El pasado lunes, 15 de enero, Pilar Barreiro, exalcaldesa de Cartagena y
actual senadora del PP, se presentó ante
el Tribunal Supremo para declarar sobre sus posibles contactos, cuando era
primera edil del citado Consistorio, con la trama Púnica , que presuntamente
realizó para ella trabajos de lavado de imagen en las redes sociales. Para
sufragar los gastos de estos trabajos, según las declaraciones de la senadora,
no se utilizó dinero público sino que los mismos corrieron a cargo del Partido Popular.
El lavado de imagen se hacía
necesario e imprescindible debido a que Barreiro había pasado por alto la ley
medioambiental para recalificar los terrenos donde se construiría la
urbanización Novo Carthago. Parece ser que, para mejorar su reputación, se puso
en contacto con Alejandro de Pedro, uno de los cabecillas de la Púnica, cuya
empresa creo un diario digital que ensalzaría las actuaciones y logros de la
alcaldesa durante su gestión municipal. Los gastos correrían a cargo del erario
público.
En la mejora de imagen de la
exalcaldesa cartagenera colaboró su compañero Pedro Antonio Sánchez, en ese
momento Consejero de Educación, y posteriormente investigado por el caso
Auditorio.
La senadora Barreiro está
imputada por los presuntos delitos de fraude, falsificación de documentos,
prevaricación, malversación y cohecho. Por supuesto, ella lo niega todo-
principalmente que se pagaran 4.840 euros con dinero del Ayuntamiento de
Cartagena a las empresas de Alejandro de
Pedro- . La senadora no está dispuesta a dimitir, condición que Ciudadanos
exige para apoyar los Presupuestos de 2018. El PP, por su parte, está a la
expectativa de lo que resuelva el Tribunal Supremo: archivar el caso, como ya
sucedió con el referente a Novo Carthago, o seguir adelante con el mismo.
Creo -y está más que
suficientemente demostrado- que el Partido Popular está instalado en la
corrupción en gran parte de los lugares en los que gobierna. Además, ha creado
una estructura mafiosa en torno a muchos de los gobiernos que dirige.
La corrupción forma parte del ADN
del PP, y éste es un hecho incuestionable que no suele generarle ni el más
mínimo coste político. Parece ser que los votantes populares entienden que la
corrupción es inherente a la gestión pública, y por eso no castigan a sus
gobernantes en las elecciones, ya sean locales, autonómicas o generales.
Puedo entender que los votantes
del Partido Popular no pasen factura electoral a sus dirigentes, pero lo que no
entiendo es cómo el resto de los ciudadanos -cada cual según su ideología- no
se deciden a votar masivamente por el resto de las opciones políticas para
desbancar, de una vez por todas, a este partido corrupto de las instituciones
en las que aún gobierna, en algunos casos con mayoría absoluta.
Espero y deseo que en las
próximas elecciones autonómicas los ciudadanos de la Región de Murcia envíen,
con su voto, al PP a la oposición, lugar en el que han demostrado con creces
que tampoco saben estar.
Damián Rubio es Coordinador Local de IU-Verdes Alhama
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