Nuestra Constitución, en su artículo 9.2, reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en la vida pública, señalando a los poderes públicos como responsables de “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.
En democracia, debería estar asumido que los ciudadanos tienen derecho a algo más que votar cada 4 años. No obstante, parece que algunos de nuestros gobernantes están empeñados en reducir la participación ciudadana al acto de depositar la papeleta en la urna o de acudir a las manifestaciones promovidas por los propios poderes públicos. Cualquier acción ciudadana, no controlada ni promovida desde el poder, les pone nerviosos y les hace sacar la policía a la calle a “repartir estopa”. Un ejemplo claro de esto último es lo sucedido con el movimiento 15-M.
En el Pleno que se celebró en nuestro Consistorio el pasado 29 de septiembre, uno de los asuntos a debate fue la aprobación del estatuto por el que se regirá la figura del Defensor del Vecino de nuestra localidad. Con ello, se pretende nombrar a una persona que sirva de enlace entre la Administración Local y los alhameños, cuyas funciones serían: mediar, asesorar, informar, atender y ayudar a los ciudadanos en sus relaciones con el Ayuntamiento y el resto de organismos dependientes del mismo. De esta manera, se crea un cauce directo de participación, a través del cual se pueden trasladar quejas, sugerencias y propuestas con el fin de mejorar la relación entre la Administración y sus administrados.
En principio, se trata de una buena forma de favorecer la participación pero, tal como se plantea su nombramiento, tengo serias dudas de que sirva para los objetivos que se pretenden alcanzar. Me parece imprescindible que esta figura sea lo más independiente posible, especialmente de quien gobierna, si se quiere que sirva para algo. En la redacción del Estatuto se pretende garantizar la citada independencia estableciendo una serie de incompatibilidades con el cargo. Sin embargo, el nombramiento del mismo se va a hacer a propuesta de los Grupos Políticos Municipales y, lógicamente, saldrá elegido el que presente la mayoría gobernante. De esta forma, la independencia queda en entredicho.
Creo que, si realmente se apostara por la participación ciudadana, habría que empezar la casa por los cimientos y no por el tejado. En primer lugar, habría que, dando respuesta al mandato constitucional, crear un estatuto de participación ciudadana en el que se regulen, entre otras cosas, los procedimientos para constituir un consejo local que represente a todas las organizaciones y asociaciones al margen de los partidos políticos. Opino que este órgano sería el más idóneo para proponer a un defensor del vecino realmente independiente del Ejecutivo Local.
Sería muy triste que de nuevo la rumorología popular tuviera razón y que, antes de crear la figura del Defensor del Vecino, ésta ya tenga nombre y apellidos, con el fin de colocar a algún candidato que no consiguió puesto de concejal con el Gobierno Municipal.
En democracia, debería estar asumido que los ciudadanos tienen derecho a algo más que votar cada 4 años. No obstante, parece que algunos de nuestros gobernantes están empeñados en reducir la participación ciudadana al acto de depositar la papeleta en la urna o de acudir a las manifestaciones promovidas por los propios poderes públicos. Cualquier acción ciudadana, no controlada ni promovida desde el poder, les pone nerviosos y les hace sacar la policía a la calle a “repartir estopa”. Un ejemplo claro de esto último es lo sucedido con el movimiento 15-M.
En el Pleno que se celebró en nuestro Consistorio el pasado 29 de septiembre, uno de los asuntos a debate fue la aprobación del estatuto por el que se regirá la figura del Defensor del Vecino de nuestra localidad. Con ello, se pretende nombrar a una persona que sirva de enlace entre la Administración Local y los alhameños, cuyas funciones serían: mediar, asesorar, informar, atender y ayudar a los ciudadanos en sus relaciones con el Ayuntamiento y el resto de organismos dependientes del mismo. De esta manera, se crea un cauce directo de participación, a través del cual se pueden trasladar quejas, sugerencias y propuestas con el fin de mejorar la relación entre la Administración y sus administrados.
En principio, se trata de una buena forma de favorecer la participación pero, tal como se plantea su nombramiento, tengo serias dudas de que sirva para los objetivos que se pretenden alcanzar. Me parece imprescindible que esta figura sea lo más independiente posible, especialmente de quien gobierna, si se quiere que sirva para algo. En la redacción del Estatuto se pretende garantizar la citada independencia estableciendo una serie de incompatibilidades con el cargo. Sin embargo, el nombramiento del mismo se va a hacer a propuesta de los Grupos Políticos Municipales y, lógicamente, saldrá elegido el que presente la mayoría gobernante. De esta forma, la independencia queda en entredicho.
Creo que, si realmente se apostara por la participación ciudadana, habría que empezar la casa por los cimientos y no por el tejado. En primer lugar, habría que, dando respuesta al mandato constitucional, crear un estatuto de participación ciudadana en el que se regulen, entre otras cosas, los procedimientos para constituir un consejo local que represente a todas las organizaciones y asociaciones al margen de los partidos políticos. Opino que este órgano sería el más idóneo para proponer a un defensor del vecino realmente independiente del Ejecutivo Local.
Sería muy triste que de nuevo la rumorología popular tuviera razón y que, antes de crear la figura del Defensor del Vecino, ésta ya tenga nombre y apellidos, con el fin de colocar a algún candidato que no consiguió puesto de concejal con el Gobierno Municipal.
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