Artículo de Damián Rubio publicado en Línea Local
A finales del pasado mes de
noviembre el Gobierno Rajoy aprobó su anteproyecto de Ley de Seguridad, con el
que se pretende blindar la política de recortes frente a las protestas
ciudadanas. El Gobierno, a sabiendas de que la mayor parte de los ciudadanos
estamos indignados ante el retroceso de nuestros derechos más elementales,
pretende atarnos de pies y manos para que no haya contestación a sus desmanes.
Esta Ley forma parte de una
estrategia de represión emprendida por el Partido Popular, que no está
dispuesto a que las manifestaciones ciudadanas contra sus mentiras vuelvan a
arrebatarle el poder como ya sucedió después del 11-M. En aquellas fechas, las
urnas castigaron al PP por mentirnos sobre la autoría de un terrible atentado
terrorista, y en la actualidad no quieren volver a ser penalizados por incumplir
sus promesas electorales.
La nueva Ley, que se encuentra en
su trámite parlamentario, pretende recortar nuestros derechos relacionados con
la libertad de reunión y manifestación, como en los mejores años del
franquismo, criminalizando las protestas y reforzando las actuaciones
policiales represivas. De hecho, las partidas presupuestarias destinadas a este
menester no han sufrido recortes sino todo lo contrario, han visto incrementada
su dotación económica.
El Gobierno del PP ya ha
declarado en numerosas ocasiones, y a través de distintos voceros, que el que
se queda en casa y no se manifiesta forma parte de la “mayoría silenciosa” que
respalda su política. Por tanto, a quienes tienen que controlar es a aquellos que salen a las calles a protestar contra sus recortes y
corrupciones o a defender a
desahuciados, pensionistas, parados, personas dependientes,
trabajadores, etc.
La forma de conseguir su objetivo
es la aplicación de sanciones y multas, impuestas por las propias fuerzas de
seguridad, si las manifestaciones no están en consonancia con las directrices
que marca el gobierno. Así, no se permitirá la utilización de elementos o
indumentarias que dificulten la identificación de los manifestantes, ni se
podrán grabar ni divulgar imágenes de las actuaciones policiales –garantizando
con ello la impunidad de cualquiera de sus excesos-. Las sanciones por el
incumplimiento de esta Ley podrían alcanzar, si la infracción se considera muy grave,
hasta los 600.000 euros.
Creo que con esta ley
sancionadora y represora, que únicamente pretende amordazar a los ciudadanos,
el PP demuestra el fracaso de su política, con la que sólo ha conseguido
aumentar las diferencias sociales y el “cabreo” de los que se sienten víctimas
de sus atropellos. Su impotencia para solucionar con decisiones políticas las
demandas de los ciudadanos les lleva a cercenar las libertades que tanto nos ha
costado conseguir.
Las fuerzas de
seguridad, en un estado democrático, deben garantizar las libertades
públicas, y la mejor manera de evitar la contestación social es haciendo
políticas que creen una sociedad más justa y solidaria. Los gobernantes deben
estar atentos a las demandas ciudadanas en lugar de reprimirlas.
Damián Rubio es Coordinador de IU-Verdes Alhama
