EL GRUPO MUNICIPAL DE IU-VERDES EN EL AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA, PRESENTA, PARA EL PLENO ORDINARIO DEL MES DE MARZO, PARA SU DEBATE Y
APROBACIÓN LA SIGUIENTE MOCIÓN
MOCION:
Sobre el voto rogado
La grave crisis económica y financiera en
España provocada por el desinfle del boom inmobiliario y las malas prácticas
financieras del sistema bancario, ha dejado más de cinco millones de
desempleadas y desempleados, a millones más de personas en un acelerado y
complejo proceso de precarización y exclusión. El amplio abanico de recortes
promovidos tanto por José Luis Rodríguez Zapatero y el PSOE, como también por
Mariano Rajoy y el PP en diferentes sectores: sanidad, educación, ayudas a las
políticas activas de empleo, la dependencia y lo referido a la investigación,
hechos que vuelven más dura la realidad social en nuestro país. Todos estos
recortes, cabe señalar, que se han producido en el marco de la reforma del
artículos 135 de la Constitución impulsada por el PP y el PSOE y, en cumplimiento
de los dictados de las políticas austericidas promovidas por el Banco Central
Europeo, la Comisión Europea, el Eurogrupo y el Fondo Monetario Internacional.
Como resultado de aplicar este tipo de políticas España ha vuelto a ser
un país de emigrantes, hecho objetivo que el PP se empeña en esconder poniendo
el eufemismo de “movilidad exterior” a quienes son expulsados del país por
culpa de esas políticas. En la
actualidad hay más de 2 millones de españoles y españolas que se encuentran
fuera y se ubican especialmente en los siguientes países: Argentina, Francia,
Venezuela, Ecuador, Bolivia, Colombia y Alemania. El total de la población
española que se encuentra fuera del país equivale a tres veces el total de la
población de ciudades como Sevilla y Valencia, y desde el punto de vista
demográfico constituiría la tercera ciudad más importante del país, hecho nada
desdeñable. De igual modo, desde el punto de vista financiero la migración con
sus remesas mueve un total de 1591 millones de euros, que además está
contribuyendo a paliar la situación de sus familiares y a mejorar los datos
macroeconómicos y microeconómicos del país. Así, en el año 2013 el Banco
Central de España reportó el ingreso de 1591 millones de euros por concepto de
remesas de los españoles y españolas migradas, superando por primera vez el
flujo de remesas que sale de la población migrante residente en España hacia
sus países, cifra que está en 1563 millones de euros.
A
pesar de la importancia que tiene la diáspora española en la economía nacional,
a esta se la intenta invisibilizar y en muchos casos restringir a través de
múltiples mecanismos el ejercicio de su ciudadanía política. Este hecho es
notorio, para que un migrado español pueda ejercer el derecho al voto
consagrado en la constitución nacional hoy debe rogarlo, pedirlo, pues así lo
ha determinado la reforma electoral impulsada por el PSOE en 2011, iniciativa
que fue apoyada por el PP, PNV y CIU. Esta reforma aunque sus impulsores la
presentaron como un intento por evitar que los y las muertas que se encontraban
en el exterior votaran y de paso corregir otra serie de irregularidades
existente en el censo, léase evitar inscripciones masivas de última hora, lo
cierto es que esto no es más que unas pobres y fáciles argumentaciones
esgrimidas por el gobierno y sus apoyos con el objeto de burocratizar y
obstaculizar el libre y sagrado ejercicio del voto a quien se encuentra fuera
del país.
Las
dificultades para rogar el voto se han vuelto constantes, elecciones tras
elecciones desde la reforma electoral del 2011 (Ley Orgánica 2/2011 del 28 de
enero por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio). De este
modo, el primer escollo que tenía -o tiene- que superar una persona migrada
-expulsada- para poder votar es inscribirse en el consulado1
respectivo del lugar de residencia y además hacer público y manifiesto el deseo
de votar. Esto debe hacerse siempre que haya elecciones y se tenga la intención
de ejercer el voto. El voto se solicita a la Delegación Provincial de la
Oficina del Censo Electoral y una vez constatado el querer votar, ésta
Delegación enviará a la dirección del elector las papeletas y el sobre o sobres
de votación. Ya notificado y si desea votar en urna, la persona migrada debe ir
a la Oficina o Sección Consular en que está inscrita y votar en ese lugar u en
otro autorizado.
