Artículo de Damián Rubio publicado en Infolinea del 25 de octubre
El pasado miércoles, 16 de
octubre, se concentraron en Madrid frente al Congreso de los Diputados miles de
pensionistas procedentes de toda España, que acudieron a recibir y apoyar a los
compañeros que a finales de septiembre habían iniciado dos marchas partiendo
desde Rota y Bilbao respectivamente.
Tanto las marchas como la
concentración, organizadas por la Coordinadora Estatal por la Defensa del
Sistema Público de Pensiones, forman parte del movimiento reivindicativo que
vienen realizando los jubilados y pensionistas en los últimos años reclamando
unas prestaciones dignas, para las que exigen la aplicación de las siguientes
medidas: el blindaje de las pensiones, su revalorización conforme al IPC anual,
la equiparación al Salario Mínimo Interprofesional (situado actualmente en los
900 €, hasta que alcancen los 1.084 € que recomienda la Carta Social Europea),
la eliminación del copago sanitario, el incremento de residencias públicas para
mayores y la derogación de las dos últimas reformas laborales y de pensiones.
Pese a que las columnas que
partieron de Rota y Bilbao han tardado más de veinte días en realizar el
trayecto hasta Madrid, la cobertura mediática ha sido prácticamente
inexistente, al igual que a la concentración del pasado día 16. La convocatoria
de elecciones y los problemas en Cataluña han solapado este asunto así como que
otros muchos.
El problema de los pensionistas
no es algo nuevo. Las políticas económicas del PP incluían como principales
propuestas el aumento de la edad de jubilación, la no actualización de las
prestaciones económicas con el IPC y los recortes en dependencia. Desde hace
muchos años se nos viene metiendo miedo con la insostenibilidad del sistema
público de pensiones, a la vez que se nos aconseja la subscripción de planes
privados como principal garantía.
Lo cierto es que los sucesivos
gobiernos han ido vaciando el Fondo de Reserva de las Pensiones para atender
otros asuntos, a la vez que han ido ampliando el periodo de cotización y la
edad de jubilación. Si a esto le sumamos la precariedad laboral de los jóvenes
en la actualidad, podemos aventurar que en el futuro serán muy pocos los que
alcancen una pensión digna.
En los últimos tiempos hemos
llegado a normalizar una nueva realidad social que es la constituida por los
trabajadores y pensionistas pobres, que no llegan a fin de mes por muchos
equilibrios que hagan. Algunos mayores mantienen una economía de subsistencia,
hasta el punto de que, a veces, tienen que elegir entre garantizarse el
sustento mínimo o comprar los medicamentos que necesitan.
La solución pasa por un reparto
mucho más equitativo de la riqueza, que incluya la creación de puestos de
trabajo estables, con salarios dignos que garanticen la viabilidad y la
justicia del sistema público de pensiones. Además, no parece lógico que el
citado sistema se tenga que nutrir exclusivamente de las cotizaciones a la
Seguridad Social, sino también de los Presupuestos Generales del Estado en los
que contribuimos todos.
Es necesario blindar las pensiones
como un derecho fundamental garantizado por nuestra Constitución para que no
dependa más de los caprichos del gobierno de turno, ni de los vaivenes
económicos o los intereses electoralistas.
Damián Rubio es Coordinador Local de IU-Verdes 
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