La semana pasada anunciaba que se
tramitaría la reforma de la Ley Electoral de la Región de Murcia. La misma se
aprobó el pasado jueves, 23 de julio. Como estaba previsto, se contempla la
reducción del número de circunscripciones electorales de 5 a 1; la bajada del 5
% al 3 % del censo, como umbral mínimo para conseguir representación
parlamentaria; la incompatibilidad del cargo de alcaldes y concejales con el de
diputado regional; y el establecimiento de un techo de gastos electorales.
Con esta aprobación se pone fin
al sistema
electoral de la Región de Murcia, vigente desde 1987. Sin duda, un sistema injusto
elaborado con el objetivo de que los partidos mayoritarios obtuviesen una
sobrerrepresentación que no le habían otorgado las urnas, mientras se castigaba
duramente a las minorías políticas que, además, campaña tras campaña, eran “machacadas”
mediáticamente con el discurso del “voto útil” por los partidos que se
beneficiaban del desigual valor del voto de los murcianos.
Si alguna formación ha sido especialmente
penalizada a lo largo de las nueve elecciones autonómicas celebradas en nuestra
Región, esa ha sido Izquierda Unida. La antigua Ley ha propiciado que hasta
13 diputados, que hubieran correspondido a IU, hayan ido a parar al PP o PSOE
durante estos años. En 1987, incluso, hubiesen impedido el gobierno con mayoría
absoluta de este último.
Durante este tiempo, IU ha presentado
todo tipo de iniciativas para cambiar la injusta Ley Electoral existente, y
sólo ha tenido éxito en esta línea la firma del denominado “pacto de Moneo”,
poco antes de las pasadas elecciones de mayo de 2015 en las que se preveía la
ruptura del bipartidismo en Murcia.
Si nos remitimos al último proceso
electoral regional del pasado mes de mayo, con la aplicación de la Ley reformada,
el PP se habría quedado con 19 diputados, en lugar de los 22 obtenidos;
el PSOE 12, en lugar de 13; Podemos mantendría sus 6 escaños; C´s pasaría de 4
a 6; e Izquierda Unida mantendría la representación en la Asamblea Regional con
2 diputados.
Aunque finalmente el PP ha votado
también a favor la reforma de la Ley Electoral,
ha tratado de retrasar su aprobación por el trámite de urgencia ante una
eventual imputación del nuevo Presidente Regional, que forzaría la ruptura del
pacto PP-C´s y obligaría a una nueva convocatoria electoral en nuestra Región.
Durante la tramitación de la reforma, los
populares han realizado concentraciones de sus cargos públicos en la puerta de la Asamblea
Regional. También han presentado mociones
en los ayuntamientos, argumentando la necesidad de consultar la opinión de los
ciudadanos, consultar a expertos o garantizar la representatividad de algunas
comarcas, aunque en el nuestro finalmente ha sido retirada.
Me parece cínico que el PP en dos décadas
no se haya planteado someter a consulta popular ninguna de sus leyes, haya
estado pasando su rodillo a todas las presentadas por iniciativa popular y
ahora plantee semejantes argumentos con el único objetivo de dilatar la reforma.
Damián Rubio es Coordinador Local de IU-Verdes Alhama
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