Este 2020 está marcado por la pandemia del Covid-19 y la crisis social y económica. Esta situación, vuelve a evidenciar las desigualdades de género que sostienen a un sistema que no protege, ni ofrece vidas dignas y seguras a las mujeres. La situación de confinamiento, las limitaciones a la movilidad y las consecuencias de las medidas tomadas para hacer frente al coronavirus, han intensificado violencias machistas.
Muchas mujeres se han encontrado
encerradas con sus maltratadores en una especial situación de vulnerabilidad e
incertidumbre. Durante las primeras seis semanas de cuarentena se han realizado
más de 4.000 detenciones por violencia machista, además vemos un aumento de más
del 50% del uso telefónico del 016 y de más de un 100% de su uso online. Según
los datos del Ministerio de Igualdad, las llamadas al número 016 se han
incrementado en el mes de abril un 60% con respecto a abril de 2019, y las
consultas online se han incrementado ese mismo mes casi un 600% comparado con
abril del año anterior.
Asimismo, la pandemia del
COVID-19 ha resaltado las diferentes brechas de género que siguen existiendo en
todos los ámbitos de nuestra sociedad. Durante este periodo, las mujeres han
sido las protagonistas, tanto en el ámbito sanitario —siendo ellas la inmensa
mayoría de personas trabajadoras— como en el ámbito de los cuidados, viviendo
situaciones de precariedad y riesgo para la salud para las empleadas del hogar
y atención domiciliaria.
Según los datos de la Encuesta de
Población Activa (EPA), las mujeres son mayoritarias en los puestos de primera
línea de combate de la epidemia. Ellas representan el 51% del personal médico,
el 84% de enfermería, el 72% en farmacia, el 82% en psicología y un 85% del
personal que trabaja en las residencias de mayores y personas dependientes
donde se han dado las peores cifras de fallecimientos. También son mayoritarias
en otros servicios esenciales como son el comercio y la alimentación, la
limpieza de hospitales y representan la práctica totalidad de las empleadas del
hogar de los cuidados.
A esto se suma la mayor carga de
las mujeres en las tareas de cuidados. El 70% de estas tareas son realizadas
por las mujeres y en este contexto de coronavirus han sufrido una mayor
sobrecarga tanto por las condiciones laborales del teletrabajo, como por el
cuidado del hogar, menores y personas dependientes. Esta sobrecarga de trabajo
no se ha visto respondida con mecanismos de corresponsabilidad desde todos los
ámbitos: administraciones, empresas y hogares. Especialmente afectadas están
las familias monoparentales, de las que ocho de cada diez tienen a una mujer al
frente.
Por otro lado, se estima que la
nueva crisis económica va a afectar más a las mujeres más vulnerables que, en
muchos casos, dependen económicamente de sus parejas. Frente a esta situación,
se han elaborado pactos por la recuperación económica en todos los niveles de
la administración para incidir y compensar los efectos de la pandemia. Pero
diversos expertos, expertas y organismos nacionales e internacionales
(Ministerio de Igualdad, ONU, PNUD, etc.) están alertando de que en épocas de
crisis el enfoque de género es uno de los puntos que las administraciones
tachan de su agenda, mientras que precisamente es en estas crisis cuando
debemos reforzar nuestra mirada hacia las mujeres y las niñas, para poder
paliar el daño real causado a todos los niveles de sus vidas.
Y es ente sentido donde es
imprescindible aplicar la perspectiva de género como herramienta de análisis
que nos permite introducir cambios reales y concretos hacia la construcción de
una sociedad igualitaria. Algo que debería estar presente en cualquier plan de
reconstrucción para evitar un retroceso en los derechos adquiridos.
Las crisis anteriores han
incrementado las desigualdades y discriminaciones. La mayoría de mujeres se
encuentran en las posiciones más precarias y vulnerables tanto en el aspecto
laboral como en el social. Esta crisis no la vamos a pagar nosotras,
necesitamos políticas que pongan la protección de las personas en el centro,
especialmente las más vulnerables y las que van a sufrir las peores
consecuencias.
