Artículo de Damián Rubio publicado en Línea local
A pesar de que nuestra
Constitución define al Estado Español como aconfesional, ya que ninguna
religión tiene carácter oficial, los
acuerdos de colaboración con la Iglesia Católica hacen que ésta disfrute de una
situación de privilegio con respecto a las demás confesiones existentes en
nuestro país. Uno de los más significativos es el permitir la asignatura de
religión en la escuela pública.
La sociedad española se muestra
dividida a la hora de manifestarse a favor o en contra de la religión en la
enseñanza pública. Actualmente, casi el 50 % de los padres deciden que sus
hijos no asistan a clase de religión en Primaria (el porcentaje aumenta
sustancialmente después de haber recibido la Primera Comunión). En Secundaria,
por otra parte, casi un 78 % de los alumnos deciden no recibir este tipo de
enseñanza.
Desde el 78, año en que se aprobó
nuestra Constitución, no ha habido ningún gobierno que se haya atrevido a sacar
la religión de las escuelas. Lo más osado ha sido declararla optativa y ofertar
alternativas para que los alumnos puedan ser atendidos por otro profesor, mientras
que sus compañeros reciben clase de religión en su aula de referencia. Esta es una
forma de discriminar a aquellas familias que se salen del redil y se atreven a
ser críticas con el sistema. A pesar de arriesgarse a ser señalados, cada vez
son más los que optan por no recibir enseñanza religiosa.
Asistan o no nuestros hijos a
clases de religión, los gastos en recursos humanos y materiales los pagamos
entre todos. Cada año la Administración Educativa gasta unos 500 millones de
euros en los sueldos de los profesores de esta asignatura, a los que nombra
directamente el Obispado sin que tengan que pasar por oposiciones ni concursos
de traslados, garantizándoles así una plaza fija mientras conserven la
confianza de quien les designa.
Creo que cada confesión religiosa
debería adoctrinar a sus fieles fuera del entorno escolar y en horario no
lectivo -tal como se viene haciendo en mezquitas, sinagogas, e iglesias desde
siempre-. De esta forma se evitarían agravios comparativos, no sólo entre las
distintas confesiones sino también entre creyentes y no creyentes, manteniendo
así una verdadera aconfesionalidad con la separación entre Iglesia y Estado. Por
ello, comparto la opinión de quienes creen que los centros escolares no deben
ser lugares en los que se excluya y discrimine a los alumnos en función de las
creencias o convicciones de sus familias. Por tanto, la religión debe estar al
margen del currículo académico.
No parece que la nueva Ley de
Educación del PP vaya en esta dirección, sino todo lo contrario. Se pretende
dar de nuevo validez académica a la asignatura de religión para que tenga peso
específico a la hora de la concesión de becas, equiparándola al nivel de las materias
tan importantes como matemáticas, ciencias, lengua o idiomas.
Es un contrasentido que nuestra
Constitución declare que no se nos puede discriminar por razones de nacimiento,
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal
o social, y sin embargo en nuestro currículo académico queden señaladas
nuestras creencias.
Pienso que no hay que “marear más
la perdiz” y apostar, de una vez por todas, por un estado laico, en el que
ninguna creencia tenga privilegios sobre las demás. Todas merecen el mismo
respeto y consideración.
Damián Rubio es Coordinador Local de IU-Verdes Alhama
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