Izquierda Unida, desde su origen, ha fijado su propuesta en materia de agua en cuatro ejes: planificación del recurso, gestión de la demanda, fomento del ahorro y solidaridad.
La planificación del recurso desde una perspectiva de Estado, a través de los planes de Cuenca, evitando con ello usos indebidos y garantizando la asignación del recurso al consumo de boca, la agricultura, la industria y los servicios. Por tanto, para que la planificación sea efectiva, siempre ha comprendido que la gestión de los ríos de España, cuyas cuencas hidrográficas afectaban o discurrían por más de una comunidad autónoma, era competencia del Gobierno central, haciendo posible con ello lo que se denomina unidad de cuenca.
El segundo concepto: la gestión de la demanda, tiene que ver con la obligación de las Administraciones en su conjunto de corresponsabilizarse en el modelo de desarrollo, al objeto de que éste no implique en políticas de incremento de oferta, ya que esta (nuevos trasvases) u (obtención de nuevos recursos) conlleva implícitamente un importante incremento de los consumos. La política de precios, el control de los planes agrarios y su extensión, la persecución de los usos ilegales, los modelos urbanizables, etc., configuran las herramientas para una gestión sostenible de la demanda.
El fomento del ahorro es un signo claro de nuestra propuesta. Ahorro en el consumo doméstico, con planes y medidas consecuentes con la escasez del recurso. Ahorro en el sentido que conllevan las eficiencias de la modernización de la actividad agraria, que no deben dirigirse a nuevas hectáreas de regadío (60.000 hectáreas de regadío ilegales en la Región). Ahorro en políticas de reutilización de aguas residuales e industriales.
Y solidaridad, apurando los beneficios de la planificación, la gestión de la demanda y el fomento del ahorro, si un territorio, sea el que sea, ha de ser acreedor, por necesidades reales, de recibir agua de otra cuenca. También en el agua la solidaridad debe existir.
En el tiempo, IU ha evolucionado hacia una posición más ambientalista que cuestiona el principal elemento de valoración del recurso históricamente: el económico.
Desde Izquierda Unida de la Región de Murcia, siempre hemos sido coherentes y consecuentes con la política hídrica de IU. Así, en torno al P.H.N. aprobado por el Gobierno del PP en 2000, esta formación, pese al alto coste político, electoral y mediático que suponía en Murcia rechazar el trasvase del Ebro, lo hizo y lo mantuvo. Sobraban y sobran razones: antiambiental, ineficaz económicamente, promotor aquí de un desarrollismo furibundo, etc. Nuestra alternativa entonces era la política general descrita en el inicio de esta resolución y el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura. IU Federal avaló entonces ese posicionamiento, haciéndolo suyo.
La situación actual
El PP en la Región de Murcia, rico electoralmente con el ‘Agua para todos’, ha exportado su cátedra. En Castilla-La Mancha no pocos pretenden enriquecerse electoralmente, utilizando el agua como instrumento de confrontación entre territorios, en una visión repetida de la era Valcárcel en Murcia.
La aprobación en las Cortes de Castilla-La Mancha de un nuevo Estatuto de Autonomía en el que en diversos artículos y disposiciones se apropian de competencias exclusivas del Estado, orientadas a poner fin al trasvase Tajo-Segura, no es sino un episodio más de puja de PP y PSOE de obtener réditos electorales. Al tiempo, en una estrategia calculada, se ofrecen otras alternativas (Tajo Medio-Extremadura), en el intento de generar expectativas que suavizan la focalización del programa en litigio.
Ante ello, la Asamblea de IU acuerda:
1. Reclamar el derecho, reconocido por la ONU, a tener garantizado el recurso agua en el marco de la competencia central de planificación y solidaridad de este recurso escaso.
2. Insistir en el derecho constitucional de la ciudadanía de la Región de Murcia a un desarrollo económico y social que se veía seria y bruscamente recortado con el fin del trasvase Tajo-Segura. El impacto de un hipotético cierre del trasvase sobre la población inmigrante y las comarcas menos avanzadas económicamente de la Región: Noroeste, Vega Media y Altiplano serían sus principales afectados. Sería un alto precio a pagar en forma de pobreza y desempleo.
3. Señalar a Ramón Luis Valcárcel y PP como auténticos y singulares responsables de que la Región de Murcia no haya articulado una estrategia legislativa de igual orden jerárquico (Nuevo Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, que han bloqueado) para contrarrestar el intento de Barreda y De Cospedal.
4. Expresar nuestra rotunda oposición a la clausura del trasvase Tajo-Segura a la modificación de sus normas de explotación, a la alteración de Cuenca de Castilla-La Mancha, a la modificación del mínimo de reserva, o la alteración del actual equilibrio en la presencia de las autonomías en los órganos de Gestión y Administración de los recursos hídricos.
5. Manifestar nuestro compromiso con las políticas ambientalista. Nos negamos a nuevos trasvases. Nos comprometemos con las políticas de persecución del uso ilegal, de la extensión de regadíos, de robo de agua, de nuevos entubamientos, de sobreexplotación de pozos, de modelo de desarrollo insostenible, etc.
6. Rechazar las intenciones de entubamiento del río Segura.
7. Por todo ello, instamos a nuestro diputado a recabar el apoyo institucional en la Asamblea regional para impulsar ante el Congreso iniciativas legislativas de impulso que, amparadas en los principios y propuestas de esta Resolución, cuentan con la voz de IU en su defensa en el Congreso de los Diputados.
