La próxima semana, entre los días 16 y 21, tendrá lugar en Madrid la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). Está previsto que participen en ella unos tres millones de personas. Se trata de un evento internacional organizado por la Iglesia Católica que se celebra cada tres años, con el que demuestra a la sociedad su poder de convocatoria.
Resulta indignante que el Estado Español, constitucionalmente aconfesional, participe en gran medida en la financiación y logística del citado acontecimiento, decantándose descaradamente por una determinada opción religiosa. Hay que tener en cuenta que de los más de 50 millones de euros previstos en gastos, el erario público aportará la mitad, mientras que el resto lo aportarán grandes empresas nacionales como Telefónica, Banco de Santander, Corte Inglés, etc., a cambio de importantes beneficios fiscales, ya que nuestro Gobierno lo considera como acontecimiento de excepcional interés público, equiparándolo en lo referente a exenciones al nivel de una olimpiada.
El ayuntamiento de Madrid movilizará 12.000 trabajadores para garantizar la sanidad, seguridad y movilidad de los participantes, realizando un despliegue desproporcionado que hará que muchos de ellos se queden sin vacaciones en estas fechas. Y todo ello se ha hecho por imposición, sin negociar con nadie. ¡Aquí no vale la objeción de conciencia!
Si analizamos las informaciones de los medios, nos damos cuenta de que lo que menos parece importar es el acontecimiento religioso. Tanto nuestros políticos, como la propia jerarquía eclesiástica, nos lo venden como un auténtico negocio para España en general y Madrid en particular. Según ellos, el evento generará el doble de ingresos que gastos. Lo que no dicen es que cada hora de trayecto realizada por el Papamovil cuesta 800.000 €, convirtiéndose así en el taxi más caro del mundo aunque no figure en el libro Guiness.
Uno de los actos más importantes será el Vía Crucis –en el que participarán imágenes procedentes de toda España- que recorrerá el Paseo de Recoletos y finalizará en la Puerta del Sol con una “madrugá” al estilo sevillano. Los indignados de Madrid ya están sufriendo en sus carnes aquello de “con la Iglesia hemos topao”. No tengo ninguna duda sobre las causas de la contundencia con la que se está empleando la policía, obedeciendo órdenes de la Delegación del Gobierno, para desalojarlos del centro de Madrid e impedir que nuevamente ocupen la Puerta del Sol. Parece que la Sra. Aguirre, entre otros muchos, piensa que no quedaría bonito que se “hermanasen” indignados y penitentes.
Aunque pueda parecer lo contrario, la Iglesia sigue teniendo un enorme poder de influencia en las decisiones de nuestros políticos. Todavía no ha habido ningún gobierno democrático que se haya atrevido a “toserle” a la jerarquía eclesiástica. El evento referido en este artículo no es más que un botón de muestra, pero hay muchos más: para el pago de retribuciones a los profesores de religión, designados a dedo y sin oposición por el episcopado, el Estado invirtió 600 millones de euros en el curso 2008-2009; para pagar la nómina de los capellanes hospitalarios y penitenciarios, unos 15 millones de euros anualmente; en ayudas directas para el mantenimiento del patrimonio de la Iglesia se designan más de 350 millones de euros anuales, y un largo etc.
En Alhama no somos ajenos al evento referido y contribuimos “religiosamente” a financiarlo con nuestros impuestos, como todo hijo de vecino.
Resulta indignante que el Estado Español, constitucionalmente aconfesional, participe en gran medida en la financiación y logística del citado acontecimiento, decantándose descaradamente por una determinada opción religiosa. Hay que tener en cuenta que de los más de 50 millones de euros previstos en gastos, el erario público aportará la mitad, mientras que el resto lo aportarán grandes empresas nacionales como Telefónica, Banco de Santander, Corte Inglés, etc., a cambio de importantes beneficios fiscales, ya que nuestro Gobierno lo considera como acontecimiento de excepcional interés público, equiparándolo en lo referente a exenciones al nivel de una olimpiada.
El ayuntamiento de Madrid movilizará 12.000 trabajadores para garantizar la sanidad, seguridad y movilidad de los participantes, realizando un despliegue desproporcionado que hará que muchos de ellos se queden sin vacaciones en estas fechas. Y todo ello se ha hecho por imposición, sin negociar con nadie. ¡Aquí no vale la objeción de conciencia!
Si analizamos las informaciones de los medios, nos damos cuenta de que lo que menos parece importar es el acontecimiento religioso. Tanto nuestros políticos, como la propia jerarquía eclesiástica, nos lo venden como un auténtico negocio para España en general y Madrid en particular. Según ellos, el evento generará el doble de ingresos que gastos. Lo que no dicen es que cada hora de trayecto realizada por el Papamovil cuesta 800.000 €, convirtiéndose así en el taxi más caro del mundo aunque no figure en el libro Guiness.
Uno de los actos más importantes será el Vía Crucis –en el que participarán imágenes procedentes de toda España- que recorrerá el Paseo de Recoletos y finalizará en la Puerta del Sol con una “madrugá” al estilo sevillano. Los indignados de Madrid ya están sufriendo en sus carnes aquello de “con la Iglesia hemos topao”. No tengo ninguna duda sobre las causas de la contundencia con la que se está empleando la policía, obedeciendo órdenes de la Delegación del Gobierno, para desalojarlos del centro de Madrid e impedir que nuevamente ocupen la Puerta del Sol. Parece que la Sra. Aguirre, entre otros muchos, piensa que no quedaría bonito que se “hermanasen” indignados y penitentes.
Aunque pueda parecer lo contrario, la Iglesia sigue teniendo un enorme poder de influencia en las decisiones de nuestros políticos. Todavía no ha habido ningún gobierno democrático que se haya atrevido a “toserle” a la jerarquía eclesiástica. El evento referido en este artículo no es más que un botón de muestra, pero hay muchos más: para el pago de retribuciones a los profesores de religión, designados a dedo y sin oposición por el episcopado, el Estado invirtió 600 millones de euros en el curso 2008-2009; para pagar la nómina de los capellanes hospitalarios y penitenciarios, unos 15 millones de euros anualmente; en ayudas directas para el mantenimiento del patrimonio de la Iglesia se designan más de 350 millones de euros anuales, y un largo etc.
En Alhama no somos ajenos al evento referido y contribuimos “religiosamente” a financiarlo con nuestros impuestos, como todo hijo de vecino.
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