Artículo de Damián Rubio publicado en Infolinea del 22 de noviembre
El pasado día 6 de diciembre, como en años anteriores, se celebró el Día
de la Constitución, festividad que conmemora la fecha en la que se ratificó
mediante referéndum la Carta Magna en el año 1978.
Desde hace de 41 años, se ha convertido en un clásico el macro-puente
que da el pistoletazo de salida a las festividades navideñas, en el que además
se suelen celebrar actos de carácter institucional relacionados con la
Constitución. Tengo la sensación que, pese a la importancia de la fecha, sigue
prevaleciendo la celebración de forma testimonial en las instituciones sobre su
implantación como fiesta popular en la que se celebren la recuperación de la
democracia y de una Carta Magna que contiene valores tan importantes como la
tolerancia, la libertad, la igualdad, el pluralismo, la justicia social, la
participación ciudadana, etc. Todo lo
que la dictadura franquista nos arrebató
a los españoles y nos mantuvo
secuestrados durante más de 40 años de represión.
Las celebraciones de carácter institucional se reducen, año tras año, al
mismo protocolo institucional, con la participación de los presidentes de Congreso y Senado, al
igual que representantes de administraciones
e instituciones del Estado. Lo único que cambia son los detalles o anécdotas de
estos actos que los medios de comunicación consideran destacables, como las
ausencias más o menos sonadas, las declaraciones que puedan romper la monotonía
o que se capte alguna imagen a la que se pueda “sacar punta”, como ha sucedido
este año en la que se ha “pillado in fraganti” a líderes de partidos políticos
antagónicos echándose unas risas en común.
La noticia destacada de este largo fin de semana ha sido el alto grado
de ocupación hotelera en los habituales lugares de vacaciones. Más allá de las
declaraciones institucionales, apenas ha quedado espacio para valorar que
tengamos una Constitución que propugna la convivencia pacífica entre los
españoles, con independencia de ideologías políticas, posición social, raza,
condición sexual, procedencia o creencia religiosa; ni que, a pesar de todo, la
Constitución del 78 haya servido para que los españoles vivamos un largo
periodo de estabilidad política y convivencia pacífica; o el debate sobre si ha
llegado el momento de abordar en profundidad el texto constitucional para
reformarlo y adaptarlo a la sociedad española del siglo XXI, para que en ella
quepamos todos.
También es cierto que las dos reformas del texto constitucional que se
han abordado han sido las siguientes: una, en 1992, para permitir el voto de
los extranjeros comunitarios en las elecciones municipales; y otra, en
2011, la modificación del artículo 135
para priorizar los intereses financieros por encima de las necesidades de los
ciudadanos, ninguna de ellas se ha llevado a cabo por aclamación popular,
precisamente. Ambas nos han venido desde Europa, la primera con un carácter de
“ampliación de fronteras democráticas” y la segunda, no exenta de controversia,
impuesta por los poderes económicos.
Por mi parte, quiero recordar que, el 9 de diciembre de 1931, se aprobó
la Constitución de la II República Española, que puso a nuestro país en aquel
momento a la vanguardia de lo que era una moderna democracia, especialmente en
el ámbito de las libertades y los derechos sociales. También que en nuestro
país mantenemos una jefatura de Estado hereditaria y que considero necesario
que los ciudadanos podamos decidir qué modelo de estado queremos, si perpetuar
la dinastía Borbónica o una república en la que Jefatura de Estado sea elegida
democráticamente por los ciudadanos.
Damián Rubio es Coordinador Local de IU-Verdes 
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