de encuentro para adecuarse al contexto.

Desarrollar planes de formación y sensibilización contra la violencia de género de obligado cumplimiento al personal sanitario, educativo, jurídico y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con cursos mantenidos en el tiempo, actualizados y evaluables.

Fortalecer la red pública de atención a las víctimas internalizando los servicios de atención directa, de acogida y la atención del teléfono de atención a la violencia para posibilitar empleos dignos como primer paso para la buena atención, información y asistencia de las víctimas de VG.

Desarrollar y profundizar en las campañas de concienciación e información específicas para el contexto actual, implicando a los entornos cercanos a las mujeres que sufren la violencia para que las apoyen y comuniquen la situación a las administraciones correspondientes.

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