Artículo de Damián Rubio publicado en Infolinea del 1 de noviembre
En el momento de escribir este
artículo aún no se ha celebrado el pleno ordinario correspondiente al mes de
octubre, cuyo punto estrella en el orden del día es la aprobación de las
Ordenanzas Fiscales para el próximo año. Las mismas, a propuesta del Gobierno
Municipal del PSOE, contemplan diversas modificaciones, destacando entre ellas
un incremento porcentual de los tipos impositivos, que se traduce en subidas de
los recibos correspondientes al IBI (contribución) en un 15,69 %; el IAE
(Impuesto de Actividades Económicas) un 40 %; y el ICIO (Impuestos de
Construcciones, Instalaciones y Obras) un 23,64 %.
En los días previos al pleno, el
Gobierno, a través de su Concejal de Hacienda, ha intentado atenuar el impacto
mediático y social de esta importante subida, calificándola de actualización y
justificándola por la falta de financiación municipal por parte del Gobierno
Regional, que obliga a realizar un gasto superior al millón y medio de euros en
servicios que competen a la Comunidad Autónoma. Además, señala que nuestra
Administración Autonómica carece de una ley que garantice y regule la
financiación de los ayuntamientos. Así mismo, culpa al ex-ministro Montoro y su
ley de estabilidad presupuestaria que
impide revertir los ahorros de la tesorería municipal en inversiones para
nuestra localidad.
Por otra parte, destaca el Sr.
Felipe García la caída de ingresos como consecuencia de las modificaciones
legales que han disminuido la contribución procedente de los proyectos de las
macro-urbanizaciones sin desarrollar, y de las plusvalías por transmisión de
propiedades, devaluadas tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Todo ello
para explicar que necesita 1,5 millones de euros para cuadrar el presupuesto
2020, utilizando para ello la subida de los mencionados impuestos. Lo que no
explica el Concejal de Hacienda, en sus comparecencias, es que 1 millón de
euros de la cantidad citada anteriormente provendrá de los recibos de
contribución que pagamos todos por un derecho fundamental como es la vivienda.
Creo que la clave está en la
brutal subida de la contribución. Si nos remontamos al año 2008, en el que
gobernaban Alhama en perfecto maridaje, propiciado por las
macro-urbanizaciones, PP y PSOE, comprobaremos que aprobaron una revisión de
los valores catastrales que elevó los mismos en un 75 %. De la noche a la
mañana, los alhameños nos convertimos en propietarios de inmuebles que habían
triplicado su valor, mientras que nuestros sueldos se congelaban o entraban en
recesión. Esta riqueza ficticia sólo
servía a los que especulaban con terrenos y viviendas, para el resto de los
mortales suponía pagar más impuestos.
Durante estos años diferentes
medidas legislativas han favorecido a los grandes especuladores, que han
conseguido pagar menos impuestos por la devaluación de sus propiedades,
mientras que a los ciudadanos de a pie, propietarios de una sola vivienda, se
nos ha duplicado el importe del recibo de contribución. Los datos son
contundentes sobre la magnitud de este “atraco”: el nivel de vida (IPC) ha
subido apenas un 8%, durante esta última década, en tanto que el IBI ha subido
más del 100%.
Me parece que el PSOE,
aprovechando su mayoría absoluta, “ha tirado por la calle de en medio”
recurriendo a los sufridos contribuyentes para cuadrar un presupuesto que le
garantice una legislatura sin sobresaltos. Los “malos tragos”, como pueden ser
la subida de sueldos de los miembros de su gobierno y el incremento salvaje de
impuestos, cuanto antes mejor.
Damián Rubio es Coordinador Local de IU-Verdes 
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