En las últimas semanas, ha tenido
un gran eco en los medios de comunicación nacionales el conflicto vivido en
Burgos, como consecuencia del levantamiento de un barrio (El Gamonal) contra la
decisión municipal de convertir una de sus principales arterias en un bulevar
con parking subterráneo incluido. En el proyecto se pretendían invertir 8
millones de euros de dinero público en una zona castigada por el paro y la
pobreza, que además sufre, como todos, las consecuencias de los recortes en sanidad,
educación, prestaciones sociales, etc.
Una vez iniciadas las obras, los
vecinos decidieron lanzarse a la calle para manifestar su desacuerdo ante la
decisión municipal, llegando a concentrar pacíficamente a miles de personas
protestando contra el empeño del gobierno local. Este último daba por hecho que,
al contar con mayoría absoluta en el consistorio y haber realizado los trámites
pertinentes (exposición pública y periodo de alegaciones), el proyecto, como
otros tantos, saldría adelante sin mayores problemas.
La prepotencia y soberbia del
gobierno municipal, que en ningún momento escuchó a las asociaciones de vecinos
ni a la plataforma creada al efecto, y que además, en sus manifestaciones
públicas, mostraba muy poca
predisposición al diálogo, calentó los ánimos de los manifestantes y acrecentó
el apoyo popular en todo el país, convocándose manifestaciones en las
principales ciudades. Finalmente, no han tenido más remedio que paralizar las
obras ante la presión ciudadana.
La solidaridad recibida por los
manifestantes del Gamonal está estrechamente relacionada con el hartazgo de los
ciudadanos con las políticas del PP a nivel nacional. Los trabajadores están
cansados de subidas de impuestos, recortes generalizados, desahucios, paro,
corrupción, injusticias sociales, etc. Y de que la respuesta contra todo ello
sea la represión antes que el diálogo.
El asunto de Burgos no es más que otra llamada
de atención al Gobierno Rajoy para que se dé cuenta de que sus políticas cada
vez están más lejos de los ciudadanos, y que éstos no están dispuestos a
soportar tantos retrocesos y pérdidas de derechos. Resulta evidente que tener
la mayoría absoluta en las instituciones no significa que se tenga una mayoría
social, ya que ésta hay que ganársela dando soluciones a los problemas reales
de las personas. Ya no sirve lo de meter la papeleta en la urna y no participar
hasta las siguientes elecciones, aunque eso es lo que desearían algunos
políticos.
Durante estos días, salvando las
distancias, no he podido sustraerme a relacionar el asunto referido en este
artículo con lo sucedido en Alhama durante el año 2009, cuando un proyecto
municipal pretendía convertir el emblemático Jardín de los Patos en un “espacio
diáfano” –léase solar intransitable- desoyendo las propuestas ciudadanas.
Afortunadamente, a raíz de la presión vecinal, se logró un proyecto de
consenso.
El poder emana del pueblo y
reside en el mismo, aunque los políticos parecen haberlo olvidado. Conviene que
se lo recordemos a menudo.
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