Se ha producido la imputación formal y de
forma fehaciente, del Presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio
Sánchez. Dicha formalidad de ha concretado en un auto del magistrado del TSJ de
la Región de Murcia, que le cita en calidad de investigado, nuevo concepto
jurídico que sustituye, tan solo en la terminología, al de imputado
anteriormente recogida en el código penal, por cuatro delitos derivados del
llamado caso Auditorio: prevaricación administrativa continuada, fraude,
malversación de caudales públicos y falsedad documental.
La ley 7/2016 de 18 de mayo que reforma la
ley 12/2014 de 16 de diciembre de Transparencia y Participación Ciudadana de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, expresa en su artículo 54 lo
siguiente: “1. En el momento en que un cargo público electo o sujeto a
nombramiento de libre designación conozca, de forma fehaciente, que un juzgado
o tribunal competente ha adoptado un auto estableciendo su situación procesal
de imputado o figura legal equivalente por la presunta comisión de los delitos
contemplados en los artículos 404
a 444 o 472
a 509 del Código Penal actualmente vigente, entenderá
que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe
trasladar a la ciudadanía sobre la vigencia de los principios éticos y con la
obligación de preservar el prestigio de las instituciones”. Dicha ley fue
aprobada por unanimidad de la composición de la Asamblea Regional, es decir con
el apoyo del propio gobierno y presidente regional.
Por otra parte, el propio presidente en
junio de 2015, antes de ser investido presidente de la CA, afirmó públicamente
ante la prensa que “tenía un "compromiso personal y político por una nueva
etapa de regeneración, limpieza y de ejemplaridad", en referencia al pacto
que pretendía con Ciudadanos para que este partido apoyara su investidura,
añadiendo además que “"Si al final la Justicia dictaminara una imputación
por el 'caso Auditorio', yo dimitiría. Porque cumplo lo que firmo y cumplo mi
palabra, y no esperaría que nadie me lo pidiera".
Finalmente el pacto con Ciudadanos se
produjo expresando en su punto 1 que se asumía el compromiso de “Separar de
inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción
política hasta la resolución completa del procedimiento judicial.
La
única salida democrática de la crisis política que ha generado la decisión del
TSJ, afirman desde IU-V, es la disolución del Parlamento y la convocatoria de
nuevas elecciones.
Exigir
a PAS que dimita, cuestión deseable, es poco menos que predicar en el desierto,
a tenor de su enroque, a pesar de ello es exigible a Ciudadanos (CD,s) que haga
cumplir el pacto de investidura que hizo a PAS Presidente de la CARM. Ese
pacto, no es sólo “cosa de dos”. Se trata de un acuerdo político de gran
alcance que vincula y compromete a dos actores (las dos formaciones políticas
que lo firmaron) con el conjunto de la ciudadanía de la Región de Murcia frente
al que se firmó. Así pues no cabe otra cosa que exigir el cumplimiento de sus
cláusulas éticas fundamentales.
Aunque
en rigor, nuestro sistema no es presidencialista, lo cierto es que de facto
funciona como si lo fuese, y en tal sentido, no sería democrático contemplar la
mera sustitución como Presidente de la CARM de Pedro Antonio Sánchez por otro
candidato de ocasión del PP. Si por este “cambio de cromos” terminasen optando
los agentes políticos implicados -y aquí incluimos a todos los partidos con
representación en la Asamblea Regional- la Región de Murcia seguiría siendo una
anomalía democrática dentro del conjunto de las autonomías españolas.
A
ese respecto la salida a la crisis no puede ni debe pasar por “desinvestir a Pedro
Antonio Sánchez para investir a otro santo del PP”, sino en dar voz al conjunto
de los ciudadanos de la Región de Murcia para que ésta se pronuncien en las
urnas, y lo haga -al fin- con una nueva Ley Electoral democrática y respetuosa
con los principios de proporcionalidad e igualdad de voto de todos los
ciudadanos, tras once legislaturas contaminadas democráticamente por la
anterior Ley electoral.
Fue
para resolver crisis políticas, como la que ahora se presenta en el panorama
político de la Región de Murcia, y no para otras cosas, por lo que en su día se
modificó el Estatuto de Autonomía de la CARM posibilitando la disolución
anticipada de la Asamblea y la convocatoria de elecciones antes del término
natural de la legislatura.
Para
ello es preciso, que CD,s cumpla con sus compromisos plasmados negro sobre
blanco en el acuerdo de investidura, y que el resto de formaciones políticas
con representación se pongan de acuerdo en investir a un nuevo Presidente de la
CARM que tendría como único mandato la disolución del Parlamento y la
convocatoria de nuevas elecciones.
Por todo lo anteriormente expuesto, el
Grupo Municipal de IU-Verdes propone al Pleno del Ayuntamiento de Alhama de
Murcia que adopte los siguientes
ACUERDOS:
- Exigir la dimisión del Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en cumplimiento tanto de la Ley de Transparencia de la Región de Murcia, (art. 54), como en virtud de los diversos compromisos adquiridos, personales y políticos.
- Exigir la convocatoria de nuevas elecciones regionales como una salida democrática a la crisis política suscitada por la imputación del presidente murciano.
Alhama de Murcia a 28 de febrero de 2017
Grupo Municipal de IU-Verdes
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