Una vez cumplidos los 100 días de Gobierno Popular, estamos en condiciones de analizar la repercusión que ha tenido la gestión del nuevo equipo encabezado por Rajoy en nuestra vida cotidiana. La falsa ilusión que tenían algunos de que este Gobierno nos iba a sacar de la crisis, empieza a desvanecerse ante la cruda realidad de las cifras y los hechos.
Nada más tomar posesión, en el segundo Consejo de Ministros, Rajoy anunció un importante paquete de medidas extraordinarias “para reducir el déficit”. Esto se tradujo en una subida de impuestos como el IRPF y el IBI. Fue la primera de las mentiras en relación con su campaña electoral, en la que se hartó de decir que no los subiría.
La segunda estocada fue la aprobación de la Reforma Laboral, que se nos presentó como la solución para generar empleo. Sin embargo, hasta el más profano en la materia sabe que supone despido fácil y barato, e importantes recortes en los derechos laborales de los trabajadores. Otra falacia más, puesto que el candidato Rajoy no se cansó de repetir que no abarataría el despido.
Los trabajadores contestaron a la Reforma Laboral con una huelga general el 29 de marzo, que fue un éxito rotundo en los grandes núcleos urbanos y en los principales centros de producción del país. Con ella, le demostraron al Gobierno que, aunque tenga una mayoría absoluta en el Parlamento, no tiene carta blanca para atentar contra sus derechos, conquistados como clase social a lo largo de la historia. Pese a que el Ejecutivo Nacional insiste en que no cambiará ni un ápice la Reforma, a pesar de la Huelga, es consciente de que los trabajadores no van a bajar los brazos tan fácilmente y que la conflictividad social puede ir en aumento.
Los primeros síntomas de la inutilidad de las medidas de Rajoy los tenemos en el aumento del paro registrado en marzo, que ha aumentado en 38.769 personas con respecto a febrero en España. Mientras, en la Región de Murcia se ha experimentado un aumento de 517 personas, llegando a un total de 151.749 parados. Es evidente que, en lugar de ayudarnos a salir de la crisis, nos están hundiendo aún más en el fango.
La última, y más reciente, receta del “doctor Rajoy” para “sacarnos de la crisis” es la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, con los que probablemente nos enviará directamente a la UVI. Por lo que he podido leer en los medios de comunicación, el Ejecutivo insiste de nuevo en los recortes. Se nos anuncia: un 21% menos en políticas activas de empleo, reducción de 166 millones en becas, 91 millones de euros menos para personas dependientes, 31 % menos en ayudas para vivienda, 5,6 % menos en desgravaciones fiscales y 2.000 millones menos para investigación + desarrollo + innovación. A todo esto, hay que añadir el mazazo que supone para las Comunidades Autónomas un 25 % de reducción en su financiación. Sin duda, en este último apartado se oculta la mayor de las mentiras, puesto que Rajoy prometió no tocar en los Presupuestos materias como sanidad, educación y prestaciones sociales. Resulta obvio que, si las Comunidades tienen transferidas las competencias en los sectores referidos, la merma en la financiación repercutirá directamente en los citados servicios públicos.
Como trabajador y alhameño, el día de la huelga me dio la impresión de que determinados sectores de la población aún no son conscientes de la repercusión que sobre la economía local tendrán los recortes en derechos, estabilidad laboral y poder adquisitivo de los trabajadores.
Nada más tomar posesión, en el segundo Consejo de Ministros, Rajoy anunció un importante paquete de medidas extraordinarias “para reducir el déficit”. Esto se tradujo en una subida de impuestos como el IRPF y el IBI. Fue la primera de las mentiras en relación con su campaña electoral, en la que se hartó de decir que no los subiría.
La segunda estocada fue la aprobación de la Reforma Laboral, que se nos presentó como la solución para generar empleo. Sin embargo, hasta el más profano en la materia sabe que supone despido fácil y barato, e importantes recortes en los derechos laborales de los trabajadores. Otra falacia más, puesto que el candidato Rajoy no se cansó de repetir que no abarataría el despido.
Los trabajadores contestaron a la Reforma Laboral con una huelga general el 29 de marzo, que fue un éxito rotundo en los grandes núcleos urbanos y en los principales centros de producción del país. Con ella, le demostraron al Gobierno que, aunque tenga una mayoría absoluta en el Parlamento, no tiene carta blanca para atentar contra sus derechos, conquistados como clase social a lo largo de la historia. Pese a que el Ejecutivo Nacional insiste en que no cambiará ni un ápice la Reforma, a pesar de la Huelga, es consciente de que los trabajadores no van a bajar los brazos tan fácilmente y que la conflictividad social puede ir en aumento.
Los primeros síntomas de la inutilidad de las medidas de Rajoy los tenemos en el aumento del paro registrado en marzo, que ha aumentado en 38.769 personas con respecto a febrero en España. Mientras, en la Región de Murcia se ha experimentado un aumento de 517 personas, llegando a un total de 151.749 parados. Es evidente que, en lugar de ayudarnos a salir de la crisis, nos están hundiendo aún más en el fango.
La última, y más reciente, receta del “doctor Rajoy” para “sacarnos de la crisis” es la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, con los que probablemente nos enviará directamente a la UVI. Por lo que he podido leer en los medios de comunicación, el Ejecutivo insiste de nuevo en los recortes. Se nos anuncia: un 21% menos en políticas activas de empleo, reducción de 166 millones en becas, 91 millones de euros menos para personas dependientes, 31 % menos en ayudas para vivienda, 5,6 % menos en desgravaciones fiscales y 2.000 millones menos para investigación + desarrollo + innovación. A todo esto, hay que añadir el mazazo que supone para las Comunidades Autónomas un 25 % de reducción en su financiación. Sin duda, en este último apartado se oculta la mayor de las mentiras, puesto que Rajoy prometió no tocar en los Presupuestos materias como sanidad, educación y prestaciones sociales. Resulta obvio que, si las Comunidades tienen transferidas las competencias en los sectores referidos, la merma en la financiación repercutirá directamente en los citados servicios públicos.
Como trabajador y alhameño, el día de la huelga me dio la impresión de que determinados sectores de la población aún no son conscientes de la repercusión que sobre la economía local tendrán los recortes en derechos, estabilidad laboral y poder adquisitivo de los trabajadores.
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