Nuestro país viene sufriendo
desde hace décadas un proceso continuado de privatización de las empresas
públicas. Esta práctica empezó ya a realizarse en los últimos años de la
Dictadura, pero fue a mediados de los 80 cuando el proceso adquirió mayor auge
y continuidad, coincidiendo con la entrada de nuestro país en la Comunidad
Económica Europea.
Salvo pequeñas excepciones, la
gran mayoría de las empresas públicas privatizadas eran sumamente rentables,
algunas de ellas tan importantes como: Telefónica, Endesa, Repsol, Red
Eléctrica, Retevisión, Argentaria o Seat. La venta de estas empresas en muchas
ocasiones llevaba aparejada la liberalización de servicios y sectores
estratégicos.
Hasta ahora todo se circunscribía
a la venta de empresas. Pero en los últimos tiempos, con el PP, se quiere
llegar mucho más allá privatizando servicios tan básicos y fundamentales como
sanidad, educación o atención social. En estos sectores ya hay una gran
presencia de la empresa privada, en muchos casos sustentadas con dinero público
mediante conciertos, y lo que pretenden, con la excusa de la crisis y el
cumplimiento del objetivo de déficit, es degradar al máximo los servicios
públicos para que aquellos que puedan se paguen la atención privada.
Creo que no se trata de una
cuestión económica sino de imponer una ideología basada en la ley del más
fuerte, de manera que los ciudadanos únicamente accedan a aquellos servicios
que se puedan pagar. Lo público quedará como algo marginal, con pocos recursos,
escasos medios, y aglutinando a los sectores de la población más
desfavorecidos. Es decir, capitalismo puro y duro.
Este asunto de las
privatizaciones no es exclusivo de la administración del Estado o de la
Comunidad, sino que se extiende también a la política local. En Alhama, sin ir
más lejos, tenemos concesiones en servicios tan básicos como agua, recogida de
basura, limpieza, recaudación de impuestos, mantenimiento de jardines, gestión
de instalaciones deportivas, etc. Está claro que las empresas que gestionan
estos servicios no lo hacen por altruismo y sin ánimo de lucro. Estoy seguro
que si el Ayuntamiento los gestionase directamente y con la eficacia que se
debe exigir a cualquier gobernante o empleado público, nos costarían menos
dinero a los alhameños.
A todo esto, hay que recordar que
cuando el servicio es público y lo gestiona el Ayuntamiento no se paga IVA,
cosa que si sucede cuando lo hace una empresa privada. Por tanto, nos
estaríamos ahorrando un “buen pellizco” en las arcas municipales, y por ende
los ciudadanos en las tasas y precios públicos, si la gestión de estos servicios fuese directa.
El afán privatizador no se queda
en los servicios referidos, sino que también pretende alcanzar algo tan básico
como la educación o servicios sociales. Parece ser que en Alhama de nuevo se
están moviendo los hilos para la construcción de un colegio privado concertado
y una residencia de mayores. En el primero de los casos, desde el Gobierno
Municipal PP-CCD, ya se han hecho las
modificaciones oportunas en el Plan General Municipal de Ordenación para
posibilitar la construcción de centros educativos en suelo privado. En el caso
de la Residencia Virgen del Rosario, se ha imposibilitado la ampliación de la
misma y se vienen reduciendo los recursos hasta hacerla inviable.
Paradojas del destino: hemos
puesto a gestionar lo público a quienes sólo creen en lo privado.
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