VALIENTES, INTRÉPIDOS Y ATREVIDOS

Artículo de Damián Rubio publicado en Infolínea


El pasado viernes, 12 de diciembre, el PP aprobó en solitario su Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que ya se le conoce popularmente como Ley Mordaza porque supone un ataque frontal a los derechos ciudadanos en lo referente a su libertad de expresión y manifestación. Todos los Grupos de la Oposición manifestaron su rechazo y la predisposición de derogarla cuando sea posible. Ni siquiera ha sido aceptada por el Sindicato Unificado de Policía, que ha expresado su contrariedad por considerar que no facilita el trabajo de los agentes.

Como ya nos tiene habituados el Gobierno Rajoy, esta Ley sale a la calle sin el más mínimo consenso en el Congreso, y rechazando las enmiendas que pretendían suavizarla. Sólo se han admitido en la Comisión de Interior -con mayoría del PP- aquellas que endurecían el texto inicial, como la legalización de las devoluciones en caliente de los inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla.

Por las informaciones que he podido recabar, se trata de una ley que nos hace volver a los mejores tiempos de la dictadura franquista, puesto que se asemeja mucho a la Ley de Orden Público impuesta por el Régimen en 1959.

Los medios de comunicación destacan como la más grave de las faltas manifestarse o reunirse sin el permiso de la Administración correspondiente. Los “valientes” que se atrevan a hacer uso de su libertad pueden ser multados con cantidades que oscilan entre 30.000 y 600.000 euros, considerándose responsables a los promotores y organizadores de las protestas.

Entre las faltas graves destacan: tratar de impedir un desahucio, no identificarse ante la autoridad, desobedecer o resistirse a sus exigencias, hacer fotos o vídeos de los agentes de la policía ejerciendo su labor, o el uso indebido de insignias y uniformes oficiales de los cuerpos de seguridad. Los “intrépidos” que osen infringir estas normas serán sancionados con el pago de cantidades que oscilarán entre 600 y 30.000 euros.

Se consideran faltas leves insultar a un policía, ocupar viviendas, perder el DNI tres veces a lo largo del año, mover vallas y encintados de la policía, o consumir bebidas alcohólicas en lugares públicos. Los “atrevidos” ciudadanos que cometan estas faltas tendrán que abonar una módica cantidad que oscilará entre los 100 y los 600 euros.

Con esta Ley, el ciudadano pierde derechos porque lo que antes se consideraban faltas, sometidas al dictamen de un juez, ahora se convierten en sanciones administrativas. Esto obliga al sancionado a pagar lo que determine el agente policial antes que nada. Después tiene derecho a recurrir por la vía administrativa y, agotada ésta, acudir a los tribunales, previo pago de las correspondientes tasas judiciales establecidas por el Ejecutivo actual. Además tiene que hacer frente a los honorarios de los profesionales que le atiendan.

La experiencia me dice que el proceso administrativo rara vez da la razón al recurrente, puesto que quien resuelve es el mismo que te sanciona. Por tanto, después de muchos papeleos, el ciudadano se ve abocado a un proceso judicial al que sólo pueden acceder quienes tienen “bien repleta la billetera”.

A pesar de todo, a los trabajadores solo nos cabe repetir la famosa frase de Marcelino Camacho:”Ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar”.

Damián Rubio es Coordinador Local de IU-Verdes Alhama