Los ayuntamientos tienen grandes
problemas económicos como consecuencia de una insuficiencia histórica en los
mecanismos de financiación local, agravada en situaciones como la actual crisis
económica que conlleva una drástica caída en los ingresos.
Sin embargo, desde la llegada al
gobierno del Sr. Rajoy y su equipo, lejos de iniciarse medidas para resolver
este histórico problema de la financiación local, se ha emprendido una auténtica
cruzada contra la autonomía local, materializada fundamentalmente en medidas
legislativas como la denominada “Ley Montoro” y la “Ley de Reforma la
Administración Local”.
La primera de ellas, impulsada
por el Ministro de Hacienda y aprobada a inicios de 2012, impuso a las entidades locales todo tipo de
trámites administrativos de carácter presupuestario y económico. Bajo la excusa
del cumplimiento de los preceptos de la
estabilidad presupuestaria, la administración estatal se reserva facultades de
intervención y control, que dejan en mantillas la capacidad de actuación
política y de gestión municipal.
Por cierto, antes de la aprobación de esta Ley, los
ayuntamientos ya estaban sometidos por ley al cumplimiento del principio de
equilibrio presupuestario, que impedía aprobar presupuestos con déficit. En
caso de existir el mismo a la finalización del ejercicio, el siguiente presupuesto debía contener el
superávit necesario para saldar el déficit del anterior, ya cerrado.
Creo que con este tipo de medidas
legislativas, y las declaraciones del Ministro, se pretendió situar a los
ayuntamientos como los principales culpables del déficit del conjunto de las
administraciones públicas. Sin embargo, los datos macroeconómicos indicaban
todo lo contrario, ya que, sobre el total del déficit nacional, el
endeudamiento de los ayuntamientos era irrelevante.
La segunda de las leyes
mencionadas, aprobada en el año 2013 con el rimbombante nombre de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, afectaba fundamentalmente
a la delimitación de las competencias de los ayuntamientos y su capacidad de
gasto. Con ello, la capacidad de actuación municipal prácticamente quedaba
reducida al mantenimiento del municipio. Así, se eliminan competencias en
materias como: educación, sanidad, empleo, igualdad de la mujer, protección del
medio ambiente o vivienda, entre otras.
Las políticas llevadas a cabo por
el Partido Popular están teniendo un denominador común: los recortes en
derechos laborales, sociales, de expresión y ciudadanos. Los mismos afectan a los servicios que se
reciben, por el evidente retroceso en la autonomía en la toma de decisiones de
los ayuntamientos y la reducción de su financiación.
El supuesto ahorro por la
eliminación de duplicidades entre administraciones en realidad sólo persigue la
reducción de la administración local, que, aunque seguirá estando en primera
línea para atender las necesidades de los ciudadanos, es la
“última de la fila” para recibir fondos. El objetivo forma parte del ADN de los
populares: estrangular la administración pública y forzar la privatización de
servicios mediante conciertos, concesiones, etc.
Damián Rubio es Coordinador Local de IU-Verdes Alhama
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