En España siempre ha tenido una gran importancia el sector primario: agricultura, ganadería y pesca. La situación geográfica y el clima han favorecido el desarrollo de estas actividades a lo largo de los tiempos. Hasta no hace mucho, las personas que se dedicaban a estos menesteres podían vivir de ello, generando además bastantes puestos de trabajo directos e indirectos.
En Alhama, sin ir más lejos, hasta finales de los años 70, existía una gran actividad agrícola centrada principalmente en la uva de mesa, los cítricos y el pimiento de bola. De hecho, nuestra localidad exportaba estos productos al resto del país y a Europa. Gran parte de los alhameños trabajaban en tareas relacionadas con la plantación, recolección y preparación de los productos citados.
Desde finales de los 50 ya existía en Europa una Política Agraria Común (PAC), propiciada por el tratado de Roma. Entre otros, los principales objetivos eran: incrementar la productividad, garantizar un nivel de vida digno a la población agrícola, estabilizar los mercados, asegurar el abastecimiento de productos agrícolas y proporcionar precios razonables al consumidor. En todas estas ventajas pensaban los agricultores españoles cuando nuestro país ingresó en la Comunidad Económica Europea en el año 86.
Sin embargo, con el paso del tiempo, los pequeños agricultores han visto como sus esperanzas se han ido truncando en favor de las grandes explotaciones, que han ido proliferando para satisfacer las demandas del mercado. Esto finalmente ha derivado en que sea el propio mercado, mediante las grandes cadenas de distribución, quien imponga su ley. Las consecuencias han sido las siguientes: caída de los precios agrícolas en origen (hasta situarse a menudo por debajo de los costes de producción), proliferación del monocultivo en grandes explotaciones, acuerdos con terceros países que proporcionan productos a precios más bajos, concentración de las ayudas en las grandes propiedades (con independencia de su producción), sobrexplotación de recursos naturales, etc.
Si la Política Agraria Común no está pensada para los pequeños agricultores, menos aún lo está para los jornaleros. En nuestra Región los asalariados que viven de la agricultura superan el 50% de las personas que se dedican a esta actividad. Este colectivo soporta, además, los mayores índices de eventualidad y precariedad, así como las peores condiciones sociales y laborales de todos los trabajadores europeos.
La Comisión Europea está estudiando una nueva reforma de la PAC para el periodo 2013-2020, que agrava los problemas anteriormente referidos. Para recuperar los objetivos marcados en el Tratado de Roma, la reforma debería propiciar el control de la producción y la regulación de los mercados, para conseguir unos precios agrícolas estables y rentables para el agricultor. Tendría que centrarse también en las pequeñas explotaciones, especialmente de las regiones más desfavorecidas. Por otra parte, deberían limitarse los márgenes de beneficios de las grandes distribuidoras y fomentar la comercialización directa (la alimentación básica debería producirse localmente, en la medida de lo posible). Otras medidas importantes serían el incremento del apoyo al cooperativismo y a la estabilidad del empleo de los asalariados.
Creo que hay que apostar firmemente por el desarrollo rural para evitar el desarraigo y el abandono de las tierras. La agricultura es un sector estratégico porque aporta bienes tan importantes como la alimentación de calidad, el desarrollo económico sostenible, el respeto del medio ambiente y la biodiversidad.
En Alhama, sin ir más lejos, hasta finales de los años 70, existía una gran actividad agrícola centrada principalmente en la uva de mesa, los cítricos y el pimiento de bola. De hecho, nuestra localidad exportaba estos productos al resto del país y a Europa. Gran parte de los alhameños trabajaban en tareas relacionadas con la plantación, recolección y preparación de los productos citados.
Desde finales de los 50 ya existía en Europa una Política Agraria Común (PAC), propiciada por el tratado de Roma. Entre otros, los principales objetivos eran: incrementar la productividad, garantizar un nivel de vida digno a la población agrícola, estabilizar los mercados, asegurar el abastecimiento de productos agrícolas y proporcionar precios razonables al consumidor. En todas estas ventajas pensaban los agricultores españoles cuando nuestro país ingresó en la Comunidad Económica Europea en el año 86.
Sin embargo, con el paso del tiempo, los pequeños agricultores han visto como sus esperanzas se han ido truncando en favor de las grandes explotaciones, que han ido proliferando para satisfacer las demandas del mercado. Esto finalmente ha derivado en que sea el propio mercado, mediante las grandes cadenas de distribución, quien imponga su ley. Las consecuencias han sido las siguientes: caída de los precios agrícolas en origen (hasta situarse a menudo por debajo de los costes de producción), proliferación del monocultivo en grandes explotaciones, acuerdos con terceros países que proporcionan productos a precios más bajos, concentración de las ayudas en las grandes propiedades (con independencia de su producción), sobrexplotación de recursos naturales, etc.
Si la Política Agraria Común no está pensada para los pequeños agricultores, menos aún lo está para los jornaleros. En nuestra Región los asalariados que viven de la agricultura superan el 50% de las personas que se dedican a esta actividad. Este colectivo soporta, además, los mayores índices de eventualidad y precariedad, así como las peores condiciones sociales y laborales de todos los trabajadores europeos.
La Comisión Europea está estudiando una nueva reforma de la PAC para el periodo 2013-2020, que agrava los problemas anteriormente referidos. Para recuperar los objetivos marcados en el Tratado de Roma, la reforma debería propiciar el control de la producción y la regulación de los mercados, para conseguir unos precios agrícolas estables y rentables para el agricultor. Tendría que centrarse también en las pequeñas explotaciones, especialmente de las regiones más desfavorecidas. Por otra parte, deberían limitarse los márgenes de beneficios de las grandes distribuidoras y fomentar la comercialización directa (la alimentación básica debería producirse localmente, en la medida de lo posible). Otras medidas importantes serían el incremento del apoyo al cooperativismo y a la estabilidad del empleo de los asalariados.
Creo que hay que apostar firmemente por el desarrollo rural para evitar el desarraigo y el abandono de las tierras. La agricultura es un sector estratégico porque aporta bienes tan importantes como la alimentación de calidad, el desarrollo económico sostenible, el respeto del medio ambiente y la biodiversidad.
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