El Área de Educación de IU pide
la dimisión de Montserrat Gomendio, actual Secretaria de Estado de Educación,
ante su irresponsabilidad manifiesta al frente de un Ministerio de Educación
que debería defender y mejorar lo público, en vez de convertirlo en negocio
para la banca.
Las
declaraciones de Montserrat Gomendio planteando que la universidad debe “evolucionar”
de un sistema de becas hacia otro de préstamos, nos encamina a la creación de
una nueva burbuja hipotecaria a costa de los estudiantes universitarios. Detrás de esta propuesta lo que hay es una forma de
avanzar hacia la privatización y defender unos determinados intereses que ya no
son los públicos. Se está así creando una generación que serán “esclavos y esclavas de
sus deudas” hasta su jubilación. Cuando estalle esa burbuja, quienes perderán
no serán los banqueros que prestaron, sino los estudiantes que pidieron.
EEUU ya ha generado
esa burbuja con los créditos universitarios de estudiantes que se entramparon
para pagar la matrícula y que en medio de la crisis ni trabajan ni pueden
devolver los préstamos que les tiene endeudados con intereses exorbitantes. En
la actualidad, el 71 % de los estudiantes que obtienen un título de posgrado
cargan con una deuda media de 29.400 dólares al acabar sus estudios. Cuando
empiezan su carrera profesional deben empezar también a devolver esos créditos.
Así que muchos universitarios y universitarias se ven obligados a aceptar
cualquier empleo para poder devolver sus préstamos. En España, con el actual
índice de paro, sería una auténtica hipoteca de por vida, que condicionaría a
la pobreza y la miseria a las tituladas universitarias más aún de lo que están
actualmente.
Con ese
precedente, sustituir en España las ya exiguas e insuficientes becas por
préstamos no sólo es una barbaridad, sino que es una forma de entrampar e
hipotecar de por vida a quienes quieran acceder a estudios superiores. Por el
contrario, Izquierda Unida exige que las becas se aumenten, se generalicen las
becas salarios y desaparezca el aumento de los requisitos académicos para
obtenerlas (debe ser suficiente un rendimiento "normal", expresado en
el aprobado), pues su finalidad no es competir, sino facilitar el derecho a
estudiar.
La deuda se quiere
convertir así en un elemento central de la condición estudiantil en la
actualidad, basada en la conjunción de la troika recortes-tasas-deuda. Una
deuda que disciplina a los estudiantes de forma preventiva. No sólo les disuade
de especializarse en algo que reduzca su posible “empleabilidad” futura, sino
que les introduce en el “habitus capitalista” de considerar la enseñanza
superior, no como un derecho universal, sino como una inversión rentable de
cara a su propio futuro.
Izquierda
Unida defiende una Universidad gratuita financiada con una recaudación de
impuestos progresivos y la recuperación de la bolsa de fraude. Los servicios
públicos, como la educación superior, sólo son accesibles en igualdad de
condiciones si son universales y gratuitos. La inversión pública en el sistema
universitario español se sitúa a la cola de los países de la UE-15. El Estado
español sólo dedica el 1,1% del PIB a la educación universitaria, mientras que
países como Estados Unidos alcanzan el 3% de su PIB y la media de la UE-15
sobrepasa el 2%. En vez de esto, los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP han
ido aplicando políticas de financiación de la universidad por vía del
incremento de las tasas a los estudiantes que han podido acceder a este derecho
público.
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