Artículo de Damián Rubio publicado en Línea Local
El tema del aborto ha vuelto a
ser actualidad en este inicio de año debido al empeño del PP -con su Ministro
de Justicia, Sr. Gallardón, como abanderado- por modificar la actual ley de
plazos que regula la interrupción voluntaria del embarazo vigente desde 2010.
El Gobierno Rajoy pretende un
regreso al pasado para recuperar la antigua ley de supuestos del año 1985, que
nos llevaría de nuevo a la doble moral tan apreciada por la derecha de este
país, consistente en mantener la ambigüedad suficiente que les permita
maniobrar en función de las circunstancias y de a quién afecte. En definitiva,
que no haya obstáculos para aplicar el famoso dicho popular: “haz lo que yo
diga, pero no lo que yo haga”.
Tengo el convencimiento de que el
aborto no es plato de buen gusto para nadie, y mucho menos para la mujer. Una
decisión de ese calibre, aunque sea amparada por la ley, supone un golpe
psicológico importantísimo para la persona que se ve en la necesidad de
tomarla. Por ello, es imprescindible que el Estado garantice las condiciones
legales y sanitarias adecuadas que minimicen las secuelas de un trance de esta
magnitud.
La ley vigente permite practicar
la interrupción del embarazo dentro de las primeras 14 semanas sin tener que
alegar ningún tipo de trastorno. Con ello, la mujer tiene un periodo suficiente
para tomar una decisión libre y en las mejores condiciones sanitarias. Además,
también se contempla dentro de las primeras 22 semanas si existen riesgos para la
mujer o anomalías en el feto y, si estas últimas son incompatibles con la vida,
se amplia a cualquier momento del embarazo. Es por tanto una ley que establece
claramente las condiciones y plazos para interrumpir la gestación.
La reforma de Gallardón, propone
recuperar las restricciones y ambigüedades superadas por la ley actual. De modo
que sólo se permita abortar dentro de las 12 primeras semanas de embarazo, sí
éste se ha producido a través de una violación previamente denunciada. Dentro
de las 22 primeras semanas, si existe un grave riesgo para la vida o la salud
física o psíquica de la futura madre. Más allá de este último periodo, no se
penaliza la interrupción del embarazo, siempre y cuando el feto presente
anomalías o malformaciones incompatibles con la vida, no detectadas con
anterioridad.
Esta contrarreforma supondría más
restricciones, un aumento del “papeleo” y ambiguas válvulas de escape como “el
riesgo para la salud psíquica” o “malformaciones no detectadas con
anterioridad”, abiertas a cualquier
interpretación y a la presentación de los convenientes informes.
Creo que la ley de plazos que
actualmente se aplica en nuestro país en relación a este asunto, no es una ley
que incite a abortar a quien no quiera hacerlo, pero garantiza unas condiciones
más racionales que las que pretende imponer el PP. Entiendo que es un debate
innecesario en este momento, que intenta contentar a un sector muy concreto de
nuestra sociedad y desviar la atención
de asuntos de mayor calado social, tales como la corrupción, los recortes en
sanidad, educación y servicios sociales.
Damián Rubio es Coordinador de IU-Verdes Alhama
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