El Sistema de
Seguridad Social y de pensiones de nuestro país es uno de los principales
instrumentos de redistribución de la riqueza y supone en sí mismo un mecanismo
de bienestar basado en la solidaridad interterritorial e intergeneracional, que
debe ser cuidado y preservado con especial atención por los poderes públicos, tal
y como mandata la Constitución Española.
Las pensiones en
nuestro país, además de tener un papel fundamental en la garantía de la
cohesión social general y, de manera particular, en el bienestar de uno de los
colectivos de ciudadanos más vulnerables, juegan también un papel cada vez más importante
en el ámbito económico como garantía de demanda de bienes y servicios que a su
vez son motor de crecimiento económico y creación de empleo.
Por ello, rechazamos
los discursos que desde algunas posiciones pretenden utilizar la crisis
internacional y nacional como excusa para recortar los derechos de los pensionistas
actuales y futuros. La congelación de las pensiones contributivas en 2011, supuso
la reducción del poder adquisitivo a 3 de cada 4 pensionistas, es una de
las medidas que el Gobierno del PSOE impuso con el argumento de que ello
contribuirá a reducir el déficit público y salir antes de la crisis.
Como saben, el
Gobierno de España (PP) presentó y aprobó en el mes de Septiembre un
anteproyecto de ley por el que se desvincula el aumento anual de las pensiones
del IPC, y en el que se establece para su revalorización una clausula “suelo”
del0,25% y un “techo” del IPC más el 0,25%. Iniciando así, un nuevo modelo de modificación
del sistema público de pensiones que elimina la referencia automática al IPC de
cada año, respetando el precepto constitucional del mantenimiento del poder
adquisitivo de los pensionistas, e introduce otros criterios que no tienen en
cuenta la inflación anual sino los ingresos y gastos del sistema y la esperanza
de vida.
Esto supone un
recorte brutal de 33.000 millones de euros en 9 años, del 2014 al 2022, con una
inflación prevista del 1 % anual y una revalorización de las pensiones en un 0,25
%. Los cálculos de la gran mayoría de los estudios de prospección económica
fijan para España una inflación muy superior al 1 % previsto por el gobierno,
con lo cual el recorte será mucho mayor.
Si la nueva fórmula
se lleva a cabo, los pensionistas perderán durante los próximos años entre el
20% y el 28% de su poder adquisitivo.
El propio Gobierno,
ya apunta que en los próximos nueve años las pensiones sólo se incrementarían
el 0’25% anual, muy por debajo del 2% en que subirá el coste de la vida, de
acuerdo con las previsiones del Banco Central Europeo para la Zona Euro. Esto supondría
una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones del 15’75 %, siempre que la inflación
no supere en España ese 2% anual, estimación bastante improbable, pues la media
de estos años pasados ha estado en torno al 3%.
Para los llamados “años
buenos” se prevé un aumento de las pensiones equivalente al IPC más el 0’25%.
Aunque parezca un sarcasmo, se necesitarían más de siete años de incremento
continuado de las pensiones para recuperar el poder adquisitivo perdido en un solo
año malo.
El gasto imparable de
la luz, el gas, el agua, el transporte y la cesta de la compra, al que hay que
sumar el copago sanitario, que incide especialmente en los pensionistas, devalúa
aún más su capacidad adquisitiva.
La reforma que
propone el gobierno agravaría notablemente esta situación, hasta condenar a la
miseria a una buena parte de las y los pensionistas Murcianos. Hay que tener en
cuenta que la pensión media de un murciano se sitúa en el puesto 15 de las 17 Comunidades
Españolas. Los Murcianos tenemos una pensión de las más bajas de España.
El Gobierno justifica
su reforma no como consecuencia de la crisis actual, sino basándose en la
inviabilidad del sistema debido al supuesto aumento de la población jubilada,
al pretendido crecimiento de la esperanza de vida, al descenso de la población activa
y a la bajada continua de la natalidad.
Nuestro actual
sistema de Seguridad Social muestra en la actualidad fortaleza financiera
suficiente y una gran legitimación social, gracias a las reformas que periódicamente
y desde hace 15 años vienen operándose en el mismo, basadas en el método del
diálogo y el acuerdo político y social que sustenta el Pacto de Toledo. Este es
el mecanismo que ha de seguir utilizándose para afrontar los retos de futuro
que, sin duda, debe superar en el medio y largo plazo nuestras pensiones.
Sin embargo, el
déficit actual de la Seguridad Social no obedece a esas causas sino al aumento
del paro, al recorte de los salarios y a las exenciones empresariales en
materia de cotización. Este déficit podría compensarse durante varios años con
el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, creado precisamente para esa
eventualidad.
Para IU-Verdes de
Alhama es la política económica del Gobierno la responsable del aumento del
paro y de las reducciones salariales, por la reforma laboral y la pérdida de empleo
público. Todo ello en aras de la privatización de los servicios y del ahorro
del gasto para destinarlo al pago de la deuda contraída para salvar a los
bancos y a las grandes empresas especulativas.
El proyecto de
reforma nos abocaría a un panorama de pensiones de subsistencia, complementadas
con planes privados de pensiones para la minoría que pueda pagarlos.
Por todo lo
anteriormente expuesto,
el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Verdes presenta para su debate en el
próximo Pleno la siguiente
MOCIÓN
1º El Ayuntamiento de
Alhama de Murcia rechaza el proyecto de ley de reforma de las pensiones
públicas, presentado y aprobado por el Consejo de Ministros en el mes de
septiembre del 2013.
2º El Ayuntamiento de
Alhama de Murcia insta al gobierno central a recuperar el espíritu de consenso
del Pacto de Toledo y reafirmen la validez de los principios y mecanismos
establecidos en el mismo. Apoyando además, a que se cumplan los compromisos
adquiridos en él y se continúen impulsando las reformas que el sistema de
Seguridad Social precisa en el medio y largo plazo, de manera que, mejore los
niveles de protección social y garantice la sostenibilidad del sistema, en base
al diálogo y el acuerdo político y social.
3º El Ayuntamiento de
Alhama de Murcia insta al gobierno central a que se impulsen las reformas
necesarias para mejorar los niveles de protección social y garantizar la sostenibilidad
del sistema, con especial atención a los ayuntamientos que están asumiendo
competencias que no les son propias porque se ven obligados a atender a los
pensionistas que demandan cada vez más ayudas municipales.
4º El Ayuntamiento de
Alhama de Murcia insta al Gobierno a que se mantenga, ahora y en el futuro, el
poder adquisitivo de las pensiones de acuerdo con el IPC.
5º Trasladar esta
Moción a la Consejería de Bienestar Social de la Comunidad de Murcia y a los
Portavoces de los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Murcia.
Alhama de Murcia a 14
de Octubre de 2013
Fdo: Isabel Campos
López
Concejal del G.Municipal de
IU-Verdes
