El viernes, 30 de diciembre, el nuevo Ejecutivo del PP hizo público el paquete de medidas económicas aprobadas en el Consejo de Ministros para reducir el déficit público. Con ello pretenden reducir gastos por un total de 8.900 millones de euros y recaudar otros 6.000 millones, aproximadamente, con la subida de impuestos. Me parece que no se trata del “inicio del inicio”, como explicó la portavoz del Gobierno, sino, más bien, del principio del fin, porque vendrán otras medidas más duras cuando las circunstancias políticas (léase después de los comicios en Andalucía) lo aconsejen.
Aprovechando su mayoría absoluta, el PP ha decidido utilizar la vía del Decreto en lugar de presentar una ley para su debate en el Parlamento. Este es el estilo de la derecha y “para muestra, un botón”.
Aunque ya han sido suficientemente expuestas en los medios de comunicación, conviene recordar cuáles son y de qué manera nos afectan estas medidas. En lo que se refiere a recortes, suponen reducción en: presupuestos ministeriales, altos cargos, transferencias a entes territoriales (Comunidades, Diputaciones y Ayuntamientos), asignaciones a RTVE y RENFE, inversiones para I+D+I y subvenciones a partidos políticos e interlocutores sociales. Además, hay que añadir la congelación del Salario Mínimo Interprofesional y los sueldos de los funcionarios públicos, que además ven ampliada su jornada laboral en 2,5 horas semanales. También se anula la convocatoria de oposiciones de funcionarios, y sólo se repondrá uno de cada 10 de los que se jubilen en educación, sanidad o seguridad del Estado. Por otra parte, cabe señalar la no renovación de la renta de emancipación para jóvenes, la suspensión por un año de nuevos beneficiarios de la Ley de Dependencia y la retirada de subvenciones al gasoil profesional. Estos recortes vienen acompañados por una subida de impuestos que afectan al IRPF (Impuesto de la Renta de las Personas Físicas) y al IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles).
Como era previsible, estas medidas afectan fundamentalmente a los trabajadores: tendremos menos servicios y pagaremos más impuestos. Mientras, los verdaderos artífices de esta crisis se vuelven a ir de rositas y, para aliviar sus penas, las medidas adoptadas por el Gobierno incluyen avales a la Banca por un montante de 100.000 millones de euros. Una prueba más de que la crisis del sistema capitalista recae directamente sobre las espaldas de los más débiles, y que la actual democracia está secuestrada por la economía. Por cierto, la Iglesia mantiene intactos sus privilegios con el Estado, según se recoge en el decreto ley con las medidas anteriormente detalladas.
Las consecuencias para los ciudadanos de a pie son evidentes: se acentuará el paro por el recorte de la inversión pública, los pensionistas perderán poder adquisitivo (el 1% de revisión de las pensiones es muy inferior a la inflación prevista y al incremento por la subida del IRPF) y los trabajadores verán disminuida su capacidad económica por la congelación salarial. Todo ello, sin duda, repercutirá en el consumo y se traducirá en recesión económica. Por otra parte, al recortar las ayudas a RTVE se inicia el camino hacia su privatización, el recorte para RENFE supondrá un aumento de sus tarifas y la retirada de la subvención al gasoil profesional supondrá en un encarecimiento de los precios.
Me parece que este decretazo incluye, un buen paquete de Navidad para los bancos, las “12 puyas” para los funcionarios y las rebajas de enero en servicios públicos. Por si fuera poco el nuevo Presidente del Gobierno, con la ambigüedad que caracteriza, además nos amenaza con que: “en esta vida nada es para siempre”.
Aprovechando su mayoría absoluta, el PP ha decidido utilizar la vía del Decreto en lugar de presentar una ley para su debate en el Parlamento. Este es el estilo de la derecha y “para muestra, un botón”.
Aunque ya han sido suficientemente expuestas en los medios de comunicación, conviene recordar cuáles son y de qué manera nos afectan estas medidas. En lo que se refiere a recortes, suponen reducción en: presupuestos ministeriales, altos cargos, transferencias a entes territoriales (Comunidades, Diputaciones y Ayuntamientos), asignaciones a RTVE y RENFE, inversiones para I+D+I y subvenciones a partidos políticos e interlocutores sociales. Además, hay que añadir la congelación del Salario Mínimo Interprofesional y los sueldos de los funcionarios públicos, que además ven ampliada su jornada laboral en 2,5 horas semanales. También se anula la convocatoria de oposiciones de funcionarios, y sólo se repondrá uno de cada 10 de los que se jubilen en educación, sanidad o seguridad del Estado. Por otra parte, cabe señalar la no renovación de la renta de emancipación para jóvenes, la suspensión por un año de nuevos beneficiarios de la Ley de Dependencia y la retirada de subvenciones al gasoil profesional. Estos recortes vienen acompañados por una subida de impuestos que afectan al IRPF (Impuesto de la Renta de las Personas Físicas) y al IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles).
Como era previsible, estas medidas afectan fundamentalmente a los trabajadores: tendremos menos servicios y pagaremos más impuestos. Mientras, los verdaderos artífices de esta crisis se vuelven a ir de rositas y, para aliviar sus penas, las medidas adoptadas por el Gobierno incluyen avales a la Banca por un montante de 100.000 millones de euros. Una prueba más de que la crisis del sistema capitalista recae directamente sobre las espaldas de los más débiles, y que la actual democracia está secuestrada por la economía. Por cierto, la Iglesia mantiene intactos sus privilegios con el Estado, según se recoge en el decreto ley con las medidas anteriormente detalladas.
Las consecuencias para los ciudadanos de a pie son evidentes: se acentuará el paro por el recorte de la inversión pública, los pensionistas perderán poder adquisitivo (el 1% de revisión de las pensiones es muy inferior a la inflación prevista y al incremento por la subida del IRPF) y los trabajadores verán disminuida su capacidad económica por la congelación salarial. Todo ello, sin duda, repercutirá en el consumo y se traducirá en recesión económica. Por otra parte, al recortar las ayudas a RTVE se inicia el camino hacia su privatización, el recorte para RENFE supondrá un aumento de sus tarifas y la retirada de la subvención al gasoil profesional supondrá en un encarecimiento de los precios.
Me parece que este decretazo incluye, un buen paquete de Navidad para los bancos, las “12 puyas” para los funcionarios y las rebajas de enero en servicios públicos. Por si fuera poco el nuevo Presidente del Gobierno, con la ambigüedad que caracteriza, además nos amenaza con que: “en esta vida nada es para siempre”.
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