LA CRIMINALIZACIÓN DE LOS POBRES

Artículo de Damián Rubio publicado en Línea Local

El pasado viernes, 11 de octubre, la vicepresidenta del Gobierno compareció ante los medios acusando a los parados de defraudadores porque, según ella, 520.000 españoles desempleados estaban trabajando a la vez que cobrando el subsidio por desempleo. Se jactaba además de que gracias al buen hacer del Gobierno, retirando la prestación a estos “desalmados”,  se habían podido ahorrar 3.160 millones a las arcas públicas.

Los datos oficiales del propio Ministerio de Empleo, pocos días después,  dejaron en evidencia a la Sra. Sáenz de Santamaría reduciendo la cifra del fraude a menos de 70.000 personas. Una vez más, se demuestra que la información que nos transmiten los miembros del  gobierno Rajoy está manipulada para desviar nuestra atención, y criminalizar a los de siempre (los trabajadores), mientras que las grandes fortunas salvaguardan su dinero negro en Suiza, en las Islas Caimán o en cualquier otro paraíso fiscal.

Lo más grave del asunto es que la Vicepresidenta  mintió, repitiendo datos falsos hasta en tres ocasiones durante su comparecencia y sabiendo que estaba faltando a la verdad. No puedo creer que datos de este calibre se puedan difundir tan alegremente sir ser contrastados,  pretendiendo quedar como “salvadores de la patria” al descubrir más de medio millón de “pillos” de una tacada.

Sin duda, estas declaraciones demuestran el gran empeño que está poniendo el Gobierno Popular en perseguir a los “delincuentes fiscales”. Sólo que en esta ocasión han errado, según mi opinión, al dirigir el punto de mira hacia los pobres trabajadores en paro, que se ven obligados a aceptar  cualquier trabajo, sea en las condiciones que fuere, para poder mantener a su familia, ya que en muchos casos el subsidio que reciben no se lo permite.

Con estas afirmaciones no pretendo justificar ninguna actuación fraudulenta, pero cuando un trabajador decide aceptar un empleo en la economía sumergida se produce un doble fraude, en el que la parte “contratante” es la que obtiene un mayor beneficio y realiza una mayor estafa, no sólo fiscal sino contra los derechos fundamentales de las personas.

Esta comprobado que este Gobierno tiene como objetivo “la vuelta al Paleolítico” en lo que a derechos laborales se refiere. Prueba de ello son los reiterados ataques a la clase trabajadora: funcionarios, sindicalistas, médicos, enfermeros, maestros, actores, etc. Para rematar la faena sólo faltaban los pensionistas y los parados. Su apuesta está clara, regresar a una sociedad de ricos y pobres en la que el caciquismo vuelva a campar a sus anchas.

Todo aquel trabajador que no sea sumiso, obediente y resignado no cuenta con muchas posibilidades de encontrar un empleo en la sociedad  a la que nos está empujando la política del Partido Popular. En la misma, los empresarios cada vez están mejor “armados” y los trabajadores más indefensos ante los atropellos de los gobernantes, empresarios, entidades financieras, compañías eléctricas, petroleras, etc.

Me parece indignante que nos ofrezcan migajas y que además tengamos que estarles agradecidos, porque de no ser por estas almas caritativas nos veríamos en la calle mendigando. Eso sí, después de pasar el correspondiente “casting”, porque ni siquiera para eso valemos todos; hay que acreditar que se es “pofesional titulado” hasta para ser pobre.

Damián Rubio es Coordinador de IU-Verdes Alhama