Por todo ello, es urgente la
puesta en marcha y profundización de las actuaciones del Pacto de Estado contra
la Violencia de Género para desplegar ya medidas y políticas igualitarias en
esta situación de crisis multidimensional. Y a su vez, para ello es fundamental
un replanteamiento de nuestros servicios públicos que estando heridos de
muerte, no pueden atendernos ni garantizar nuestros derechos y proteger
nuestras vidas. Necesitamos una apuesta clara por la ampliación de recursos y
reestructuración de lo público y lo común.
Pero a esta situación de crisis,
se suman otras que describen una realidad preocupante, como es la situación de
las y los menores ante las violencias machistas. Según los datos del Informe de
Menores y Violencia de Género el 24% de la juventud en nuestro país entre 14 y
18 años ha sido testigo de episodios de violencia machista hacia su madre y, de
ellos, el 77% confiesa que ha sido maltratado/a directamente por el mismo agresor,
de los cuales el 70% era su padre.
Estamos viviendo un colapso de
unos servicios jurídicos, sociales y sanitarios precarizados y recortados ya
antes de la crisis del Coronavirus, que no pueden pagar las víctimas de
violencias machistas. Debemos resolver de forma urgente el acceso, la
ampliación de tiempo, derechos y medidas de protección a las mujeres que
consiguen la acreditación de víctima de Violencia de Género. La vigencia de dos
años para todas las actuaciones (sin estimar tiempos diferentes para diferentes
actuaciones) no es suficiente para que una mujer rehaga su vida y pueda acceder
a los diferentes recursos que plantea la ley, en cuanto a cuestiones laborales,
de formación (como las oposiciones) y otras medidas de apoyo sociolaboral.
Y por último, consideramos
urgente el reconocimiento de todas las violencias machistas que afectan de
forma incisiva en la vida de las mujeres y fomentan la cultura de la violación
y la violencia.
Por todo ello, consideramos
necesario:
Que se modifique la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género ampliando la propia definición de
violencia de género, cumpliendo con lo ratificado dentro el Convenio de
Estambul en 2014. Es decir, que se incluyan las violencias contra las mujeres
fuera del ámbito de la pareja o expareja, que se incorpore la violencia sexual,
laboral, institucional y también que se incorporen los vientres de alquiler y
la prostitución como violencia de género.
Que se desarrolle una Ley
Integral para luchar contra la Trata de Seres Humanos, que además de prevenir y
perseguir esta lacra y a las redes de delincuentes que se lucran con esta
«esclavitud moderna», contenga un plan de integración para las miles de
víctimas, la mayor parte mujeres y niñas, aún sin cuantificar en el Estado
español, que es uno de los principales destinos europeos de las migrantes
captadas por las redes para ejercer la prostitución.
Que en la comisión sectorial de igualdad se amplíe el tiempo de
acreditación de víctima de violencia de género para posibilitar su inclusión en
procesos de incorporación sociolaboral.
Realizar un informe de impacto de
género de las propuestas recogidas en los planes de reconstrucción para incluir
los factores de corrección necesarios para evitar aumentar los desequilibrios
de género existentes.
Impulsar planes de igualdad con
suficientes recursos humanos y materiales. Así como mejorar los datos para la
sensibilización social y la planificación y evaluación de las políticas de
igualdad.
Evaluar la puesta en marcha del
Pacto de Estado contra la Violencia de Género en las entidades locales y
autonómicas para garantizar que se está utilizando de manera adecuada y los
objetivos que se están trabajando
Implementar la educación
afectivo-sexual y contra la discriminación y violencia de género desde la
óptica feminista y desde la diversidad en todas las fases educativas.
Reforzar las actuaciones con
menores en contexto de violencia de género y las actuaciones de los puntos de
encuentro para adecuarse al contexto.
Desarrollar planes de formación y
sensibilización contra la violencia de género de obligado cumplimiento al
personal sanitario, educativo, jurídico y a las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado, con cursos mantenidos en el tiempo, actualizados y evaluables.
Fortalecer la red pública de
atención a las víctimas internalizando los servicios de atención directa, de
acogida y la atención del teléfono de atención a la violencia para posibilitar
empleos dignos como primer paso para la buena atención, información y asistencia
de las víctimas de VG.
Desarrollar y profundizar en las
campañas de concienciación e información específicas para el contexto actual,
implicando a los entornos cercanos a las mujeres que sufren la violencia para
que las apoyen y comuniquen la situación a las administraciones
correspondientes.
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