Así,
muchas personas residentes en el extranjero se quejan acerca de que no les
llegó nunca las papeletas de rigor, razón por la cual no pudieron presentarse a
votar en el consulado respectivo de la ciudad en donde residen. En otros casos
no pocos votantes para poder hacerlo debían recorrer cientos de kilómetros ya
que en su lugar de residencia no existe consulado. Otros migrantes, en cambio,
se han quejado de colas de hasta cuatro y cinco horas en algunos consulados
para poder votar, lo que constituye una inequívoca e inadmisible falla del
actual sistema electoral.
Todo
esto en su conjunto provocó que en las pasadas elecciones del 20D del 2015 sólo
pudieran votar algo más de 115 mil personas de un total de 1.875.272 inscritos
e incritas, lo que representa sólo el 6% del total de la masa votante. Esto se
podría calificar como una “abstención planificada” y un atentado al ejercicio
del derecho fundamental del sufragio universal contemplado en los artículos 23
y 68.5 de la Constitución Política española. Estos artículos rezan así:
“Los ciudadanos
[as] tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes,
libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”.
“Son
electores y elegibles todos los españoles [y españolas] que estén en pleno uso de sus derechos políticos. La Ley
reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los
españoles [as] que se encuentren fuera del territorio de España”
Visto
lo anterior, estas trabas que limitan el derecho al ejercicio de la ciudadanía
política expresado en el impedimento a ejercer el derecho al voto ha
ocasionado, sin duda, que la abstención del voto migrante haya aumentado. Se ha
pasado de una media de votantes del 35% al 6%. Todo ello pone de manifiesto una
cuestión clara y categórica: el Estado español no sólo niega la ciudadanía
económica a miles de emigrados/as, sino que también les niega o condiciona el
derecho a ejercer la ciudadanía política. Y no sólo esto, sino que el cerrado
sistema electoral impide que la migración con sus más de 2 millones de personas
por fuera del país no tenga una circunscripción electoral especial que le
permita tener una mínima representación en las cortes.
Todas
estas irregularidades han sido denuncias por diferentes partidos políticos de
la oposición y también por cientos de migrantes aglutinados en la singular e
imaginativa plataforma Marea Granate. Así, esta iniciativa ha denunciado a
través de ingeniosas campañas cómo la consolidada democracia española les niega
una parte fundamental de su ciudadanía política como es el derecho a votar.
También la plataforma jurídica “Dos
millones de votos” ha denunciado esta impune prevaricación del actual
régimen político y electoral en nuestro país, realidad que ha sido denunciada
ante la Defensora del Pueblo. En esta misma línea de denuncia habría que
señalar a la Red Equo Joven, la cual hizo circular importantes lemas tales
como: “no te quedes sin voz y “voto subrogado, voto cabreado”. Dicho esto, es
claro que en España requerimos una nueva ley electoral que sea capaz de
garantizar de manera expedita, justa y garantista la participación de la
población migrante de modo activo y pasivo en los distintos procesos
electorales que se escenifiquen en el sistema político español.
Desde
las instituciones más cercanas a la ciudadanía, desde los ayuntamientos no podemos
dejar pasar esta realidad e IU-Verdes como formación municipalista entiende que
tenemos la obligación de recoger estas demandas y hacerlas llegar a las
instancias correspondientes.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo
Municipal de IU-Verdes propone al Pleno del Ayuntamiento de Alhama de Murcia
que adopte los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO-. Instar al
Gobierno de España y a los partidos con representación parlamentaria a derogar el procedimiento del voto rogado
consagrado en la reforma electoral de 2011 porque limita o niega de facto el
ejercicio de la ciudadanía política a los españoles y las españolas en el
extranjero, y en consecuencia dar paso hacia creación de una ley electoral que
facilite, promueva, estimule y garantice la igualdad de oportunidades a la
población migrante en tiempo y forma a la hora de ejercitar el derecho al voto
de conformidad como lo haría seguramente con los residentes en el territorio
nacional.
SEGUNDO.- Instar al
Gobierno y a los partidos con representación parlamentaria para que en la nueva ley electoral que se promueva y
apruebe, se contemple la creación de una circunscripción especial electoral
para la población emigrada con el objeto de garantizar su representación y
participación en las cortes. Esta representación debe tener en cuenta el peso
demográfico de la migración y en consecuencia debe contemplarse el principio de
la proporcionalidad.
TERCERO.- Instar al
Gobierno de la nación para que promueva acciones orientas a establecer un nuevo censo de la población migrada e
introducir el voto electrónico como medida ágil y garantista a la hora de
ejercer el derecho al sufragio universal.
Alhama de Murcia a 15 de
marzo 2017
Grupo Municipal de IU-Verdes
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