El pasado mes de julio el Ejecutivo Rajoy hizo público su anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, con el que pretende, entre otras medidas, la reducción del 30 % en el número de concejales. Se trata de una medida populista que se lanzó al mismo tiempo que el último paquete de recortes y subida de impuestos, con la intención de convencernos de que reducir concejales equivale a disminuir el gasto en los ayuntamientos.
La propuesta del Sr. Rajoy supone implícitamente una modificación de la Ley Electoral de cara a las próximas elecciones municipales, con lo cual no supone una reducción a corto plazo de gasto. Además, una vez que se haga efectiva esta reforma, tampoco se garantiza un ahorro en el presupuesto destinado a retribuir a los concejales, sino simplemente una reducción en el número de ellos que favorece únicamente a los partidos mayoritarios.
Como la propuesta consiste en la reducción en un 30% del número actual de concejales, Alhama pasaría de tener 21 a 15, si finalmente se lleva a cabo esta modificación. De esta manera, al haber menos escaños en litigio, a los partidos menos votados les resultará más costoso obtener uno de ellos. A los números me remito: con los mismos resultados de las últimas elecciones municipales de mayo de 2011, el PP obtendría, con el 37 % de los votos, 7 concejales; el PSOE, con el 26%, 4 concejales; CCD e IU, con el 15 % cada uno de ellos, obtendrían 2. Como se puede observar, se agudiza la injusticia del sistema de reparto propiciado por nuestra Ley Electoral, que vuelve a favorecer a las mayorías en detrimento de las opciones minoritarias, cuya representación en las instituciones locales pasaría a ser simbólica o, en el peor de los casos, nula.
Con este nuevo sistema se favorece el bipartidismo y se eliminan “las moscas cojoneras”, que en la mayor parte de las ocasiones son quienes animan el debate político y trasladan a la opinión pública la mala gestión de sus gobernantes.
Como ya he mencionado, la reducción del número de concejales no tiene por qué traducirse en ahorro. Partiendo de la base de que las necesidades de nuestro Consistorio son las mismas porque la población y el territorio se mantienen, podría llegarse a la conclusión de que la supresión de concejales exigiría una mayor dedicación de los mismos y, por tanto, mayores retribuciones. Por otra parte, la reducción de concejales de la oposición no supone prácticamente ningún ahorro económico, ya que sólo cobran por asistencia a plenos.
A nadie se le escapa que el verdadero ahorro estaría en la reducción del coste del equipo de gobierno. Para ello, habría que plantearse cuántos concejales “con cartera” necesita este Ayuntamiento: ¿todos los componentes del partido ganador o partidos pactantes, o sólo los que realmente sean necesarios para gobernar? Creo que en los últimos años el equipo gobernante, al repartirse sueldos y concejalías, ha tenido más en cuenta los intereses personales y partidistas que el interés general de los alhameños. Me parece que el objetivo real de esta reforma electoral, “que nos quieren colar por la puerta de atrás”, es favorecer descaradamente el bipartidismo y reducir las posibilidades de que los pequeños partidos o agrupaciones vecinales puedan formar parte de los ayuntamientos. De esta forma, están garantizados un menor control y supervisión de la gestión del equipo gobernante por parte de la oposición. Creo que esto es un auténtico atentado a la democracia.
La propuesta del Sr. Rajoy supone implícitamente una modificación de la Ley Electoral de cara a las próximas elecciones municipales, con lo cual no supone una reducción a corto plazo de gasto. Además, una vez que se haga efectiva esta reforma, tampoco se garantiza un ahorro en el presupuesto destinado a retribuir a los concejales, sino simplemente una reducción en el número de ellos que favorece únicamente a los partidos mayoritarios.
Como la propuesta consiste en la reducción en un 30% del número actual de concejales, Alhama pasaría de tener 21 a 15, si finalmente se lleva a cabo esta modificación. De esta manera, al haber menos escaños en litigio, a los partidos menos votados les resultará más costoso obtener uno de ellos. A los números me remito: con los mismos resultados de las últimas elecciones municipales de mayo de 2011, el PP obtendría, con el 37 % de los votos, 7 concejales; el PSOE, con el 26%, 4 concejales; CCD e IU, con el 15 % cada uno de ellos, obtendrían 2. Como se puede observar, se agudiza la injusticia del sistema de reparto propiciado por nuestra Ley Electoral, que vuelve a favorecer a las mayorías en detrimento de las opciones minoritarias, cuya representación en las instituciones locales pasaría a ser simbólica o, en el peor de los casos, nula.
Con este nuevo sistema se favorece el bipartidismo y se eliminan “las moscas cojoneras”, que en la mayor parte de las ocasiones son quienes animan el debate político y trasladan a la opinión pública la mala gestión de sus gobernantes.
Como ya he mencionado, la reducción del número de concejales no tiene por qué traducirse en ahorro. Partiendo de la base de que las necesidades de nuestro Consistorio son las mismas porque la población y el territorio se mantienen, podría llegarse a la conclusión de que la supresión de concejales exigiría una mayor dedicación de los mismos y, por tanto, mayores retribuciones. Por otra parte, la reducción de concejales de la oposición no supone prácticamente ningún ahorro económico, ya que sólo cobran por asistencia a plenos.
A nadie se le escapa que el verdadero ahorro estaría en la reducción del coste del equipo de gobierno. Para ello, habría que plantearse cuántos concejales “con cartera” necesita este Ayuntamiento: ¿todos los componentes del partido ganador o partidos pactantes, o sólo los que realmente sean necesarios para gobernar? Creo que en los últimos años el equipo gobernante, al repartirse sueldos y concejalías, ha tenido más en cuenta los intereses personales y partidistas que el interés general de los alhameños. Me parece que el objetivo real de esta reforma electoral, “que nos quieren colar por la puerta de atrás”, es favorecer descaradamente el bipartidismo y reducir las posibilidades de que los pequeños partidos o agrupaciones vecinales puedan formar parte de los ayuntamientos. De esta forma, están garantizados un menor control y supervisión de la gestión del equipo gobernante por parte de la oposición. Creo que esto es un auténtico atentado a la democracia.
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