Artículo de Damián Rubio publicado en Línea Local
La corrupción política se ha
convertido en un mal endémico en la sociedad española, hasta el extremo de
convertirse en la segunda preocupación de los ciudadanos después del paro. Son
innumerables los casos que aparecen en los medios, día sí y día también,
referidos a políticos de todas las administraciones: local, regional y
nacional.
Se trata de un problema ético de
enorme calado que socava las raíces mismas de la democracia. Los ciudadanos
constatamos, indefensos, como nuestros representantes acceden al cargo para el
que los elegimos e inmediatamente se olvidan de nosotros para satisfacer sus
intereses particulares y los de sus allegados.
Entre los asuntos más destacados
podemos citar los de Noos (Urdangarín), Ere`s (Andalucía), Gürtell, Fabra y
Bárcenas. Lo más reciente es el caso de las tarjetas opacas utilizadas por los
consejeros y directivos de Caja Madrid, que han estado gastando dinero a
espuertas mientras que rescatábamos la entidad con el erario público.
A nivel regional no nos quedamos
cortos en la imputación de consejeros, alcaldes y concejales. En la mayor parte
de estos casos la corrupción ha estado vinculada a los desarrollos
urbanísticos, tales como: la Zerrichera, Nueva Condomina, Novo Carthago, o los
casos Biblioteca y Totem en las vecinas localidades de Librilla y Totana,
respectivamente.
Los ciudadanos estamos hartos de
este tipo de políticos y necesitamos, de una vez por todas, que se produzca una
regeneración profunda. El primer paso debe ser la reprobación social de estas
actuaciones, por encima de las siglas de instituciones o partidos. No es de
recibo que un representante público corrupto permanezca en el cargo hasta
agotar la legislatura, y que además se le permita presentarse a la reelección.
Con demasiada frecuencia
asistimos al esperpento representado por los partidos políticos cuando exigen
la dimisión del imputado si se trata de un adversario, en tanto que, cuando el
caso surge en sus propias filas, “ponen la mano en el fuego” por su
correligionario hasta que la justicia demuestre lo contrario.
Creo que, tal como está
configurado nuestro sistema político, los cargos públicos representan a los
ciudadanos a la vez que a un partido. Por tanto, ante un caso contrastado de
corrupción, el grupo político al que pertenecen debe dar ejemplo suspendiendo
de militancia y exigiendo su dimisión a las personas implicadas, mientras que
la justicia determina las responsabilidades penales a que hubiera lugar.
Estamos hartos de ver como los
grandes corruptos, al final, ante la lentitud de la justicia o el más mínimo
resquicio legal, “se van de rositas” con los argumentos más peregrinos. Sin
embargo, los ciudadanos de a pie, por muchísimo menos, tienen que hacer frente
a sanciones económicas y privaciones de libertad.
Los ciudadanos tenemos la
posibilidad de negar nuestro voto a los partidos que amparan la corrupción.
Nadie está libre de tener en sus filas algún “garbanzo negro”, pero si se
detecta hay que “hacer limpieza”. Lo que no es de recibo es negar lo evidente,
o pretender mantener en los cargos públicos a quienes han demostrado suficientemente
que son unos “chorizos”.
Damián Rubio es Coordinador Local de IU-Verdes Alhama
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