Artículo de Damián Rubio publicado en Infolínea
El pasado viernes, 12 de diciembre, el PP aprobó en solitario su Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que ya se le conoce popularmente como Ley Mordaza porque supone un ataque frontal a los derechos ciudadanos en lo referente a su libertad de expresión y manifestación. Todos los Grupos de la Oposición manifestaron su rechazo y la predisposición de derogarla cuando sea posible. Ni siquiera ha sido aceptada por el Sindicato Unificado de Policía, que ha expresado su contrariedad por considerar que no facilita el trabajo de los agentes.
El pasado viernes, 12 de diciembre, el PP aprobó en solitario su Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que ya se le conoce popularmente como Ley Mordaza porque supone un ataque frontal a los derechos ciudadanos en lo referente a su libertad de expresión y manifestación. Todos los Grupos de la Oposición manifestaron su rechazo y la predisposición de derogarla cuando sea posible. Ni siquiera ha sido aceptada por el Sindicato Unificado de Policía, que ha expresado su contrariedad por considerar que no facilita el trabajo de los agentes.
Como ya nos tiene habituados el
Gobierno Rajoy, esta Ley sale a la calle sin el más mínimo consenso en el
Congreso, y rechazando las enmiendas que pretendían suavizarla. Sólo se han
admitido en la Comisión de Interior -con mayoría del PP- aquellas que
endurecían el texto inicial, como la legalización de las devoluciones en
caliente de los inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla.
Por las informaciones que he
podido recabar, se trata de una ley que nos hace volver a los mejores tiempos
de la dictadura franquista, puesto que se asemeja mucho a la Ley de Orden
Público impuesta por el Régimen en 1959.
Los medios de comunicación
destacan como la más grave de las faltas manifestarse o reunirse sin el permiso
de la Administración correspondiente. Los “valientes” que se atrevan a hacer
uso de su libertad pueden ser multados con cantidades que oscilan entre 30.000
y 600.000 euros, considerándose responsables a los promotores y organizadores
de las protestas.
Entre las faltas graves destacan:
tratar de impedir un desahucio, no identificarse ante la autoridad, desobedecer
o resistirse a sus exigencias, hacer fotos o vídeos de los agentes de la
policía ejerciendo su labor, o el uso indebido de insignias y uniformes
oficiales de los cuerpos de seguridad. Los “intrépidos” que osen infringir
estas normas serán sancionados con el pago de cantidades que oscilarán entre
600 y 30.000 euros.
Se consideran faltas leves
insultar a un policía, ocupar viviendas, perder el DNI tres veces a lo largo
del año, mover vallas y encintados de la policía, o consumir bebidas
alcohólicas en lugares públicos. Los “atrevidos” ciudadanos que cometan estas
faltas tendrán que abonar una módica cantidad que oscilará entre los 100 y los
600 euros.
Con esta Ley, el ciudadano pierde
derechos porque lo que antes se consideraban faltas, sometidas al dictamen de
un juez, ahora se convierten en sanciones administrativas. Esto obliga al
sancionado a pagar lo que determine el agente policial antes que nada. Después
tiene derecho a recurrir por la vía administrativa y, agotada ésta, acudir a
los tribunales, previo pago de las correspondientes tasas judiciales
establecidas por el Ejecutivo actual. Además tiene que hacer frente a los
honorarios de los profesionales que le atiendan.
La experiencia me dice que el
proceso administrativo rara vez da la razón al recurrente, puesto que quien
resuelve es el mismo que te sanciona. Por tanto, después de muchos papeleos, el
ciudadano se ve abocado a un proceso judicial al que sólo pueden acceder
quienes tienen “bien repleta la billetera”.
A pesar de todo, a los
trabajadores solo nos cabe repetir la famosa frase de Marcelino Camacho:”Ni nos
domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar”.
Damián Rubio es Coordinador Local de IU-Verdes Alhama
Damián Rubio es Coordinador Local de IU-Verdes Alhama