La planificación del recurso desde una perspectiva de Estado, a través de los planes de Cuenca, evitando con ello usos indebidos y garantizando la asignación del recurso al consumo de boca, la agricultura, la industria y los servicios. Por tanto, para que la planificación sea efectiva, siempre ha comprendido que la gestión de los ríos de España, cuyas cuencas hidrográficas afectaban o discurrían por más de una comunidad autónoma, era competencia del Gobierno central, haciendo posible con ello lo que se denomina unidad de cuenca.
El segundo concepto: la gestión de la demanda, tiene que ver con la obligación de las Administraciones en su conjunto de corresponsabilizarse en el modelo de desarrollo, al objeto de que éste no implique en políticas de incremento de oferta, ya que esta (nuevos trasvases) u (obtención de nuevos recursos) conlleva implícitamente un importante incremento de los consumos. La política de precios, el control de los planes agrarios y su extensión, la persecución de los usos ilegales, los modelos urbanizables, etc., configuran las herramientas para una gestión sostenible de la demanda.
El fomento del ahorro es un signo claro de nuestra propuesta. Ahorro en el consumo doméstico, con planes y medidas consecuentes con la escasez del recurso. Ahorro en el sentido que conllevan las eficiencias de la modernización de la actividad agraria, que no deben dirigirse a nuevas hectáreas de regadío (60.000 hectáreas de regadío ilegales en la Región). Ahorro en políticas de reutilización de aguas residuales e industriales.
Y solidaridad, apurando los beneficios de la planificación, la gestión de la demanda y el fomento del ahorro, si un territorio, sea el que sea, ha de ser acreedor, por necesidades reales, de recibir agua de otra cuenca. También en el agua la solidaridad debe existir.
En el tiempo, IU ha evolucionado hacia una posición más ambientalista que cuestiona el principal elemento de valoración del recurso históricamente: el económico.
Desde Izquierda Unida de la Región de Murcia, siempre hemos sido coherentes y consecuentes con la política hídrica de IU. Así, en torno al P.H.N. aprobado por el Gobierno del PP en 2000, esta formación, pese al alto coste político, electoral y mediático que suponía en Murcia rechazar el trasvase del Ebro, lo hizo y lo mantuvo. Sobraban y sobran razones: antiambiental, ineficaz económicamente, promotor aquí de un desarrollismo furibundo, etc. Nuestra alternativa entonces era la política general descrita en el inicio de esta resolución y el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura. IU Federal avaló entonces ese posicionamiento, haciéndolo suyo.
La situación actual
El PP en la Región de Murcia, rico electoralmente con el ‘Agua para todos’, ha exportado su cátedra. En Castilla-La Mancha no pocos pretenden enriquecerse electoralmente, utilizando el agua como instrumento de confrontación entre territorios, en una visión repetida de la era Valcárcel en Murcia.
La aprobación en las Cortes de Castilla-La Mancha de un nuevo Estatuto de Autonomía en el que en diversos artículos y disposiciones se apropian de competencias exclusivas del Estado, orientadas a poner fin al trasvase Tajo-Segura, no es sino un episodio más de puja de PP y PSOE de obtener réditos electorales. Al tiempo, en una estrategia calculada, se ofrecen otras alternativas (Tajo Medio-Extremadura), en el intento de generar expectativas que suavizan la focalización del programa en litigio.
Ante ello, la Asamblea de IU acuerda:
1. Reclamar el derecho, reconocido por la ONU, a tener garantizado el recurso agua en el marco de la competencia central de planificación y solidaridad de este recurso escaso.
2. Insistir en el derecho constitucional de la ciudadanía de la Región de Murcia a un desarrollo económico y social que se veía seria y bruscamente recortado con el fin del trasvase Tajo-Segura. El impacto de un hipotético cierre del trasvase sobre la población inmigrante y las comarcas menos avanzadas económicamente de la Región: Noroeste, Vega Media y Altiplano serían sus principales afectados. Sería un alto precio a pagar en forma de pobreza y desempleo.
3. Señalar a Ramón Luis Valcárcel y PP como auténticos y singulares responsables de que la Región de Murcia no haya articulado una estrategia legislativa de igual orden jerárquico (Nuevo Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, que han bloqueado) para contrarrestar el intento de Barreda y De Cospedal.
4. Expresar nuestra rotunda oposición a la clausura del trasvase Tajo-Segura a la modificación de sus normas de explotación, a la alteración de Cuenca de Castilla-La Mancha, a la modificación del mínimo de reserva, o la alteración del actual equilibrio en la presencia de las autonomías en los órganos de Gestión y Administración de los recursos hídricos.
5. Manifestar nuestro compromiso con las políticas ambientalista. Nos negamos a nuevos trasvases. Nos comprometemos con las políticas de persecución del uso ilegal, de la extensión de regadíos, de robo de agua, de nuevos entubamientos, de sobreexplotación de pozos, de modelo de desarrollo insostenible, etc.
6. Rechazar las intenciones de entubamiento del río Segura.
7. Por todo ello, instamos a nuestro diputado a recabar el apoyo institucional en la Asamblea regional para impulsar ante el Congreso iniciativas legislativas de impulso que, amparadas en los principios y propuestas de esta Resolución, cuentan con la voz de IU en su defensa en el Congreso de los Diputados.
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