Artículo publicado en Línea Local de Damián Rubio
Desde hace algunos años,
especialmente con la llegada al gobierno del Partido Popular, venimos sufriendo
un deterioro continuado de los servicios públicos. No se trata de algo casual,
sino de una estrategia rigurosamente planificada desde el poder para
desmantelar lo público en favor de la iniciativa privada.
Los servicios públicos garantizan
una sociedad más justa y equitativa, puesto que permiten el acceso de todos los
sectores de la sociedad, en igualdad de condiciones, a derechos fundamentales
tales como la sanidad, la educación o la justicia. A nadie se le escapa que la
ideología neoliberal tiene un gran
interés por hacerse con el sustancioso mercado de lo público, en el que ven
grandes oportunidades de negocio. Para conseguir sus objetivos, no hay nada
mejor que poner en el gobierno a personas convencidas de que prestar estos
servicios desde la Administración es deficitario e ineficaz.
El Gobierno Rajoy se puso manos a
la obra desde el minuto cero de su mandato, empezando por devaluar la función
pública. No hay forma más directa de menospreciar la labor de un trabajador que
reducirle el salario, empeorar sus condiciones laborales y recortar los
recursos materiales necesarios para ejercer su labor. Automáticamente, los usuarios
observan un deterioro en la calidad del servicio, que inmediatamente atribuyen
a las personas que les atienden. Esto supone un evidente desprestigio de los
trabajadores públicos y el caldo de cultivo necesario para justificar la
necesidad de privatizar.
Ejemplos los hay a miles: se ha
generalizado la utilización de la seguridad privada para custodiar edificios
públicos, se han dejado de utilizar más de 15.000 camas en hospitales, se han
cerrado servicios de urgencias en numerosos centros de salud, se han recortado
las plantillas de profesores en todos los sectores educativos, etc.
En Alhama, sin ir más lejos, no
han cesado en su empeño de deterioro de la enseñanza pública hasta crear la
necesidad de construir un colegio privado-concertado, que además nos lo venden
como una garantía de libertad de elección de centro para los padres. Luego,
resulta que se establecen, de forma muy sutil, unas condiciones que dificultan
el acceso al mismo de las personas con menos recursos. De igual manera, los
alumnos con alguna discapacidad, que precise atención específica, quedan
excluidos al no contratar al personal especialista que se exige en estos casos.
Se realiza, por tanto, una selección encubierta del alumnado, subvencionada con
dinero público.
El famoso “pajarito” me comenta
que, en el curso recién iniciado, el colegio privado-concertado contará con dos
aulas de Infantil de 3 años, con 17 alumnos cada una. Esto era a todas luces
innecesario, ya que los demás colegios de Alhama tienen numerosas vacantes, al
no alcanzar la ratio de 25 alumnos. Cuando sólo había colegios públicos,
costaba “Dios y ayuda” desdoblar un aula, asistiendo a casos que rozaban el
esperpento: algunas familias se veían obligadas a tener a sus hijos en
distintos colegios y otras, residiendo cerca de un centro educativo, debían
desplazarse hasta el otro extremo del pueblo para escolarizar a sus hijos.
Ya sólo nos falta que la reforma
de la Ley Electoral del PP plantee la privatización de las alcaldías, y que
como requisito indispensable se necesite “carné con gaviota”.
Damián Rubio es Coordinador Local de IU-Verdes Alhama
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