El próximo 6 de diciembre nuestra Constitución actual cumple 32 años. Los españoles hacemos de este día una fiesta porque en él celebramos la fecha en la que tuvo lugar el referéndum que permitió la aprobación de un importantísimo documento, que recoge nuestros derechos y deberes y regula nuestra convivencia democrática. Para la redacción definitiva de la Constitución del 78, a la que me estoy refiriendo, fue necesario un pacto entre todas las fuerzas políticas. Había que hilar muy fino para contentar a todos los sectores de la sociedad española, recién salida de la dictadura franquista. A las personas que redactaron el proyecto final, representantes de las distintas opciones políticas, se les denominó “Padres de la Constitución”. Una vez redactado se sometió a su aprobación, tanto del Congreso como del Senado. Posteriormente, después del referéndum, fue ratificado definitivamente por el Jefe del Estado, el rey Juan Carlos I.
Esta Constitución es la que más ha perdurado en el tiempo, puesto que sus antecesoras estuvieron siempre sometidas a los numerosos vaivenes de la inestable política española de los siglos XIX y XX. Monarcas y militares nunca han visto con buenos ojos, en este país, la existencia de un documento que garantizase la división de poderes y la soberanía popular. Afortunadamente, esta tendencia parece haber remitido en los últimos tiempos, aunque no hemos estado exentos de tensiones y episodios golpistas como el 23 F.
Nuestra Carta Magna garantiza la convivencia pacífica entre los españoles, con independencia de nuestra ideología política, posición social, raza, condición sexual, procedencia o creencia religiosa. El texto constitucional promulga valores tan importantes como: tolerancia, respeto, justicia, igualdad, libertad, participación, pluralismo, solidaridad, etc.
Hace tiempo que la Constitución del 78 alcanzó su mayoría de edad, ya está en plena madurez. Creo que no vendría mal que se le hiciesen algunas reformas para adaptarla a la sociedad del momento. Hay que tener en cuenta que, desde su aprobación, sólo ha sido modificada en una ocasión, con carácter imperativo, para cumplir con el Tratado de Maastrich, que posibilitó la entrada de España en la Unión Europea. Con ello, se permitió a los ciudadanos comunitarios censados en nuestro país ejercer el derecho al voto en las elecciones locales.
Aunque no trascienda mucho a nivel de los medios de comunicación, en el seno de la sociedad española existe en los últimos años un debate sobre la necesidad de introducir reformas en la actual Constitución, en aspectos tan importantes como: el papel del Senado, la configuración territorial, la sucesión de la Corona o el papel del Jefe del Estado. Personalmente, creo que la reforma debería ser mucho más profunda y permitir a los españoles, de una vez por todas, decidir qué Estado queremos. De igual manera, se hace necesario profundizar en el desarrollo democrático de nuestro país, propiciando una participación ciudadana mucho más activa. Se debe evitar que los españoles seamos meros espectadores de la política, a los que únicamente se les moviliza para que depositen su voto cada cuatro años.
En dirección contraria a lo que acabo de comentar relacionado con la participación ciudadana, me ha sorprendido que nuestro Alcalde, sin contar “ni con Dios ni con su madre”, haya decido programar en Alhama una serie de actividades, conmemorativas del día de la Constitución, para darse “autobombo”. Esto demuestra que nuestros gobernantes tienen verdadero pavor a la participación real de los ciudadanos.
Esta Constitución es la que más ha perdurado en el tiempo, puesto que sus antecesoras estuvieron siempre sometidas a los numerosos vaivenes de la inestable política española de los siglos XIX y XX. Monarcas y militares nunca han visto con buenos ojos, en este país, la existencia de un documento que garantizase la división de poderes y la soberanía popular. Afortunadamente, esta tendencia parece haber remitido en los últimos tiempos, aunque no hemos estado exentos de tensiones y episodios golpistas como el 23 F.
Nuestra Carta Magna garantiza la convivencia pacífica entre los españoles, con independencia de nuestra ideología política, posición social, raza, condición sexual, procedencia o creencia religiosa. El texto constitucional promulga valores tan importantes como: tolerancia, respeto, justicia, igualdad, libertad, participación, pluralismo, solidaridad, etc.
Hace tiempo que la Constitución del 78 alcanzó su mayoría de edad, ya está en plena madurez. Creo que no vendría mal que se le hiciesen algunas reformas para adaptarla a la sociedad del momento. Hay que tener en cuenta que, desde su aprobación, sólo ha sido modificada en una ocasión, con carácter imperativo, para cumplir con el Tratado de Maastrich, que posibilitó la entrada de España en la Unión Europea. Con ello, se permitió a los ciudadanos comunitarios censados en nuestro país ejercer el derecho al voto en las elecciones locales.
Aunque no trascienda mucho a nivel de los medios de comunicación, en el seno de la sociedad española existe en los últimos años un debate sobre la necesidad de introducir reformas en la actual Constitución, en aspectos tan importantes como: el papel del Senado, la configuración territorial, la sucesión de la Corona o el papel del Jefe del Estado. Personalmente, creo que la reforma debería ser mucho más profunda y permitir a los españoles, de una vez por todas, decidir qué Estado queremos. De igual manera, se hace necesario profundizar en el desarrollo democrático de nuestro país, propiciando una participación ciudadana mucho más activa. Se debe evitar que los españoles seamos meros espectadores de la política, a los que únicamente se les moviliza para que depositen su voto cada cuatro años.
En dirección contraria a lo que acabo de comentar relacionado con la participación ciudadana, me ha sorprendido que nuestro Alcalde, sin contar “ni con Dios ni con su madre”, haya decido programar en Alhama una serie de actividades, conmemorativas del día de la Constitución, para darse “autobombo”. Esto demuestra que nuestros gobernantes tienen verdadero pavor a la participación real de los ciudadanos.
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