EL NEGOCIO DE LA ENSEÑANZA

Artículo de Damián Rubio publicado en Infolinea del 6 de diciembre

La campaña de la derecha a favor de la enseñanza privada-concertada ha llegado a nuestro Ayuntamiento en forma de moción, que se habrá debatido en el Pleno del pasado martes. La moción se está presentado en los consistorios de toda España a raíz de las declaraciones de la Ministra Celaá en el congreso de Escuelas Católicas celebrado el pasado mes de noviembre, en el que afirmó que “de ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres y madres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podría ser parte de la libertad de enseñanza”.

El PP ha montado esta moción interpretando de una manera sesgada el artículo 27 de la Constitución, que se refiere a los derechos fundamentales y las libertades públicas, entre ellos el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, para concluir que los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos y deben tener garantizado el tipo de educación y el centro educativo donde escolarizarlos, que hay que defender la red de los centros concertados y garantizar que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones.

Esta moción se puede desmontar fácilmente leyendo en su totalidad el mencionado artículo 27 de nuestra Carta Magna, ya que en el mismo no se recoge nada que tenga que ver con el derecho de los padres a elegir el tipo de educación o en centro educativo que ellos prefieran. Sí se reconoce el derecho de todos a la educación y que los poderes públicos deben garantizar que el mismo se haga efectivo, también a crear centros docentes dentro del respeto a los principios constitucionales y que éstos puedan percibir ayudas si reúnen los requisitos legales.

Sin embargo, al PP y a la derecha el general, no les parece suficiente. Creen que con el dinero público hay que favorecer el negocio de la enseñanza privada. No creo que la Administración tenga que subvencionar a todos los colegios privados, ni crear centros concertados “a la carta” según las preferencias de los padres. Los poderes públicos deben garantizar que existan plazas públicas suficientes y gratuitas para todos los niños durante el periodo de enseñanza obligatoria, que actualmente llega hasta 16 años. Además, me parece lamentable que se escatimen recursos para la enseñanza pública, provocando su deterioro y generando conciertos privados.

En nuestro pueblo tenemos un claro ejemplo. En su día se suspendió la segunda línea del CEIP Ntra. Sra. Del Rosario y desde hace más de una década se viene demorando la construcción de un nuevo IES Valle de Leiva. Mientras tanto, se han dado todas las facilidades para construir un centro privado-concertado, que ya ofrece plazas desde Infantil hasta Bachillerato, en un lugar sin urbanizar. Yo estoy de acuerdo en que los padres tengan libertad para elegir el centro que quieren para sus hijos, pero me parece escandaloso que desde las instituciones se restrinjan las inversiones en los centros públicos, mientras se propicia la construcción y consolidación de un centro privado.

Tengo muy claro que los recursos públicos no deben de ir donde vayan las preferencias individuales, y que la igualdad real se garantiza con una educación pública de calidad que posibilite la gratuidad educativa para todos. Es indignante que en 2019 los Presupuestos Regionales hayan destinado 247,5 millones de euros a la enseñanza concertada, que en los últimos 15 años se ha visto incrementada presupuestariamente en un 133 %.

Damián Rubio es Coordinador Local de IU-Verdes