Los datos sobre desahucios son escalofriantes. Entre los
años 2007 y 2012 se han producido más de 400.000 ejecuciones hipotecarias en
España, afectando la mayoría de ellas a personas que han perdido su puesto de
trabajo, así como a pequeños empresarios y autónomos que se han visto obligados
a cerrar sus negocios por los impagos de sus clientes.
Hemos visto en los medios de
comunicación como familias enteras han sido despojadas de todos sus bienes,
puestas de “patitas en la calle” y con una deuda de por vida con la entidad
bancaria que “generosamente”, no hace mucho, les ofreció todo tipo de
facilidades para la adquisición de una casa. En no pocas ocasiones el banco no
sólo se lleva “pa lante” al propietario de la vivienda, sino también a familiares
y amigos que actuaron como avalistas.
Todas las informaciones apuntan a
que el año pasado se produjeron en España más de 100 suicidios relacionados
directamente con los desahucios. Y en el poco más de un mes que llevamos de
2013, ya se han producido 4 suicidios por el mismo motivo. Estamos, por tanto,
ante un nuevo tipo de violencia que se podría denominar “acoso bancario”, que
está produciendo más víctimas que otros con mayor eco en los medios de
comunicación. No es extraño que la portavoz de la Plataforma de Afectados por
las Hipotecas-Stop Desahucios, Ada Colau, en su comparecencia en el la Comisión
de Economía del Congreso, llamara criminal al secretario general de la
Asociación Española de Banca.
La dramática situación provocada
por los desahucios se agudiza cada vez más y sigue sin resolverse por parte de
quienes tienen la posibilidad de hacerlo: gobernantes y banqueros. Los
ciudadanos de a pie estamos participando en todo tipo de iniciativas:
manifestaciones, marchas, recogida de firmas para la presentación de
iniciativas legislativas populares, apoyo a las victimas, paralización de
desahucios, etc.
El Gobierno se ha movilizado
mucho más para rescatar bancos que para garantizar el derecho constitucional a la
vivienda de los ciudadanos. Resulta vergonzoso que los gestores de bancos, que
han provocado el hundimiento de sus propias entidades, se vayan con indemnizaciones
millonarias o se recoloquen en grandes empresas, mientras que los usuarios de
los bancos han sido estafados, desahuciados y privados de trabajo.
Recientemente, se ha tramitado
una Iniciativa Legislativa Popular promovida por la Plataforma de Afectados por
la Hipoteca y otras organizaciones sociales, que contaba con el apoyo de casi millón y medio de firmas. En la misma,
se promueve que con la entrega de la vivienda
habitual quede saldada la hipoteca, cuando el propietario no pueda pagar
por motivos ajenos a su voluntad. Además, se exige la paralización de los
desahucios forzosos y que las personas afectadas, pagando un alquiler en función
de sus ingresos, puedan seguir viviendo
en su casa al menos durante cinco años.
También se solicita el efecto retroactivo de la dación en pago para las
personas que ya han sido desahuciadas.
Todos los
partidos políticos del arco parlamentario apoyaron la admisión a trámite de la citada
iniciativa legislativa popular, incluido el PP que, aunque hasta el último
momento había mantenido que votaría en contra, se vio forzado a cambiar de
posición por la enorme presión social.
Espero
que, definitivamente, la ILP llegue a buen puerto y se dé la razón a las miles
de personas que gritaban en la calle: "sí se puede" y "la
lucha es el camino".
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